¿Quién salvará a Nonogasta?

Por Melisa Letemendía @Melisa Sg Foto: Radio Fenix 95.1

El pueblo de Nonogasta, ubicado en la provincia de La Rioja, es conocido como “la ciudad más contaminada de Argentina”, mientras la desidia y la complicidad del estado favorecen a las empresas, las y los habitantes se movilizan.

Nonogasta guarda un secreto en su paisaje. En medio de montañas de distintos colores y tamaños, entrelazadas por un cielo celeste, profundo e inmenso, nos encontramos con un pueblo de casas bajas donde todo parece tranquilo, pero expectante. ¿Qué tienen el aire que estamos respirando, el suelo por donde caminamos y el agua que tomamos?

Vecino peligroso

La respuesta está más cerca de lo imaginado: a menos de 500 metros de la Plaza Principal, funciona desde 1987 “La Curtiembre”, ocupando un predio de aproximadamente 1 km2, que es foco de sospechas desde su instalación. Fue propiedad del grupo Yoma, una familia ligada al poder,  en 2008 fue adquirida por el grupo de capitales brasileros Bom Retiro, y comenzó a llamarse CURTUME S.A. Este traspaso no estuvo libre de escándalos y sospechas: tras la falta de pago de una deuda de 140 millones de dólares a los bancos Nación, Provincia y Ciudad, y luego de una denuncia por evasión impositiva por parte de la AFIP, la empresa se declaró en quiebra y fue vendida por 6 millones de dólares, cuando su valor real se estimaba en 48 millones, a cambio de una promesa de inversión a largo plazo por parte de la mencionada organización. Entre los beneficios adicionales otorgados por el Estado en aquel momento, para concretar la venta, se pueden mencionar: la inclusión por decreto en el programa de promoción industrial, la liberación del 21% del impuesto a la exportación y la asunción del compromiso de construcción de una planta de efluentes entre la Nación y la Provincia, acuerdo que nunca se cumplió.

Nonogasta es conocida como “la ciudad más contaminada de Argentina” sin embargo solo el aspecto económico, con sus maniobras financieras,  es el más célebre de esta historia, mientras que el aspecto socio-ambiental, es decir de la vida,  continúa siendo invisibilizado por medios de comunicación, tanto masivos como  locales.

Territorio sacrificable

El problema es complejo,  lleva más de 30 años de antigüedad,   y está marcado por la desidia estatal, la impunidad empresarial y el miedo de una comunidad a perder alguno de los 700 puestos de trabajo que emplea la empresa, aunque sólo 200 trabajadores y trabajadoras vivan en Nonogasta.

La actual CURTUME CBR S.A. posee un área de casi 4 km colmada con 200 piletones a cielo abierto, donde se vierten diariamente entre 5 y 8 millones de litros de agua con altas concentraciones de cromo y arsénico, sin otorgarle tratamiento previo ni posterior, y contaminando así las napas de agua, el aire y el suelo. Las y los vecinos han denunciado reiteradamente que la empresa suele tapar con tierra los lugares donde se producen estos derrames.

Tal como revela el conocimiento científico actual, los elementos químicos descartados durante este proceso industrial pueden producir cáncer, malformaciones genéticas, afecciones pulmonares y en la piel, entre otros impactos a la salud. Esto no parece ser suficiente motivo para que sus responsables accionen en la prevención, mitigación y remediación del daño al pueblo nonogasteño.

Luego de años de denuncias se lograron  algunas acciones formales, como el allanamiento a la curtiembre por contaminación en el año 2004, y la sanción de la Ordenanza Municipal Nº2695/06 en Chilecito, que declaró al municipio “no tóxico y ambientalmente sustentable”, sin embargo en la práctica poco cambió y la problemática real siguió avanzando.

En el año 2012, más de 150 niños habían sido diagnosticados con malformaciones y en ese momento el médico especialista en malformaciones congénitas, Anibal Ojeda,  denunciaba al diario Chilecito, “bebés con columna vertebral abierta, intestinos fuera del abdomen, con el cerebro afuera, con dos cabezas o con la falta de algún miembro”, que se sumaban a los elevados diagnósticos de cáncer de pulmón, intestino, piel y  leucemia que debía tratar.

