Que la crueldad no se vuelva costumbre

En un hecho inédito que desbloquea un nuevo nivel de impunidad, Emilia Vassallo, referente de la lucha contra el gatillo fácil fue atacada por supuestos policías que, encapuchados, ingresaron a su domicilio, la golpearon y ataron. Violencia institucional bajo la mirada del poder judicial con el agravante del machismo que pretende disciplinar a una defensora.

Por Redacción Marcha / Foto: Colectivo Rimac

“Jamás me van a ver derrotada. Ni a mi, ni a mi familia ni a ninguno de lxs compañerxs que tomamos esta lucha con el corazón”. Con estas palabras y visiblemente emocionada -aunque también con rabia-, Emilia Vassallo promediaba una conferencia de prensa que no era una más. Estaba acompañada de Nora Cortiñas, su abogado, Eduardo Soares, y familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión en las cárceles, integrantes de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Relató una forma inédita de asociación ilícita entre la crueldad policial y el machismo institucionalizado en el poder judicial. Una operación novedosa para la democracia pero digna del terrorismo de Estado.

Era viernes 13 por la noche cuando un grupo táctico de la policía bonaerense, conformado por al menos 20 machos de civil, encapuchados y fuertemente armados, ingresó al domicilio de Emilia Vassallo en Morón. Los efectivos, con la excusa de estar realizando un allanamiento por una inexistente causa por “drogas”, irrumpieron en su casa, la violentaron física y psicológicamente; la golpearon y torturaron junto a uno de sus hijos. Un operativo que se hizo bajo la supervisión de Gustavo González, funcionario de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 6 de esa localidad.

“Me duele el alma. Es otra jugada para quebrarme y quebrar mi lucha que es la de todos”, dijo Emilia Vassallo en la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Sindicato de Prensa, SiPreBA. Integra junto a otros familiares de víctimas la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Es referenta de la lucha antirrepresiva por denunciar el asesinato, como Madre, de Pablo “Paly” Alcorta, de 17 años, en el año 2013 por el entonces policía bonaerense Diego Tolaba, que actualmente está en actividad en la policía de la ciudad de Buenos Aires.

El amedrentamiento del que fue víctima sucedió a días de que la causa por el asesinato de “Paly” tuviera novedades, ya que Emilia logró que la Cámara de Apelaciones ordenara investigar el homicidio llevando a juicio oral a Tolaba a fines de este año o principios del próximo, a pesar de que la titular de la UFI 6 de Morón, María Silvana Beatriz Bonini, y el juez de Garantías, Gustavo Robles, intentaron cerrar la causa bajo el argumento de “legítima defensa”. Por eso, visiblemente conmocionada Vassallo informó: “venimos de presentar la denuncia en la Fiscalía”, y apuntó nuevamente al poder judicial: “El fiscal Rapazzo acaba de pedir la exhumación del cuerpo de mi hijo porque quiere demostrar que murió de mala praxis médica y no por una bala policial, pero pase lo que pase, esta justicia burguesa no nos va a ganar porque voy a seguir peleando contra todo y todos”. Y hubo aplausos.

Las violencias uniformadas contra Emilia suceden a menos de un mes de su participación en la organización de la “Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil”, que en Buenos Aires llegó a la Plaza de Mayo; una de las acciones más multitudinarias de los últimos cinco años, en repudio del odio de clase que se traduce en el abuso de poder y asesinato de pibes y pibas con placa y permiso del Estado por parte de integrantes de las fuerzas represivas.

El terrorismo de Estado, presente

Eduardo Soares, integrante de La Gremial de Abogados y abogado de Emilia Vasallo, la encontró atada y a su hijo esposado al llegar a su domicilio a poco de iniciarse el allanamiento sin orden que lo justificaba. “Al preguntarle al oficial instructor del procedimiento de ¿cuántos kilogramos de droga estamos hablando para semejante procedimiento?, respondió que se trataba de medio kilogramo de marihuana lo que estaban buscando”. 

En la conferencia de prensa Soares increpó: “¿por qué no vamos a creer que esto es un apriete?”, y relató que “el secretario de la Fiscalía que estaba presente y vio cómo le pegaban a Emilia, entró con los encapuchados y teóricamente los comandaba. La responsabilidad del procedimiento no fue tanto de la policía que estaba adentro sino de la institución judicial, llámese fiscalía, llámese juzgado de garantías, que fueron los que ordenaron y presenciaron el procedimiento”.

“Creemos que se trató de un procedimiento ilegal, de un apriete a Emilia, una persecución por ser quien es y estar donde está”, dijo Soares con énfasis. “Cuando les explicamos que hacía dos días que recibía tres o cuatro veces al día policías que se presentaban buscando personas que desconocía nos dijeron que esa información no la sabían”. Sin embargo, “los operativos previos, de la Comisaría 1º de Morón, que nos decían que no tenían nada que ver con lo otro, son de la misma causa”, si bien “esta vez actuó la Comisaría 4º de Pavón”.

