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Una reflexión urgente sobre los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad

Por Luciana Mignoli, Laura Guarinoni, María Florencia Alcaraz, Sandra Míguez y Laura Salomé Canteros

Mientras miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans, e integrantes de los distintos colectivos de género nos movilizamos en reclamo de políticas públicas que den respuestas concretas a los problemas que venimos denunciando, las muertes se suceden, agravadas por la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, que quedan huérfanas no solo de madre, sino de la protección del Estado, al igual que otras personas del entorno familiar que asumen el cuidado y la responsabilidad de resguardar esa vidas, sin la asistencia pública de políticas de género, como la Ley Brisa entre otros recursos que debieran estar disponibles en forma inmediata. Esa celeridad que se le reclama al Estado, también es la que se exige cuando se pide que de manera inmediata se aparte a hombres violentos cuando son integrantes de alguno de los poderes, entre ellos a miembros de las fuerzas de seguridad.

A fines de 2016, Miriam Romina Ibarra y Lidia Milessi fueron asesinadas en la ciudad de Paraná, por Orlando Aníbal Ojeda, un prefecto de 46 años sobre el cual se había asentado denuncias por violencia y se le había impuesto una orden de restricción perimetral. Ojeda, de 46 años, ex pareja de Miriam y Lidia, terminó con la vida de ambas mujeres con su arma reglamentaria calibre 9 mm de la Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná, para lo cual atravesó toda la ciudad para dirigirse al domicilio de cada una de las mujeres. Lidia Milessi tenía 45 años, era profesora de inglés y madre de tres hijos, de quien Ojeda era el progenitor, falleció cuando era trasladada al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Miriam Romina Ibarra tenía 35 años, y era suboficial de la Policía de Entre Ríos. Madre de dos hijos, también era una de las ex parejas del prefecto. Fue asesinada de un tiro delante de uno de sus dos hijos y falleció en el acto. Tras asesinarla, Ojeda también le disparó por la espalda a un vecino de la víctima, Guillermo Suárez, de 27 años, que tuvo que ser internado de urgencia. Aun cuando Ojeda había sido denunciado por violencia de género, la Prefectura Naval no le había retirado el arma reglamentaria con que asesinó a ambas mujeres.

Según un informe de Chequeado.com, al menos 6% de los femicidios fueron cometidos por efectivos de seguridad y defensa. El sitio da cuenta del caso del policía bonaerense Danilo Acevedo, acusado de haber matado a su ex pareja, Laura Gutiérrez, para señalar que no se tratan de situaciones excepcionales. Y añade que de acuerdo a los datos estadísticos de la Corte Suprema en 2018 hubo 278 femicidios ese año, por los cuales hay 276 acusados, y al menos 18 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad o de defensa, es decir un 6,5%. No obstante, podría tratarse de un subregistro, y la cantidad de casos que involucran a representantes de las fuerzas de seguridad y defensa, pueden ser más, ya que en muchas ocasiones no se registra la ocupación que tienen los victimarios, lo que implicaría que el porcentaje de femicidas vinculados a una fuerza de seguridad es seguramente superior.

Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), indicó a este medio, que una parte importante de los femicidios de este registro son cometidos con armas de fuego, y en este sentido los datos que brinda la Corte de Justicia, indica que de los 61 femicidios realizados con armas de fuego, en 11 casos estas eran reglamentarias, es decir de las fuerzas de seguridad. Esto indica entonces que un 18% de los casos de femicidios fueron cometidos con armas de fuego (el arma más utilizada es el arma blanca, en el 28% de los casos, seguidos por la fuerza física, el 27% de las veces y luego las armas de fuego, que representan el 23% de los casos). También existe un registro llevado adelante por la CORREPI, que indica que desde el advenimiento de la democracia, ha habido 349 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans a manos de las fuerzas estatales. El archivo de casos de la organización antirepresiva registra 312 casos de muertes “intrafuerza o intrafamilia”, entre ellos, el 95 por ciento se tratan de femicidios.

La situación ha motivado que la senadora Sigrid Kunath impulsara el proyecto de “desarme de agentes violentos”, que fue aprobada por unanimidad y cuenta con media sanción en esa Cámara. La norma dispone que los jueces deberán ordenar el retiro del arma reglamentaria cuando se trate de causas de violencia de género en los que estén denunciados efectivos de las fuerzas de seguridad federales, además de suspender el permiso de tenencia durante el proceso. Resta ahora que la Cámara de Diputados dé sanción definitiva a dicho proyecto para que sea Ley.

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