Posse y la dinastía del apellido único en San Isidro II

Por Gonzalo Reartes

Con el 34,88% de los votos, el intendente Ángel Gustavo Posse es el jefe comunal con menos adhesiones en la Región Metropolitana Norte (Tigre, San Fernando, Vicente López y San Isidro). ¿Victoria con sabor amargo? ¿Inicio de fin de ciclo? Segunda parte del informe, esta vez sobre planes de vivienda… inconclusos.

Exclusión social (I): El caso La Cava

La historia de Gustavo Posse como Jefe de Estado Municipal es más bien sombría. En el marco del Plan Federal de Vivienda haremos una especial referencia al barrio conocido como “Villa La Cava”. Esta es una temática que afecta a numerosos habitantes de este Municipio que ven vulnerados sus derechos a una vivienda digna y a vivir en un ambiente saludable. El Plan se proponía preservar los derechos de la población sobre los terrenos ocupados, con el objetivo ulterior de la entrega de una escritura traslativa de dominio de una parcela, a favor de cada familia. Su ejecución debía canalizarse a través de los gobiernos municipales, pero en San Isidro se realizaron numerosas irregularidades.

La gestión integral del Subprograma quedó, entonces, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio. En concreto, el proyecto de urbanización de la Villa La Cava desarrollado por la Municipalidad de San Isidro, a cargo de la ejecución de las obras y del trabajo con la comunidad, suponía la construcción de 1882 viviendas, número que correspondía a las familias que fueron relevadas en el Censo Nacional 2001. Estas (nuevas) viviendas debían contar con todos los servicios (agua corriente, gas, cloacas y electricidad). A principios de 2005, el por entonces Subsecretario de Obras Públicas, Fernando Adrián Romero, entregó a la Comisión de Vecinos un croquis del Plan, en el que tan sólo se contemplaba la construcción de 856 viviendas. Aquí es imprescindible un análisis un tanto más fino del asunto.

A través del Decreto Municipal 3343 de diciembre de 2006, el Intendente aprobó la conformación de la Mesa de Integración Social, así como sus competencias y lo obrado por ella hasta esa fecha. Esta mesa estaba compuesta por diversas instituciones locales, como, entre otras, la Sociedad Cosmopolita de Martínez, el Club Atlético San Isidro (CASI), la Cámara de Comercio de Martínez, la Junta Vecinal Acassuso, el Club Pueyrredón, la Junta Vecinal La Horqueta y los Rotary Club de Villa Adelina y Martínez.

Lo verdaderamente alarmante respecto a la conformación de esta Mesa radica en dos aspectos que se unen inevitablemente. Por un lado, ésta tenía una influencia enorme sobre el Plan en cuestión, ya que participaba en el proceso de selección de pre-adjudicatarios, elaborando los listados de cada sector designado para continuar con la liberación de terreno y el avance de obra. Por otra parte, la Mesa estaba conformada por gente e instituciones de afuera del barrio, lo cual provocó que los vecinos no se sientan representados por la misma. La falta de participación de la comunidad, como consecuencia lógica de la falta de diálogo entre una Mesa de Integración conformada por actores externos al barrio y los habitantes de La Cava, es un aspecto gravísimo que aumentó la incertidumbre acerca de los destinatarios del Plan en lo que concierne a diversos factores, entre los que claramente se vislumbran el tiempo y la forma del cumplimiento del mismo.

Exclusión social (II): El caso Uspallata

El Concejo Deliberante de San Isidro (donde el intendente cuenta con una mayoría automática conformada por una extraña alianza de possistas de pura cepa, radicales, peronistas y socialistas) aprobó un polémico proyecto de ordenanza (Expte. Nº 8010-G-2014) elaborado por el Ejecutivo Municipal, cuyo objetivo es la implementación de un Plan de Realojamiento Habitacional a ser desarrollado sobre el Barrio Uspallata, un barrio de clases subalternas conformado por unas 62 familias.

