El PROCREAR de Cambiemos: clasificar y segmentar

Por Eliana Lijterman

Ante la lejana promesa de campaña de otorgar un millón de créditos para vivienda, el gobierno de Cambiemos se propone modificar el PROCREAR. Analizamos una medida que sigue la línea política desde el 10 de diciembre.

A partir de la caída de la imagen del gobierno de Macri por las regresivas medidas tomadas desde diciembre, distintos funcionarios declararon públicamente la necesidad de lanzar con urgencia un “paquete de medidas sociales”, entre las que se destaca la promesa de campaña del millón créditos hipotecarios. Pero el paquete tarda en llegar, dado que este tipo de políticas requieren, para Cambiemos, una profunda reconversión respecto de las vigentes. La semana pasada Iván Kerr -subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación- realizó declaraciones públicas, que comunicaron el futuro cambio del PROCREAR.

El PROCREAR reunía distintas líneas de créditos a una tasa muy reducida para adquisición o refacción de viviendas, que llegó a ser la más baja del país comparada con programas de otras jurisdicciones y líneas de entidades bancarias. Estaba destinado a trabajadores y trabajadoras formales cuyo piso de ingresos fuera mayor a los 8 mil pesos mensuales, por lo cual sus usuarios/as provinieron de distintos estratos medios, mientras que excluyó a trabajadores/as no registrados (que constituyen alrededor de un 40% de las y los ocupados) y a la población de más bajos ingresos.

Dado que la asignación se realizaba mediante sorteos públicos, no se establecía un criterio de elegibilidad entre las y los aplicantes. Lo significativo de este programa fue su magnitud y el hecho de que sectores diversos dentro de la gran “clase media” pudieran tener acceso al mismo en condiciones de relativa paridad, aunque las viviendas finalmente construidas y adquiridas fueran desiguales por las distintas capacidades de ahorro previo y financiamiento de gastos.

Ni el Plan Federal ni el PROCREAR, implementados durante el kirchnerismo, pudieron hacer contrapeso a la grave crisis habitacional del país, dada por el valor ascendente del suelo, a los que el salario nunca logró llegar durante el ciclo. Éste ha sido un límite de los programas, frente al cual el kirchnerismo respondió con un financiamiento público activo a programas de cobertura amplia, pero no lo suficiente.

El paquete anunciado por Kerr y algunos adelantos del mismo que hizo Basavilvaso -director de la ANSES- se basa en los siguientes puntos:

– La nueva edición del PROGRESAR se destinará exclusivamente a “grupos vulnerables”. La argumentación de esta decisión se basa en que serían los sectores que realmente “necesitan” una tasa subsidiada por parte del Estado, a diferencia de la clase media que debería poder solventar con sus propios ingresos una tasa “accesible”.

– El criterio de elegibilidad de la población que haya aplicado al PROCREAR se derivará de un “ranking” a partir de índices de vulnerabilidad.

– Los créditos otorgados posiblemente sean de un monto menor a los de las ediciones anteriores, ya que, según Basavilvaso, eran excesivos, mientras sería conveniente una mayor cobertura con prestaciones menores.

– El cambio del PROCREAR se entiende como parte de una “segmentación” de la oferta crediticia, que propone crear ofertas diferenciadas según el nivel socio- económico de la población. Esta segmentación incluye distintos tipos de tasa, pero también de montos.

¿Qué traen estos “vientos de Cambio”?

La idea que organiza estos cambios es la de “segmentación”: no sólo significa establecer una oferta diferenciada de prestaciones, sino que su resultado es el acceso desigual a bienes y servicios públicos. El supuesto de Cambiemos es que un programa que sostiene un mismo tipo de prestación para grupos sociales distintos, esto es, distintos en su capacidad de pago, genera una pérdida potencial de recursos públicos. Dicho mal y pronto: quienes más pueden pagar, deben tener menor financiamiento público; y entre quienes no pueden dirigirse al mercado, prestaciones más pequeñas permiten mayor cobertura.