El abogado explicó que venían de hacer la presentación en la UFI 6 de Morón. “La fiscal de turno fue Silvia Bonini, quien instruyó desde el primer momento, desde el día cuando Paly fue ejecutado, quien fue la que no investigó, la que no pidió la autopsia de mi hijo”, dijo Emilia. Soares contó además que hubo una intervención de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que hacía pocos minutos se había comunicado para informarles que habían comenzado una investigación de oficio sobre lo sucedido el viernes 13, “nos invitaron a que fuéramos a La Plata a aportar todos los elementos que tenemos. Es la primera vez que vemos algo así, no sé si relacionarlo con la situación electoral”.

“Ellos nos tienen miedo a nosotras”

La sala estaba desbordada de presencias. Ante el abuso del poder y la crueldad machista, la ternura y solidaridad feminista -antirrepresiva- pareció el mejor antídoto junto a la necesidad de seguir organizándose. Y así lo hicieron saber familiares que integran la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que acompañaron en la conferencia de prensa a Emilia Vassallo.

“Aca estamos hermana”, dijo la Madre de Marcos Acuña. y compartieron las impresiones y los temores que acechan frente a la impunidad. “Hace 7 años que vengo transitando este camino, soy padre de una de las tantas mujeres que fueron asesinadas en un centro de exterminio como son las cárceles”, intervino Alfredo Cuellar, padre de “la China”, asesinada por el Servicio Penitenciario en 2012. “Hoy más que nunca estoy con Emilia porque lo que le pasó yo lo he padecido y lo sigo padeciendo”, agregó. Alfredo fue secuestrado en 2013 por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y amenazaron con tirar al riachuelo y hacerlo desaparecer. Algo similar le ocurrió en 2016, ocasión en la que presentó pruebas ante funcionarios del poder judicial pero sin ver avances de ningún tipo en la investigación. “Lo que buscan es callarnos, pero el compromiso que tenemos con nuestros hijos es seguir adelante hasta que no podamos más y ni aún muertos nos van a derrotar”, afirmó Cuellar, “la justicia tiene la balanza inclinada a favor de los poderosos, por eso la justicia social es la fundamental”. Y terminó con una consigna de lucha: “ni una menos en las cárceles también”.

Angélica Urquiza, Madre de “Kiki” Lezcano, contó cómo los fallos judiciales y los amedrentamientos policiales que le siguen a los asesinatos de los pibes son revictimizaciones hacia las y los familiares, con el agravante de ser agresiones ejecutadas en nombre del Estado. Ezequiel, “Kiki”, de 16 años, fue asesinado hace 10 años en Lugano. El señalado, el policía Daniel Veyga, fue absuelto hace dos años por el TOC 16 y obtuvo el permiso de reincorporarse a la fuerza represiva. “Primero me cerraron la causa porque no me presenté en tiempo y forma y yo no me presenté porque no buscaba a un chico muerto, yo buscaba a Kiki”, dijo y contó cómo fue víctima de una causa armada. “Me cagaron a palos y me hicieron golpear contra un cordón. Me subieron a un patrullero y me amenazaron diciéndome ´negrita de mierda, te vamos a enseñar que no tenes que denunciar, que a tu hijo lo mataron porque era un chorro así que dejate de joder”. A Angélica la detuvieron, la criminalizaron y está imposibilitada de mover uno de sus brazos producto de ese hecho. 

Ivonne Kukoc, Madre de Pablo, el pibe asesinado por el legitimado por el Estado, policía Luis Chocobar, contó cómo la policía los amedrenta -a ella y otro de sus hijos- y que se tiene que mudar cada dos o tres meses. “Nos mataron a nuestros hijos y nos están matando de a poco”, dijo, “en Avellaneda parece que andan con la foto de toda mi familia”, contó. El terrorismo de Estado se sintió cerca para ella cuando a la vuelta de la Marcha contra el Gatillo Fácil, policías se subieron al colectivo y tuvieron que sacarse las remeras por miedo. “No estoy pidiendo la pena de muerte, como hicieron con mi hijo, estoy pidiendo el castigo para un asesino que toma un arma y mata pibes”, declaró, “se que va a llegar el día que (Chocobar) pague con lo que hizo”. Hay versiones que indican que habrá juicio desde mediados del 2020. “No vamos a bajar los brazos”, dijo, “por esta gente que es maravillosa”.

 Pero infaltable fue la voz de Nora Cortiñas que también muy conmovida dijo: “Yo quisiera también hoy abrazar a mi hijo Gustavo como hace 43 años y por eso sigo peleando. Por eso acompaño a Emilia y a todas las Madres”. La conferencia ofició de traspaso simbólico de los orgullos y las resistencias: “de las Madres del Terrorismo de Estado a las Madres contra el Gatillo Fácil”. Y agregó, “Ellos nos tienen miedo a nosotras, todos los funcionarios; por eso persiguen y persiguen. Pero seguiremos y no les tenemos miedo. Esto es terrorismo de Estado, los 30.000 están acá, ahora y siempre están todos los pibes caídos por la bala asesina de la policía y van a seguir estando, van a seguir las Madres luchando y todas juntas vamos a vencer. Vamos a vencer, ¡hasta la victoria siempre!”.