Puerto Regasificador de Escobar: cuatro motivos para su traslado urgente

Por Leandro Lutzky

El fastidio de la clase media por la falta de luz, el hecho de no aprovechar los recursos renovables, la falta de inversión y la escasa regulación durante décadas, obligan al Gobierno a buscarle soluciones a la crisis energética en el corto plazo. Con este contexto, la Argentina importa gas poniendo en riesgo a su población. A continuación analizaremos las razones.

 

  1. Riesgo humanitario

Como ya lo expresó Marcha en ediciones anteriores, el funcionamiento de la planta flotante que recibe gas natural licuado (GNL) pone en riesgo la vida de millones de personas. El puerto se encuentra ubicado en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas y recepciona buques metaneros con importantes cargas de materia prima peligrosamente concentradas, aumentando los riesgos potenciales. Por ese motivo, la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar inició en el 2011 una querella que está plasmada en el expediente Nº 1619, tramitado en la Secretaría Penal Nº 2 de Campana a cargo del Juez subrogante Adrián González Charvay.

Así, el Juzgado Federal recibió informes realizados en los Estados Unidos que describen los peligros existentes en el uso de esta sustancia altamente inflamable. En los estudios se relatan experiencias de explosiones realizadas intencionalmente con GNL para analizar el alcance que podría tener la onda expansiva en caso de ocurrir un siniestro. Sus resultados fueron contundentes: según cuál sea el documento tenido en cuenta, el fuego abarcaría entre 21 y 48 kilómetros cuadrados. Una de las publicaciones, titulada “Public Safety Issues at the Proposed Fall River LNG Terminal” y suministrada por el doctor James Fay, se puede ver online.

Las presentaciones se hicieron para saber si eran viables montar algunos proyectos para trabajar con GNL en zonas determinadas, pero la justicia norteamericana desestimó las solicitudes ya que de haberse desarrollado estos emprendimientos se hubiera puesto en riesgo a la población local.

Si se toman en cuenta estos parámetros externos, ya que en la Argentina no se hicieron los estudios correspondientes, se podría decir que la parte más poblada de la provincia de Buenos Aires está expuesta a la suerte de que algún buque sufra un accidente fatal. En efecto, los barcos que transportan importantes cantidades de gas desde lugares como Trinidad y Tobago, Qatar, Nigeria y Egipto, ingresan al país por el Río de la Plata y desembocan en el Paraná de las Palmas para descargar su contenido dentro del buque regasificador de bandera belga, llamado “Exemplar”. Por eso, “Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y sobre todo Escobar, están seriamente comprometidas”, alertan los ambientalistas.

Para dimensionar mejor las características del conflicto, esta agrupación defensora del ecosistema compara la energía manipulada por el establecimiento con “50 bombas como la de Hiroshima”. En ese sentido, el Instituto para la Seguridad Global situado en Washington, determinó que montar un emprendimiento de gas natural licuado cerca de zonas urbanas sería un atractivo ideal para efectuar ataques terroristas, por el desastre que podrían causar. Por el momento, la Argentina no tiene conflictos bélicos, pero tampoco está exenta de sufrir un accidente fatal.

  1. Falta de garantías

El Río Paraná de las Palmas no se encuentra en condiciones de recibir barcos que ocupan casi tres cuadras de largo, como es el caso de los buques metaneros que ingresan al país. Su caudal y volumen de agua son bajos, situación que podría complicar la navegación. También es una de las rutas acuáticas argentinas más transitadas debido al comercio internacional (se calcula que por año navegan 5 mil embarcaciones), aumentando las posibilidades de impacto. Por ejemplo, en el 2012 chocaron un remolcador paraguayo con un arenero nacional a la altura de Zárate, dejando un saldo de siete víctimas. Cerca del mismo partido, dos años más tarde, un barco que transportaba madera desde el norte del país hacia Buenos Aires se incendió y luego explotó, provocando la muerte de dos bomberos y 15 heridos. Parecen ser simples cifras que se suman a las estadísticas. Sin embargo, los comités de científicos internacionales sostienen que estos emprendimientos sólo deberían desarrollarse en altamar.

  1. Peligro ambiental

Los buques regasificadores que funcionan en distintas partes del planeta pueden utilizar aproximadamente 500 millones de litros de agua diarios para reconvertir la materia prima de estado líquido a gaseoso. Así, aumentan la temperatura del GNL, que tiene 161 grados bajo cero, hasta llegar a los cinco grados centígrados y volver a su condición natural. Este método es conocido como “proceso abierto”, aunque también existen otros mecanismos. En este caso, el agua usada con importantes cantidades de cloro es devuelta a su origen diez grados más fría, alterando la vida de distintas especies. Cabe mencionar que para la inauguración del regasificador se barrieron de forma inicial unas 125 hectáreas repletas de flora y fauna. Además, los vecinos sostienen que “se alteró el normal escurrimiento del agua superficial y subterránea”. Esto perjudica de manera directa a los habitantes de la zona ya que ingieren a diario el H2O, hasta ahora potable, brindado por los ríos que circulan bajo tierra. Estos acuíferos, llamados “Pampeano” y “Puelche”, corren serios riesgos de incumplir sus funciones esenciales. Por otra parte, el gasoducto que traslada el recurso importado hacia la red troncal más cercana, ubicada en Los Cardales, impacta directo en los humedales durante un trayecto de 30 kilómetros. No hace falta esperar consecuencias a largo plazo, los cambios negativos ya están sucediendo.

  1. Instalación ilegal

Las empresas ENARSA e YPF lanzaron el proyecto sin presentar estudios serios de impacto sobre el ecosistema y los ciudadanos. Por el contrario, se aprobó un informe ambiental respondiendo a los deseos estatales y empresariales, pero jamás se realizó una audiencia pública, que es obligatoria según lo establecido por la Ley General del Ambiente. El Puerto Regasificador de Escobar no cumple con las pautas de habilitación regidas en la Ley Nacional de Puertos y su funcionamiento tampoco respeta la ordenanza Nº 04/2000, estipulada por la Prefectura Naval Argentina. La misma establece que los barcos deben tener un máximo de 230 metros de largo para navegar por este río; el regasificador tiene 290. Además, para agrandar esta catarata de irregularidades, los defensores de la naturaleza afirman que “se viola la Ley Nacional de Hidrocarburos, el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo y el artículo 41 de la Constitución Nacional”. El mismo reza que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Por suerte, las autoridades todavía están a tiempo de cumplir con el libro promulgado en 1853. ¿No es así?

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