Con 23 víctimaspor los sismos de las últimas semanas, el gobierno italiano decidió llevar a cabo el desfile militar del 2 de junio.
El 2 de junio de 1946 Italia eligió, a través de un referéndum, la forma de estado que iba a adoptar tras la debacle del gobierno fascista. Entre monarquía y república, la mayoría eligió el sistema republicano en la primera elección en la que las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto. Desde hace unos años fue instituido el 2 de junio como el “día de la República”, en el cual las principales instituciones del estado se hacen presentes en eventos organizados y costeados por el ejecutivo.
Este año el desfile del 2 de junio costó unos 3 millones de euros, y fue “dedicado” a las 23 víctimas del terremoto que sacudió la región de Emilia Romagna la semana pasada. “Gastar 3 millones en un desfile y dedicarlo a las víctimas del terremoto es como ir al restaurante y dedicar la cena a los niños de África”, fue uno de los carteles que comenzaron a aparecer en redes sociales y manifestaciones de repudio luego de que el primer ministro Mario Monti confirmara la decisión de llevar adelante los festejos. Para enfrentar los gastos de la ayuda social a las víctimas de la catástrofe, el gobierno decidió aumentar en 2 centavos de euro los impuestos sobre las naftas.
Pero la polémica no terminó ahí. El gobierno dispuso un importante dispositivo de seguridad para proteger la integridad del papa durante su visita a Milan, el viernes pasado. El principal “miedo”, pasó por las protestas que se hubiesen podido generar tras la filtración de una serie de documentos que pertenecían a la cúpula de la Santa Sede, sustraídos por el mayordomo del pontífice. La reacción represiva fue una de las principales críticas que tuvo el Vaticano, que según muchos, dejó ver su hilacha despótica encarcelando al mayordomo que está a punto de ser condenado a 30 años de cárcel. De allí que el gobierno italiano decidió costear un operativo que desplegó más de 15 mil policías en la calle, francotiradores, grupos anti-explosivos y guardaespaldas para todo el convoy papal.
Los suntuosos gastos del Estado generaron un repudio popular muy fuerte. Italia es hoy una de las economías más débiles de Europa -el ex primer ministro Silvio Berlusconi llegó a decir que el país debería considerar la posibilidad de salir del euro-, y debe enfrentar hoy la responsabilidad de la ayuda y la reconstrucción de las zonas golpeadas por los sismos que causaron daños en todo el centro-norte. Para lograrlo, se decretó el aumento de la gasolina, un sistema que Italia utiliza periódicamente para costear las reparaciones de daños causados o sufridos. Un tercio del precio total de la nafta en Italia se dedica hoy a pagar los gastos de la guerra de Abisinia (1935), la del canal de Suez (1956), el desastre de Vajont (1963), las inundaciones de Florencia (1966), el terremoto de Belice (1968), el de Friuli (1976) y el de Irpinia (1980).
Mientras tanto, los gastos de la crisis también los pagan los trabajadores italianos. El senado aprobó el pasado jueves una reforma laboral que flexibiliza aún más la situación de los trabajadores. Se trata de una ley muy similar a la que se quiso aprobar en Argentina hace doce años, y que fue impuesta por la troika al gobierno griego. En ella se establece que las empresas tendrán mayores facilidades para deshacerse de su personal en caso de estar en una situación económica inestable. Según los legisladores, esto favorecería la estabilidad económica del país de cara a la crisis de deuda, ya que se trata de una medida fuertemente querida por inversores y acreedores -principalmente extranjeros-.
Las medidas fueron aplaudidas por la mayor parte del arco político italiano, salvo algunos sindicatos. Tras las últimas elecciones municipales quedó claro que la centro izquierda -que apoya al gobierno ‘técnico’ de Monti- corre con ventaja ante la vuelta de “los políticos” al poder, mientras que la centro derecha vive una fuerte crisis interna. En este contexto, las medidas del actual gobierno perfilan cierta tendencia del “progresismo” italiano a aceptar tanto el ajuste impuesto por la Unión Europea como los gastos institucionalizados en detrimento de las necesidades de la población. Catorce de los 23 muertos por los terremotos de las semanas pasadas eran trabajadores que se encontraban en sus fábricas. Como respuesta, sus compañeros podrán ser despedidos más facilmente, y pagarán más cara la nafta, aún si se encuentran sin hogar.