Cuando la petrolera yanqui fue expulsada del país

Cuando la petrolera yanqui fue expulsada del país

Por Manuel Martínez. A propósito del debate sobre la estatización parcial de YPF, esta nota rememora la recuperación del petróleo peruano ocurrida en 1968.

En la compleja historia del Perú, país de “hondos y mortales desencuentros”, el 9 de octubre de 1968 marcó un hito memorable. Seis días antes, las fuerzas armadas habían dado un golpe de Estado que en el contexto convulsivo de los años 60 parecía uno más entre tantos que asolaban a Nuestra América. No fue sin embargo un golpe sangriento, tampoco una improvisación o un simple cuartelazo. Sólo enfrentó una mínima resistencia e inmediatamente logró gran apoyo popular cuando aquel 9 de octubre las tropas ocuparon el complejo industrial de Talara y los campos petrolíferos de La Breay Pariñas, en la costa norte del país, que durante casi medio siglo habían sido explotados por la International Petroleum Company (IPC), subsidiara de la famosa Standard Oil, empresa fundada por los Rockefeller.

Meses antes, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry –del partido Acción Popular, desarrollista– había firmado la ignominiosa Acta de Talara. En ella, si bien la IPC reconocía el derecho del Estado peruano a poseer los campos de La Breay Pariñas, se acordó que esa empresa yanqui seguiría manejando el negocio petrolero: refinería, depósitos y comercialización. Belaúnde Terry, que había prometido a su manera la recuperación del petróleo respondiendo al reclamo popular, no había hecho más que acordar una figura de compromiso, aceptando la continuidad de la empresa estadounidense y condonando sus deudas con el Estado. Hubo un incidente anecdótico, aunque nada casual: desapareció la famosa página 11 del Acta de Talara, en la cual, supuestamente, se fijaban los valores que beneficiaban a la IPC. El escándalo recorrió los medios de comunicación y dio letra a los discursos políticos, quedando muy claro el perfil entreguista de Belaúnde Terry. Las fuerzas armadas utilizaron este hecho para concretar el golpe que dio inicio a la autodenominada “revolución peruana”.

La expropiación de todos los bienes que la IPC usurpaba hasta ese momento fue un hecho revolucionario. No estuvo presente en aquel momento la discusión sobre si reinvertían sus ganancias o parte de ellas; lo que estuvo en el centro fue la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, es decir la soberanía, además de la cuantiosa deuda que esa empresa burló por décadas al Estado. La decisión fue contundente: ustedes lucran con una riqueza natural que pertenece al Perú y el Estado –“por derecho imprescriptible”– debe “reivindicar el bien que es de su propiedad”. Y así fue, efectivamente. Se configuró entonces un nuevo escenario: si bien el gobierno de las fuerzas armadas declaró que mediante un peritaje se haría una valorización de los bienes expropiados a la IPC, con lo cual se establecería su “justo precio” y se procedería a una “compensación”, por otro lado el reclamo de la deuda real que tenía esa empresa con el Estado –desde 1924 hasta 1968– superaba con creces tal valorización, con el agregado que ese reclamo no incluía todos los beneficios y utilidades que había obtenido durante 44 años. Dicho de otra manera: váyanse, ustedes nos deben y nosotros no les debemos nada. Los reclamos del gobierno de Estados Unidos, así como las amenazas de imponer sus famosas “enmiendas”, no prosperaron. En un contexto diferente al actual, cuando no se hablaba de neoliberalismo ni de “economía globalizada”, la confrontación tenía otro carácter; era, por así decirlo, más abierta y también más riesgosa. Tal expropiación ocurrió casi diez años después de la revolución cubana y en paralelo al giro hacia la izquierda que se vivía en Chile, dos puntos de referencia fundamentales de la década de los 60.

A diferencia de otros, el golpe de 1968 no respondió a las ambiciones de un caudillo militar. Las fuerzas armadas peruanas, haciendo su propia lectura de la lucha de clases existente en el país, de las ocupaciones de tierras por parte del campesinado y también de la escena continental, habían elaborado un plan global nacionalista. Ocuparon así, por lo menos entre 1968 y 1975, el lugar de un “movimiento nacional” inexistente, erigiéndose como muro de contención de la radicalización social. Estatizaron casi todos los resortes fundamentales de la economía: el petróleo, la minería, la siderurgia y la pesca; impusieron una reforma agraria desde arriba, borrando del mapa a la oligarquía terrateniente; reivindicaron al indio, colocaron al quechua como idioma oficial junto al castellano, etc. Todo esto, por cierto, excede los límites de esta nota y exige seguramente un análisis crítico de ese proceso. Sólo diremos de paso que el nacionalismo de los militares peruanos de aquel entonces, que habían colocado en la presidencia al general Juan Velasco Alvarado, apuntaba al desarrollo de una economía nacional independiente. Sus medidas radicales, que despertaron la ira del imperialismo, no se asentaban sin embargo en la movilización social sino más bien en el control burocrático y represivo de ésta. Tal fue, seguramente, el mayor límite para que se consolidara el proceso de transformaciones socio-económicas que habían emprendido.