Precarización en el servicio doméstico

Precarización en el servicio doméstico

Por Alejandro Brandel. La semana pasada se aprobó el nuevo régimen de trabajo para personal domestico en el Senado nacional. Al hacerle cambios al proyecto, la norma debe ser tratada por diputados, que se espera lo haga en sesiones extraordinarias.

A pesar que la norma establece límites de ocho horas de trabajo, indemnizaciones por despidos, vacaciones y licencias por maternidad y examen, todos derechos que hoy no tienen los trabajadores del servicio domestico, la problemática radica en hacer cumplir la nueva ley en un sector con tasas de informalidad del 81,41%.

En el segundo cuatrimestre del 2012 el empleo en el sector doméstico registra tasas de informalidad del más del 80% que representa 654.051 personas en esta situación. La actividad, que ocupa a casi el 10% del mercado de trabajo, muestra una proporción de empleo no registrado mucho mayor al del mercado en general, que llega al 31,61%.

El sector emplea en total 803.436 personas en todo el país. Esta categoría incluye a los mayordomos, niñeras, amas de llaves, preceptores e institutrices, entre otros. Es realizado principalmente por mujeres, que superan el 90% de los empleados en el sector. Los datos mencionados surgen de una investigación a cargo de Fernando Groisman (Conicet-UBA) y de la becaria Eugenia Sconfienza (Conicet), elaborados en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec trimestralmente, entre otras fuentes.

La relevancia del análisis del sector se debe a que el total de trabajadores asalariados en la Argentina es de 8.260.774 personas, siendo más de 650 mil trabajadores en el sector doméstico, un 9,7% del total. Del trabajo no registrado en todo el mercado laboral, el del sector representa el 25%.

A modo de mostrar voluntad en resolver la problemática, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, presentó el proyecto que busca regular la actividad. Tomada explicó que “el objetivo es que tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Esta no es una política aislada sino que forma parte de un conjunto de iniciativas que buscan ampliar derechos, como la ley que modificó el Estatuto del Peón Rural”. Pero la aprobación de una nueva ley no apunta a “blanquear” la situación de las trabajadoras que hoy se encuentran trabajando de manera informal. Legislar no es lo mismo que hacer cumplir la ley, por lo cual no se busca solucionar el problema de fondo, que radica en la alta informalidad y la violación de los mínimos derechos laborales de los trabajadores.

Como se desprende de las estadísticas mencionadas anteriormente, tan solo el 18,59% de los trabajadores serían alcanzados por el nuevo proyecto de ley, que busca regular la jornada laboral, de ocho horas máximas de trabajo, con goce de aguinaldo y vacaciones pagas. Establece que durante la jornada de trabajo los empleadores deberán entregar a los trabajadores la ropa y los elementos de trabajo y una alimentación sana, además de contratar un seguro de riesgo de trabajo. El Ejecutivo había presentado un marco regulatorio en 2010 y fue tratado en 2011 en Diputados. Logró media sanción de la Cámara, pero no dejó conforme al oficialismo ni a la oposición, y se lo dejó caer sin avanzar hacia el Senado.

Las particularidades del trabajo explican, en parte, la elevada informalidad en el sector. Es una tarea que se desarrolla a puertas cerradas y por eso suele ser “invisibilizado”. Las obligaciones son difusas, ya que se contrata al personal para desarrollar una multiplicidad de tareas. El nuevo proyecto busca evitar abusos en los horarios de trabajo, algo habitual. Por eso estipula el pago de horas extra suplementarias, con un recargo del 50% sobre el salario habitual y del 100% los días sábados. Esto ayudaría a reducir la cantidad de casas en las que trabajan, ya que el 30% lo hace en más de una.

El Ministerio de Trabajo también fijó nuevas remuneraciones mínimas para el sector, que pasó a 19,74 pesos por hora, representando un aumento del 25% en línea con la suba del salario mínimo vital y móvil. La retribución para una labor máxima de cuatro horas diarias se elevó a 1292,93 pesos. Según la investigación de Groisman, el salario mensual doméstico suele ser en promedio de 964 pesos en el caso de los trabajadores no registrados y de 1800 en los registrados, una brecha de casi el 100%. La diferencia con los salarios en el mercado laboral en general son grandes, ya que un trabajador en negro cobra en promedio 1770 pesos y los registrados llegan a los 4381 pesos, según el mismo informe. A partir de la vigencia del nuevo régimen para el sector, las variaciones salariales serían fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, integrada por representantes de Trabajo, Desarrollo Social, Economía, los empleadores y las trabajadoras y trabajadores.

Existe cierta idea de que en el sector se emplean trabajadoras para conseguir una changa extra, pero de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, el 38% ocupa la posición de jefa en el hogar, mientras que el 37% el de cónyuge o pareja, siendo 303 mil los hogares que tienen como ingreso principal el sueldo de empleadas domésticas. En una cifra similar de hogares, el ingreso por trabajo doméstico corresponde a un segundo salario.

Las trabajadoras que se encuentran en una situación irregular no perciben aportes jubilatorios ni cuentan con una obra social. Debido a un régimen particular que tiene el sector, por tan solo 95 pesos mensuales, el trabajador puede acceder a una obra social y percibir los aportes, siendo ese el importe en el caso de trabajar más de 16 horas semanales en la misma casa. Para los casos de trabajar entre 6 a menos de 12 horas, el total es de 20 pesos, entre 12 y 16 horas, de 39 pesos, completando el restante el trabajador.

El trabajo irregular en el país afecta a 31,61% de los trabajadores, sin tener en cuenta monotributistas que tendrían que estar contratados por ejemplo. Las y los trabajadores del servicio doméstico son uno de los sectores más desprotegidos, probablemente en conjunto con los trabajadores del sector textil y de la construcción. Pero el trabajo informal no se debe simplemente a los altos costos que se pagan por contratar en “blanco”, y el servicio doméstico es una muestra de ello, sino que se vincula con la dificultad existente para fiscalizar los lugares de trabajo, las casas particulares, y con cierta idea sobre que el trabajo doméstico funciona como una changa más y por ende no tiene que tener condiciones de un trabajo “en serio”.