Este domingo, el ALBA-TCP dio a conocer un comunicado en el que pidió a las Naciones Unidas que tome “medidas rápidas, contundentes y eficaces” contra el espionaje norteamericano en el mundo. Ya hay una propuesta de resolución y continúa la polémica.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió este domingo un comunicado oficial para rechazar el plan de espionaje que Estados Unidos lleva adelante en diferentes partes del mundo e incluye escuchas a diplomáticos, líderes políticos, empresarios y ciudadanos de varios países. Según el escrito, este hecho “constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, una agresión a la soberanía de los pueblos y un atentado a la pacífica convivencia entre las naciones”.
Así, la organización internacional que incluye a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, se expidió acerca de unos de los temas más polémicos de la agenda internacional. Desde que el ex empleado de la National Security Agency (NSA), Edward Snowden, divulgó documentos clasificados de la CIA acerca del software elaborado por los Estados Unidos para espiar las comunicaciones en cualquier parte del globo, se han multiplicado las reacciones de rechazo por parte de diferentes países. Hasta los históricos aliados incondicionales de Washington, como algunos gobiernos de Europa o México, repudiaron enérgicamente las escuchas que, según reveló Snowden, EEUU realiza hasta en los niveles más altos del establishment de esos países.
“Ningún Gobierno, por poderoso que sea, tiene el derecho a atropellar los derechos de sus propios ciudadanos y ciudadanas, ni los de otros países, intimidándolos, violando su privacidad, interviniendo y recopilando datos de sus comunicaciones y además utilizando estas con fines comerciales, militares y políticos”, asegura el comunicado publicado por el ALBA. En el documento, el bloque latinoamericano exhorta “a la Organización de Naciones Unidas y todos sus entes adscritos, a tomar medidas rápidas, contundentes y eficaces para poner fin a estas acciones, proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo y poner en vigor reglas que penalicen este tipo de prácticas”.
Efectivamente ya se han presentado proyectos de resolución en ese sentido. El embajador ante la ONU de Alemania, Peter Wittig, y el canciller de Brasil, Antonio Patriota, presentaron el viernes pasado una propuesta de resolución que busca “garantizar la transparencia y la responsabilidad de la vigilancia estatal de las comunicaciones”, según los mismos diplomáticos expresaron. “¿Dónde dibujamos la línea entre las preocupaciones legítimas por la seguridad y el derecho individual a la privacidad? ¿Y cómo nos aseguramos de que los derechos humanos estén efectivamente protegidos dentro y fuera de internet?”, expresó Wittig al presentar la propuesta.
Tanto el gobierno alemán como el brasilero han sido dos de las víctimas ilustres del espionaje norteamericano. Los documentos secretos divulgados por Snowden aseguran que tanto la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como la canciller alemana, Angela Merkel, han tenido sus conversaciones telefónicas, correos electrónicos y sms, intervenidos por la NSA. Un caso que llevó a la Unión Europea a enviar una delegación especial a Washington para pedir explicaciones, y el principal motivo de la cancelación de la visita de la mandataria sudamericana a EEUU en octubre.
La propuesta, que ya se encuentra en estudio por parte del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General, recibió ahora el apoyo del ALBA-TCP. “Saludamos la iniciativa presentada ante la Asamblea General de la ONU conjuntamente por la República Federativa del Brasil y la República Federal de Alemania”, sostiene el comunicado, “que apunta hacia la creación de reglas claras que protejan el derecho de todos los seres humanos a la privacidad y por ende al pleno ejercicio de sus libertades civiles, sumándonos a la exigencia a la ONU para avanzar hacia la promoción de un sistema de gobierno abierto, participativo, plural, compartido, accesible y realmente democrático de la Internet para el beneficio común puesto que debe constituir un patrimonio de toda la humanidad”.
La reacción del ALBA se enmarca en un cuestionamiento profundo que los diplomáticos de esos países llevan adelante hace unos años al rol de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. Varios de esos gobiernos tomaron la decisión de expulsar de sus territorios organizaciones norteamericanas como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), acusada de querer intervenir en los asuntos internos, o el abandono de varios organismos internacionales, como el Comité Interamericano por los Derechos Humanos, fuertemente influenciado por los intereses políticos estadounidenses en la región.
En este sentido, se destacan las propuestas de varios de los líderes latinoamericanos para desprender la diplomacia internacional y las relaciones entre países del monopolio norteamericano en los ámbitos de diálogo. Y ante los acontecimientos ligados al espionaje, también surgieron nuevas propuestas. Rousseff anunció su intención de mudar toda la información que los servidores de las redes sociales más populares tienen de EEUU a Brasil y obligar a todas las empresas informáticas a almacenar los datos producidos en el mismo país.