Y un día, a tres semanas mes del asesinato de Candela Sol Rodríguez, apareció Fernando Burlando frente a las cámaras de televisión. El más mediático de los abogados –millonario, excéntrico y polémico– salió al cruce de los micrófonos apostados en la fiscalía de Morón y aventuró que el crimen de la nena de 11 años estaba esclarecido. En tiempo récord, a tan sólo una semana de hacerse cargo de la querella por parte de la mamá de Candela, Carola Labrador, Burlando aseguró que el caso que conmovió al país estaba prácticamente solucionado.
El desembarco de Burlando en representación de Carola llamó la atención. Si bien es habitual que el abogado, de 46 años, irrumpa en investigaciones resonantes como la abierta por la muerte del cantante Rodrigo o la defensa de la banda de “Los Horneros”, acusados de matar al fotógrafo José Luis Cabezas, no es común que preste sus servicios a gente humilde que no los puede pagar. Su súbita presencia en el caso Candela se explica por una inesperada relación con el sacerdote Julio César Grassi, condenado en segunda instancia por abuso sexual de un menor a su cargo en la Fundación Felices los Niños, que el cura presidía.
Condenado a 15 años de prisión pero en libertad hasta que la Corte bonaerense resuelva su condena, el cura intercedió como “guía espiritual” no bien ocurrido el secuestro de la nena. La relación entre Grassi y Labrador surge a raíz de que el hijo mayor de Carola concurre a la escuela que el sacerdote dirige en Hurlingham.
El portavoz extraoficial de Grassi, el conductor y periodista Raúl Portal, explicó a Veintitrés los motivos que llevaron al cura a contactar a Burlando: “A la mamá de Candela la conocen todos los que van a la fundación. Su hijo va al colegio secundario y el cura no se podía negar a darle contención. Candela iba a empezar el secundario en el mismo colegio. Carola necesitaba apoyo y le pidió al padre que la recibiera para darle consuelo espiritual”, resume Portal. Y “al cura le pareció increíble que no tuviera un letrado que la defendiera. Así que nos pusimos a buscar abogados que no le cobraran, porque nosotros no tenemos un mango y la mamá de Candela tampoco. Gracias a Dios, Burlando aceptó trabajar sin honorarios”, dijo Portal.
Para un abogado penalista acostumbrado a defender a piratas del asfalto en zonas calientes del conurbano bonaerense, la irrupción de Burlando en la investigación, y la aparición de Grassi como portavoz espiritual de la familia de la nena, no hacen más que alimentar el rating de los programas de periodismo sensacionalista. “Cada tanto, invitan a penalistas porque a muchos colegas les sirve la cámara. El sábado anterior a presentarse frente a los medios, Burlando había estado con Mauro Viale: un día después agarró la causa”, argumenta el letrado. En cuanto al rol de Burlando como abogado, su colega opinó: “Lo que la querella busca es defender a esta mujer a capa y espada. Esta es la verdadera función de Burlando: estar detrás de Carola para que siga sus instrucciones y logre cambiar todo lo malo que la sociedad pensó y dijo de ella una vez que apareció muerta su hija. Es necesario bajar esa presión de inmediato y para eso nadie mejor que Burlando, que empieza a participar en la ronda de medios periodísticos con discursos alentadores en torno a la resolución de la investigación, de manera que todos, incluidos fiscales y jueces, compren el argumento de la madre”.
Su padre, Julio Desiderio Burlando, fue juez en La Plata. El 13 de noviembre de 1985 sobreseyó definitivamente a monseñor Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata, imputado por encubrimiento de torturas, privaciones de la libertad y violación de los deberes de funcionario publico. Monseñor Plaza había sido designado en 1976 capellán mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en tiempos en que el jefe de la institución era el coronel Ramón Camps, a quien acompañaba en la visita a centros clandestinos de detención.
Portador de un estilo que lo muestra hiperdedicado a la estética corporal y a la elegancia de la mano de las grandes marcas de ropa, Burlando fue el más célebre de los abogados de los ’90, cuando supo cosechar la amistad del ex presidente Carlos Menem y del por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, sospechado de ser el destinatario de un mensaje mafioso que representaría el asesinato de Cabezas.
La intervención de Burlando en defensa de “Los Horneros” –una banda de ladrones de la localidad platense de Los Hornos, que “trabajaban” para la Bonaerense y estaban ligados a una unidad básica y a la hinchada de Estudiantes–, luego condenados como coautores del asesinato del fotógrafo, posibilitó su arribo a los medios. Burlando usó sus aceitadas influencias en el foro judicial provincial y la Policía Bonaerense, al punto que debió admitir su relación con el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, jefe de la DDI de La Matanza durante los ’90 (cargo que hoy ocupa el comisionado Marcelo Chebriau).