El Departamento Ejecutivo se dispuso comprar el terreno, que es propiedad privada, en un monto que asciende a la suma de $ 10.094.400. Ahora bien, en ningún momento se dice cuál es el plan para esas tierras una vez erradicado el barrio. La especulación financiera, característica particular de esta administración, hace pensar que el desarrollo de un negocio inmobiliario o la construcción de un barrio cerrado y/o country es una posibilidad bastante certera.

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha intervenido ante la posible vulneración de los derechos  de los habitantes del barrio en cuestión. En la nota enviada al Concejo Deliberante el día 18 de septiembre del 2014, este organismo provincial da cuenta de numerosas conductas denunciadas por los vecinos en perjuicio de la Municipalidad y a tonos discriminatorios. Entre las situaciones narradas, los vecinos denuncian no haber sido atendidos en el Hospital de San Isidro por no tener la tarjeta de ciudadano de ese municipio y porque el domicilio que figura en sus DNI es inexistente. Asimismo, éstos denuncian la presencia de diversos patrulleros municipales en el ingreso de la calle al barrio (en la intersección de Padre Acevedo y Los Patos), que no hacen más que prohibir la entrada de todo tipo de material de construcción, ejerciendo conductas intimidatorias y agresivas contra las familias.

Lo cierto es que los vecinos han manifestado su voluntad de permanecer en esas casas, por ser su lugar de residencia desde hace muchos años (más de 30 en algunos casos), por desarrollar allí sus vidas familiares, laborales, educativas,  sociales y por encontrarse sus viviendas consolidadas. La Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia llevó a cabo un censo cuyos resultados dan cuenta de que la totalidad de las familias, menos una, tiene la voluntad de permanecer en el barrio a través de su regularización dominial por una ley de expropiación y que, al mismo tiempo, no tienen voluntad de aceptar ninguna propuesta para irse a otro municipio o provincia.

Pero hay una alternativa. Una que no es del matiz ideológico del possismo, ya que no incluye mega negociados inmobiliarios ni construcciones de countries para gente de clases sociales acaudaladas, ni requiere utilizar al Municipio como una especie de holding inmobiliario o agente especulativo de compra-venta territorial. El Departamento Ejecutivo podría (y debería) encargarse de regularizar la situación dominial de las familias en beneficio de sus actuales ocupantes, incluyéndolos socialmente y dejando de lado las conductas discriminatorias. Al día de la fecha la Ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados en el barrio Uspallata ha permitido que las familias continúen viviendo en sus casas, pese a que el municipio no permite refacción alguna y hace menos de tres meses envió a su brazo armado, la policía municipal que, junto a la provincial, procedió a detener la construcción de un segundo piso en una vivienda. Construcción que fue demolida y derivó en la golpiza y posterior detención de uno de los habitantes de la susodicha.

La acción política como herramienta transformadora

La criminalización de la pobreza padecida por todos los habitantes excluidos de San Isidro, generada y promovida por varios medios de comunicación y sostenida a través de la complicidad de una gran parte de la sociedad que no hace más que perpetuar y difundir su estigmatización hacia los sectores marginados, encuentra, como contraparte, a un municipio que parece decidido a ignorar estas temáticas.

Estas son algunas de las dificultades con las que una persona de bajos recursos se encuentra en un municipio como San Isidro, pensado para pocos, donde se prioriza la concentración económica, los negociados millonarios, la especulación financiera y la exclusión social.  Un virreinato donde un mismo apellido viene decidiendo sobre los derechos más elementales de los ciudadanos hace más de treinta años, donde los derechos humanos son un asunto ajeno y en el que conviene no meterse. Los barrios Uspallata y La Cava no son sino un detalle, un grano de arena, en la brutal violencia que es direccionada sobre las clases populares que habitan San Isidro. La pasividad no puede ser la consigna a seguir en estos casos, es necesario unirse al reclamo de los que menos tienen y darle voz a sus demandas. Ese debe ser el compromiso de todos los habitantes sansidrenses: tomar partido y actuar.