El problema aquí es de dos órdenes. En primer lugar, este “cálculo” sobre el que se basan las nuevas propuestas retoma orientaciones de programas implementados en CABA, cuyo “éxito” es controversial. En segundo lugar, la ecuación propuesta esconde que en la administración de prestaciones, las políticas sociales -y en particular las referidas al hábitat- construyen sociabilidad y formas de relación entre clases. Prestaciones segmentadas implican un acceso desigual al hábitat y la vivienda porque: a) la aceptación de los créditos por parte de propietarios e inmobiliarias es por lo general dificultosa, por lo cual depende de las características que estos asuman el acceso a distintos segmentos del mercado; b) la diferenciación de montos determina el acceso a zonas diferenciadas de las ciudades, con servicios e infraestructura también diferenciados; c) las condiciones de las viviendas, finalmente, son variables de acuerdo al monto que se dispone para su compra.

No podemos desconocer estos puntos en el marco de procesos cada vez más fuertes de segregación espacial en las ciudades. Argumentar la segmentación como solución, como hace Cambiemos, implica desestimar la igualdad como cuestión o problema. Consideraremos brevemente las líneas crediticias que el Instituto de Vivienda de la Ciudad promovió durante las gestiones del PRO, como ilustración de estos dos puntos.

Una de ellas se desprendía de la Ley N° 341 y se dirigía a familias “en situación de vulnerabilidad”, a las que otorgaba un monto en pesos que no fue actualizado, al menos, desde el año 2011. Por ende el valor del crédito se depreció continuamente hasta llegar a unos 37 mil dólares por familia. De acuerdo a los precios crecientes en el mercado inmobiliario, este monto únicamente habilitaba la compra de viviendas en malas condiciones de habitabilidad, en las zonas más deterioradas de la Ciudad, cuando no impulsaba directamente la expulsión hacia zonas alejadas de la provincia de Buenos Aires. Las familias que, aún así, lograban hallar una vivienda acorde al monto del crédito y que éste fuera aceptado por dueños e inmobiliarias, pese a las resistencias generadas por dirigirse a “población vulnerable”, se enfrentaban a un problema no menos grave: sus viviendas definitivas presentaban déficits habitacionales varios, entre ellos, hacinamiento.

Por otro lado, los programas “Primera Casa BA” y “Mi Casa BA”, dirigidos a sectores medios otorgaron montos mayores para la compra, aunque también reducidos en comparación con los valores ascendentes del mercado inmobiliario. Dado que las posibilidades de compra no eran adecuadas a las esperadas por las familias que aplicaban al programa, muchas de ellas desestimaron los créditos otorgados. El desfasaje respecto de los precios del mercado -por lo cierto, desregulados- es un factor que, en las distintas líneas crediticias, condicionó a una muy baja extensión: en toda la gestión macrista se otorgaron solamente 5700 créditos. Además, determinó el acceso a viviendas en condiciones de habitabilidad deterioradas.

Por otro lado, los “rankings” según el índice de vulnerabilidad generan una lógica perversa de focalización. Tomando la experiencia de la Ciudad, los programas mencionados disponen ciertos requisitos generales para la postulación: básicamente, condiciones de trabajo y un piso de ingresos; y en el caso de los créditos “vía 341”, techos de ingreso. Luego de esta primera selección que conforma el universo de aplicantes, opera una segunda operación de recorte, en base a la cantidad de créditos dispuesta por el gobierno. Para “elegir” entre los aplicantes, se observa cuántos hijos e hijas componen el hogar, miembros con discapacidad, NBI, etc. La doble focalización no pone en cuestión, en ningún caso, si la cantidad de prestaciones distribuidas es apropiada, mientras que selecciona como usuarios a los más vulnerables, entre los vulnerables.

Todo ello se dio en el marco de una patente subejecución presupuestaria que ha caracterizado las gestiones de Kerr y Basavilvaso en el IVC.  “Cuanto peor, mejor” es el sentido que se instala para poder acceder al programa, tanto en los efectores públicos como en las familias.

El criterio de multiplicar la cobertura a partir de prestaciones más bajas, según lo anterior, plantea -al menos- serias dudas sobre su efectividad. Los cambios tampoco son alentadores en cuanto a los principios que los orientan. Ni para los sectores más deteriorados de la clase trabajadora, que se verán arrojados a un ranking de vulnerabilidad para acceder a créditos de tasa blanda, cuyo nivel de cobertura aún desconocemos, ni para los sectores ocupados en mejores condiciones, pues la sentencia del gobierno de que deberían poder solventar con sus ingresos tasas no subsidiadas, desconoce la depreciación salarial sufrida, la carestía de la vida, y las difíciles condiciones de acceso al crédito. Se impone evitar que se consolide una línea de viviendas pobres para pobres y programas de crédito solventables, únicamente, por sectores de altos ingresos.