En paralelo, el temor de la población fue creciendo, tal como señala María Flores, docente e integrante de la Asamblea El Retamo, al darse cuenta que sus vecinos padecían enfermedades poco comunes, y que los niños nacían con más dedos que lo normal, o sin alguna de sus extremidades.  Como respuesta el mutismo del gobierno fue total, incluso cuando las sospechas fueron confirmadas por un estudio del CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba), que reveló en 2013 la presencia de altos niveles de cromo, superando más de 164 veces el límite establecido con concentraciones de sulfuros que arrojaban una cifra 50 veces superior a lo permitido.

El silencio cómplice, mata

Frente a diversas movilizaciones y cortes de ruta de la comunidad organizada,  con distintas jurisprudencias intentaron deslindarse del conflicto, negando su existencia, menospreciándolo o prometiendo soluciones sin fecha de entrega.

En 2014  el entonces jefe de gabinete,  Jorge Capitanich,  prometía enviar 7 millones de dólares para terminar la planta de tratamiento de líquidos industriales, y construir otra que permitiese recuperar el cromo liberado.

Al año siguiente la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente comprobó la violación de la ley 24.051 de residuos peligrosos,  en las muestras de suelo, agua y barro obtenidas. Sin embargo al año siguiente, 2016, el Secretario de Ambiente de La Rioja,   Santiago Azulay, anunció la adquisición de filtros para el cromo, mientras afirmaba frente a la comunidad “no tenemos certeza de que los casos de cáncer que hay sean producto de la curtiembre. También tenemos un polo importantísimo de contaminación que es toda la parte agrícola, los agroquímicos. Esto también hay que trabajarlo y son deudas pendientes a futuro”.

Los filtros llegaron recién en 2017, y en ese momento el mismo Secretario sostuvo que “De este modo, se le pone fecha de vencimiento al reclamo de diferentes sectores políticos que, escudados en banderas ambientalistas, se aprovechan de la necesidad y la angustia de la gente que allí reside”.  Como consecuencia de ello ese año se separaron 20 toneladas de barro sedimentado, trasladándolos por única vez a Campana, donde se encuentra una planta de tratamientos especializada.

Finalmente, el 12 de Julio de este año la Justicia Federal comprobó que la empresa continuaba enterrando sin tratar sus residuos, violando la ley, y la intimó a que en 30 días retirara los caños que desembocaban en los piletones, y empezara a trasladar sus residuos peligrosos a una planta de tratamiento habilitada. Adicionalmente, le otorgó un plazo de 60 días para presentar un plan de remediación, caso contrario, se procedería a su clausura. Por otro lado, se acordó implantar “un pulmón verde” para que amortiguara la contaminación. Los árboles allí no crecen, y los malos olores persisten. El miedo también. Mientras tanto las y los habitantes deben seguir reclamando.

Sólo el pueblo salvará a Nonogasta…

Aunque acceder al predio de la empresa ya no está permitido, el 11 de agosto se hizo una excepción: un puñado de vecinos pudo asistir, junto con la autoridad policial, al momento del levantamiento de los caños. Hombres y mujeres,  con ojos cansados por tanta indiferencia y dolor, pero firmes en su espíritu y valentía, presenciaron con inmensa emoción que después de tantas décadas de lucha por fin “pasaba algo”.

El plazo establecido para entregar el plan de acción venció el pasado 12 de septiembre, sin embargo la empresa no fue clausurada, pero los vecinos y vecinas organizados no se resignan: guiados por la fuerza de otros tantos que se fueron de este pueblo,  de forma cruel y prematura, o que son condenados a malvivir sólo para mantener un negocio de pocos, no quieren seguir aumentando una estadística oculta, víctimas de la desidia y la corrupción, mientras persiguen algo parecido a la “justicia”, reclamando nada más y nada menos que el derecho a la vida.

¿No será hora de escucharlos?