Por la muerte de Diego Borjas a la Corte Suprema

Por la muerte de Diego Borjas a la Corte Suprema

Por Laura Salomé Canteros. La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitará la intervención de la Corte Suprema de Justicia tras el conocimiento de la muerte de Diego Borjas, adolescente privado de su libertad en el Instituto Luis Agote. Además el organismo será querellante en la causa en la que deberán establecerse las responsabilidades de una muerte más en contextos de encierro en nuestro país. 

 

En conferencia de prensa realizada el pasado jueves, el titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Francisco Mugnolo, solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que ordene a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), cese con sus maniobras de obstaculización y habilite las tareas de control que la PPN debe realizar sobre centros de detención de menores de edad en cumplimiento de las obligaciones que surgen del Protocolo de la Convención contra la Tortura y las leyes locales que lo reglamentan.

Mugnolo anunció además que la PPN se presentará como querellante en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Borjas, adolescente que falleciera el pasado 2 de diciembre luego de prenderse fuego en una celda de aislamiento en el instituto Cerrado Luis Agote ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La PPN recurrirá asimismo a organismos internacionales para denunciar los obstáculos en la implementación de un mecanismo de prevención de la tortura que proteja a niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.

La situación de las personas privadas de su libertad, otra deuda de la democracia

Durante la conferencia de prensa el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, estuvo acompañado por el Director General de Protección de Derechos Humanos, Ariel Cejas Meliare; el Subdirector de Legal y Contencioso, Rodrigo Borda; las integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eva Asprella y de Amnistía Internacional Argentina (AI), Leah Tandeter y la Directora de la Fundación Sur, Laura Musa.

En la misma acordaron en destacar que la muerte de Diego Borjas no es un caso aislado sino que forma parte de una situación de violación sistemática que el Estado argentino ejerce sobre las personas privadas de su libertad y en especial sobre las y los menores de edad, y que para cesar con la impunidad y las arbitrariedades –como por ejemplo utilizar el aislamiento como medida de sanción disciplinaria-, se debe permitir a los organismos de control y a las organizaciones de la sociedad civil el ingreso no solo a los institutos de menores y cárceles sino también a los neuropsiquiátricos.

“Estamos decididos a romper con este círculo vicioso que se ha transformado en una instancia sumamente cerrada, reductible y protegida por las autoridades de turno que hace imposible que podamos ejercer nuestros derechos constitucionales” indicó Francisco Mugnolo. “Estos hechos deben prevenirse en vez de lamentarse, y no existe medida más efectiva para prevenir torturas y malos tratos que garantizar que organismos independientes -como la PPN- controlen periódicamente y sin restricciones las condiciones de detención en esos lugares” señaló.

“Este hecho para nada es excepcional y de ninguna manera es casual” sostuvo durante la conferencia Rodrigo Borda, subdirector de legal y contencioso de la PPN. “El sistema penal juvenil es un sistema que se caracteriza por su extrema oscuridad, no solo no se permite controlar las condiciones de detención sino que ni siquiera sabemos cuántas personas están detenidas a disposición de la SENNAF” denunció. “Esta idea de que los chicos no están presos es un eufemismo para ocultar la verdadera naturaleza de estos lugares, como si los golpes a las chicos no fueran torturas sino formas de corregirlos dentro de un paternalismo bondadoso que encierra un autoritarismo de los más crudo”, cerró Borda.

“Este chico muere porque nadie lo estaba viendo” argumentó Eva Asprella, abogada e integrante del equipo de trabajo del CELS sobre personas privadas de su libertad. “Posteriormente (a la muerte de Diego Borjas), funcionarios del gobierno porteño clausuraron la celda de aislamiento con solo verla ya que consideraron que allí no podría haber nadie detenido”. Asprella anticipó que este organismo acompañará a la familia del adolescente muerto y exigió que “estas prácticas no pasen más en la Argentina, ni en niños, ni en niñas ni en adultos” a la vez que pidió se implemente el “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la legislación nacional para que se ponga en práctica”.

“Argentina es el país de América Latina más condenado por violaciones a los Derechos de la Infancia, cuatro condenas en los últimos diez años” informó Laura Musa, directora de la Fundación Sur, que se dedica a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. “La infancia en Argentina vive en un estado de emergencia (…) y el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner es el responsable porque tiene a cargo la administración y el monitoreo de estos lugares” denunció Musa.

La responsabilidad del poder judicial y la importancia de los organismos de monitoreo

“El poder judicial también es cómplice” denunció Ariel Cejas Meliare, Director General de Protección de Derechos Humanos de la PPN, quien también se refirió a la resolución de fines de noviembre de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, que revocó un fallo que le ordenaba a la SENNAF dejar ingresar a la PPN en los institutos de menores dependientes de la misma.

“Si los organismos de control hubieran podido ingresar seguramente no iba a haber ningún chico aislado” opinó Cejas Meliare sobre la muerte de Diego Borjas en el Agote los primeros días de diciembre. “Más de 30 años de democracia y seguimos con un régimen de la época de la dictadura. Lo más grave es que Diego murió quemado, en un lugar prohibido, -las celdas están prohibidas por la Convención de los Derechos del Niño-, sin ningún tipo de monitoreo y sin ninguna persona que estuviera cerca” sostuvo. “Ya de por si haberlo aislado es gravísimo” y lamentó que “si hubiese habido alguien ahí lo hubiesen rescatado con vida”.

Por su parte, el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo también se refirió al fallo de la Sala III, “no pasó una semana desde aquel controvertido fallo y los dichos de estos jueces fueron desmentidos de la manera más trágica, brutal y elocuente con la muerte de Diego Borjas, un adolescente alojado en un lugar prohibido, en condiciones inhumanas y sometido a una sanción ilegítima, según las propias normas de la SENNAF”.

La Relatora de los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Rosa Ortiz, también expresó su profunda preocupación por el fallo de Casación. Cabe recordar que en noviembre de 2013 el Comité contra la Desaparición Forzada ya había manifestado al Estado argentino su preocupación por la falta de acceso de organismos de monitoreo a los centros de detención de menores.