Por Pablo Socca. Existió conciencia desde el oficialismo de que lo que pasó, podía pasar. La instalación de la fecha 7D como un momento definitorio fue una interpretación del kirchnerismo de un plazo judicial que buscaba generar consenso popular para que no hubiera otro fallo posible.
Las declaraciones del ministro de Justicia, Alak, la designación tardía de Sabbatella y su alta exposición, las disputas en el Consejo de la Magistratura y la exagerada recusación de todos los magistrados de una cámara, fueron todos movimientos en busca de que el 7D fuera el 7D.
Se trataba y se trata en definitiva de una disputa con el grupo de poder más importante de la sociedad argentina. Esta disputa viene de larga data, pero si la ley se voto cuando el kirchnerismo estaba en su peor momento, no poder aplicarla luego de haber ganado por afano las presidenciales y estando a meses de las elecciones de medio término resulta una incitación a la “crispación”.
Ha quedado una vez más al desnudo que la ley y el cuerpo son dos cosas distintas. La ley escrita dirime su aplicación en la arena política, donde se juegan las relaciones de fuerzas. Para medir estas famosas relaciones no hay formulas exactas.
En un plano más estrecho el gobierno enfrenta una oposición de los sectores medios, los cuales se han expresado en contra de los controles cambiarios e impositivos, de la famosa inseguridad y de toda iniciativa institucional que trascienda el libreto neoliberal.
Si la mirada va un poco más lejos en el tiempo, este gobierno fue electo hace un año por el 54% de los votos, aplastó a una oposición desmenuzada que aún agoniza y ha avanzado en su política cultural y mediática varios pasos desde el año 2008, momento en que cayó en la cuenta de que no controlaba el asunto.
Por último, desde una perspectiva histórica, y en combinación con los tiempos anteriores, hay disputas en las que evidentemente la relación de fuerzas es adversa para el Estado o mejor dicho para el poder ejecutivo. La disputa con la oligarquía agropecuaria, los monopolios mediáticos y la corporación judicial muestran más derrotas que triunfos, pero sobre todas las cosas muestran las dificultades que posee la capacidad ejecutiva del Estado para desarrollar políticas públicas. La reacción popular que suscitó la resolución 125, sirve de muestra para lo que sería por ejemplo una avanzada más radical sobre las corporaciones mediáticas o sobre el anquilosado poder judicial.
Evidentemente reside allí una capacidad de construir hegemonía que es superior en muchos casos a la de quienes están dotados del voto popular. La idea del poder como sinónimo de poder político esta puesta en cuestión. El kirchnerismo como fenómeno es claramente limitado pero hay que tener mucho cuidado al criticarlo, hay dos caminos frecuentes que no permiten una superación. Uno es la incitación a la moderación, criticar al kirchnerismo con argumentos progresistas o de izquierda por las mismas cosas por las que lo odia la derecha política y social argentina, por su rebeldía. La otra es la radicalización boba, de quien se pone por fuera del contexto y desconoce que cada acción gubernamental genera reacciones virulentas con fuerte respaldo social, que hay que evitar abroquelamientos y manejar tiempos.
La tarea es política y hegemónica, ofrezco con toda humildad algunos elementos para pensar por qué no tuvimos 7D.
La falta de apoyo, atención y fomento de los medios populares y comunitarios, medios que ya desde ahora podrían ser beneficiarios de la ley de medios. La mirada estrecha del asunto solo centrada en Clarin y la formación de un aparato cultural y mediático basado en 6,7,8 y el Futbol para todos son decisiones que condicionaron el desenlace.
La falta absoluta de una disputa por transformar el Poder Judicial, sin comprender que toda lucha hegemónica debe librarse en todos los poderes del Estado. Durante años se escribieron artículos sobre la nueva corte, la gran decisión de Kirchner, la comparación con la corte menemista. El 7D se ha tornado ahora el día en que el kirchnerismo descubrió que la justicia es una corporación.
La falta de una política hacia los sectores medios que no sea el fomento al consumo. Sin reforma tributaria y con el impuesto a las ganancias a todo vapor sumado al control cambiario, sin una política cultural para un sector social que puede ser progre pero es gorila por antonomasia y que no es el principal consumidor del fútbol. El gobierno tras la gran política de los juicios a los genocidas de la dictadura prácticamente ha abandonado el diseño de políticas públicas que puedan atraer a los sectores medios, los principales consumidores de los medios masivos de comunicación.
No hay aquí vocación de sabelotodo, solo se trata de pensar y analizar para salir de fechas y polarizaciones. Hasta el 20 de enero se estará librando una nueva pulseada judicial, quizás el 20 E reemplace al reciente siete. Sin embargo está claro que las libertades que faltan son las disputas que quedan, habrá que ver quién puede librarlas.