¿Quién dio la orden de masacrar en Bogotá?

Tras las protestas de la semana pasada y los asesinatos con responsabilidad de la policía, queda la pregunta respecto a quiénes fueron los responsables y autores políticos de la masacre, ¿quién dio la orden de masacrar en Bogotá?

Por Danna Urdaneta* | Foto: Colombia Informa

Este 8 de septiembre, fue asesinado del abogado Javier Ordoñez en la localidad de Engativá en Bogotá, a manos de la policía colombiana, con 11 descargas eléctricas de pistolas de electrochoque. El hecho generó una oleada de protestas contra la brutalidad policial en la capital y las ciudades principales de Colombia, incluyendo la ciudad fronteriza de Cúcuta . El informe de la necropsia realizado al abogado defensor de derechos humanos arrojó nueve fracturas en el cráneo .

¿Quién dio la orden de masacrar en Bogotá y de intensificar las masacres en el país durante el mes de agosto después de que Álvaro Uribe Vélez fuera detenido? En la madrugada el ministro de Guerra Carlos Holmes Trujillo alienta a que la policía siga haciendo su trabajo mientras que Uribe continua su campaña terrorista y xenófoba pidiendo militarizar el país, judicializar al liderazgo social y expulsar a los extranjeros .

Carlos Holmes Trujillo, asumió el tratamiento de la protesta en la capital y aplicó una política de seguridad ciudadana amparada en la genocida doctrina de Seguridad Nacional: instruyó la incorporación de 750 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, más 850 que vendrían de otras partes del país y 350 soldados del Ejército Nacional. 

Así, el gobierno del subpresidente Duque le da un tratamiento de guerra al descontento social cuando incorpora soldados del ejército más grande y mejor entrenado de América Latina para combatir las protestas. Desde el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 todo apunta a la creación de las condiciones de un golpe de Estado en Colombia para imponer un estado de conmoción e instaurar una dictadura fundamentada en la doctrina de Seguridad Democrática 2.0.

Policía Metropolitana de Bogotá fuera de la ley

Las redes sociales fueron testigas del nuevo modus operandi de la policía estrenado en el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre: la policía colombiana se encapucha, usa helicópteros y armas de fuego, entra sin orden de allanamiento a casas de trabajadores, destruye las viviendas , dispara a quemarropa contra personas que no están involucradas en las manifestaciones  y contra los propios manifestantes , lleva en sus vehículos a personas armadas vestidas de negro sin ningún tipo de identificación, disparan junto a civiles no identificados en las calles al mejor estilo paramilitar .

No podemos olvidar que el parapolítico Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, está moviendo todas sus fichas para evitar que Mancuso cuente toda la verdad de su participación en el conflicto y de cómo Pacho Santos fue el ideólogo e impulsor del Bloque Capital de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, el bloque de las AUC en la capital del país .

Desde el Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 la represión en la capital colombiana ha recordado al estallido social del Bogotazo por el nivel de violencia estatal para combatir las grandes movilizaciones populares en medio de la sangre derramada. La masacre en Bogotá iniciada este 09 de septiembre de 2020 se suma a las 55 masacres en el territorio nacional registradas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, donde las últimas víctimas fueron jóvenes estudiantes y menores de edad que llegaron a ser torturados y degollados .

Redes sociales y terrorismo de Estado

Las redes sociales se convirtieron en el primer canal de comunicación y denuncia de manifestantes y víctimas del atropello policial. Desde la mañana de este 10 de septiembre organizaciones sociales, líderes políticos, periodistas y un sinfín de personas denunciaron en sus cuentas de Twitter que en el Día Nacional de los Derechos Humanos de Colombia hubo 248 heridos, incontables desapariciones y torturas de las cuales hasta hoy no hay cifras. Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que a los jóvenes asesinados por la policía les fuera aplicado el protocolo de Minessota , así como anunció que va a representar a la familia de Juliete Ramírez, joven de 20 años asesinada con una bala en su corazón a 100 metros del Comando de Acción Inmediata (CAI) La Gaitana de la policía  y a Cristian Hurtado también asesinado por balas de policía en Soacha , ambos en Bogotá.

Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) denunció que “un niño indígena de 15 años fue obligado por la Policía a desnudarse luego de ser detenido y esposado cuando iba a comprar unas cartulinas para hacer su tarea en Jambaló Cauca” .  El exrepresentante a la Cámara Benedicto González denunció 58 heridos de gravedad y la masacre de ocho personas en la capital colombiana: Julieth Ramírez, Camilo Hernández, Jaider Fonseca, Germán Smith, Julián González, Andrés Rodríguez, Angie Vaquero, Cristian Merece .

El usuario de Twitter @WhoAn78 fue portavoz de la denuncia de Erika Yesenia Tabares, madre víctima de la policía ya que un funcionario asesinó con un rolazo (bolillo) a su bebé de meses cuando esta trabajadora informal no quiso entregarle su carro de vender café. El policía le dice que le da seis millones de pesos y una moto para que ella lo saque de la cárcel por la denuncia que hubiera interpuesto .

Con la etiqueta #SOSMasacres y #SOSMasacreBogotá usuarios en la red social Twitter subieron las pruebas de asesinatos, brutales represiones y desapariciones forzosas. Incluso la alcaldesa de Bogotá calificó lo sucedido como una masacre, sin embargo, la policía está bajo las órdenes de las alcaldías según el artículo 315 de la constitución colombiana.

El escándalo hoy ha llegado a medios internacionales de todo color político con distintas cifras en materia de derechos humanos que buscan minimizar lo sucedido. Las etiquetas del 10 de septiembre fue #PolicíaNacionalParenDeMatar, #TodasLasVidasImportan, #ColombiaDespierta y #NosGobiernaUnPreso para denunciar las masacres en curso. Las denuncias que llevaron estas etiquetas demuestran que no existe ningún tipo de límite ni legalidad en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana.

Pintada durante el Tour de Francia

Derechos Humanos en cifras

Corpocic HR hasta las 12:20 am de este 10 de septiembre documentó el conteo de 8 ciudadanos asesinados por el uso excesivo de la fuerza policial, 2 defensores de derechos humanos retenidos y amedrentados con armas de fuego por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para que guardaran silencio, 5 personas reportadas como desaparecidas, cortes de energía eléctrica en localidades donde las protestas fueron más fuertes. Esta Corporación denunció que no hay cifras de personas desaparecidas y alertó sobre incontables tiros de gracia con armas de fuego, la comunicación caída en Bogotá y la entrada de camionetas negras sin placas a localidades manifestantes .

El medio alternativo y popular Colombia Informa en vivo y en directo en Bogotá, Cúcuta, Medellín, Popayán y demás ciudades colombianas ha reportado estos días a través de sus redes sociales las violaciones a los derechos humanos, así como el atropello de la policía contra sus colaboradores que han sido víctimas de la represión por parte del Estado .

La Campaña Defender la Libertad publicó un tercer boletín donde informa de manera urgente que a las 10:30 pm hay confirmadas 138 personas detenidas solo en Bogotá, en las que se encuentran varios niños, niñas y adolescentes que señalan haber sido golpeados por la policía al mejor estilo sionista.

La Campaña que agrupa a diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y que sirvió de base de datos madre en las denuncias del Paro Nacional del 21 de noviembre pasado afirma en su Boletín Informativo 3 #10S que la comandancia de las estaciones de policía ha impedido el ingreso de defensores de derechos humanos para verificar la situación de las personas detenidas .

Del mismo modo, la Campaña señala que mientras la alcaldesa de Bogotá Claudia López rechaza la violencia policial, bajo su administración se desconocen las normas que promueven la labor de los derechos humanos desconociendo el Decreto 563 de 2015. Igualmente, Indepaz, este 11 de septiembre ha emitido un comunicado alegando que son inconstitucionales las órdenes Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque a los comandantes de la policía ya que estas funciones solo pueden operar por medio de la autoridad de alcaldes y alcaldesas.

Este 11 de septiembre son más claras las denuncias de golpe de Estado del gobierno nacional contra la alcaldía bogotana para cobrarle las críticas de su alcaldesa por la pésima gestión frente a la pandemia. Hoy parece que Claudia López no tiene autoridad y comienza a instaurarse un gobierno policial, mientras tanto su postura pretende estar más allá del bien y del mal estigmatizando la protesta social como vandalismo al tiempo que hace llamados a la policía para investigar las violaciones a los derechos humanos. ¡Paz para Colombia, para la guerra nada!

*Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) Venezuela