Poco meses después del asesinato de Cabezas, el juez federal Claudio Bonadío procesó a Burlando y a su par Alejandro Montone por extorsionar a la familia de un detenido por drogas. En esa misma causa –anterior al asesinato del fotógrafo en Pinamar– aparecían los nombres de dos “horneros”, Horacio Anselmo Braga y Miguel Retana.
En una entrevista para la revista Poder, Burlando reconoció que en la quinta de Duhalde en San Vicente pactó junto al gobernador las confesiones de sus defendidos. Esa estrategia aceleró la resolución de la causa que ponía en jaque a Duhalde. En 2005, “Los Horneros” quedaron en libertad.
Amante de los deportes de riesgo, dueño de catorce autos de lujo y un zoológico privado en su quinta de Villa Elisa, Burlando atiende en su oficina de Puerto Madero. O recibe a los clientes en su fastuoso edificio de tres plantas y 500 metros cuadrados sobre la calle 8 de la capital bonaerense. Rodeado por el lujo y amparado por el poder que ejercen sus múltiples contactos con camaristas, jueces, fiscales y comisarios, Burlando se acostumbró a entrar en escena ante casos judiciales complejos y de difícil resolución como el asesinato de Candela, la denuncia por ejercicio ilegal de la medicina contra Giselle Rímolo, el cargo por homicidio contra Horacio Conzi y la acusación al banquero del Vaticano Francisco Trusso por estafar a 30.000 ahorristas.
Más allá de la aparición de Burlando, la incógnita sobre el asesinato de Candela persiste. No sólo porque todo lo que roza el abogado platense genera dudas –sobre todo si el accionar de la Policía Bonaerense está bajo sospecha– sino porque, además, aún resta conocer los resultados de las muestras de ADN extraídas de la casa de Kiernan 992, donde supuestamente estuvo cautiva la nena, y los cruces telefónicos de los más de 70 teléfonos secuestrados en diversos allanamientos. Cinco de esos teléfonos pertenecen a suboficiales de la Bonaerense en actividad.
El último supuesto avance en la investigación trajo más suspicacias: la detención de Héctor Horacio “El Topo” Moreira, un viejo conocido e informante del “Chivo” Chebriau, según confirmaron policías en actividad y un abogado con acceso al expediente. “El Topo”, que tiene 50 años y no 44 como se dijo, estuvo procesado por estafa pero no fue condenado. El hombre –de pelo largo, ojos claros y con bronceado de cama solar– tiene una hija de 14 años de su primera esposa y una bebé recién nacida con su nueva mujer. Está detenido en la Unidad Penal 53 de Malvinas Argentinas: teme por su vida y la de sus familiares. Como Burlando, el fiscal Marcelo Tavolaro lo acusa de homicidio calificado por ser el “autor intelectual” del crimen: cinco testigos lo habrían acusado por el brutal asesinato.
Sin embargo, a nadie del mundillo delincuencial y policial del oeste del conurbano se le escapa que Moreira –un adicto a las drogas con mucha verba y poder de convencimiento– realizó varios “trabajos” infiltrándose en bandas de traficantes para después entregarlos a la policía, una práctica muy conocida en el hampa y entre los jefes de La Matanza, San Martín y Hurlingham. La hipótesis de un ajuste de cuentas entre delincuentes “buchones” de la policía se barajó cómo móvil del asesinato. “El Topo puede ser transa o buche, pero no homicida”, advierte un investigador policial con experiencia en la zona. “Todos los que están al frente de la Bonaerense conocen al Topo”, señaló. En Villa Ballester, a Moreira lo tienen como a un timador –estafador– que un día llama la atención al volante de un auto último modelo y al otro no tiene para comer ni para cargarle crédito a su celular.
El padre de la niña asesinada, Alfredo Lauriano Rodríguez, alias “Juancho”, lo había mencionado al principio de la investigación como un posible enemigo que podía tener motivos para perjudicarlo. Por eso, Moreira fue demorado el 4 de septiembre pasado en la comisaría de Villa Tesei, pero a las pocas horas lo dejaron libre. De acuerdo con testimonios de su entorno, luego de su detención se sentía tranquilo: lo podían acusar de otros delitos, pero no de matar a Candela. Según pudo averiguar este medio, Moreira inició los trámites para recuperar su teléfono celular, que había sido secuestrado por el fiscal Tavolaro. El domingo 25, cuando policías de la misma comisaría lo buscaron en su domicilio, no sospechó que lo iban a detener por una gravísima acusación. El martes 27 fue llevado a declarar a la fiscalía de Morón y se produjo una situación insólita: ante la ausencia de personal policial y penitenciario, los familiares de Candela lo golpearon y le fisuraron un dedo. Con esa excusa, no declaró.
Uno de los celulares secuestrados a policías bonaerenses es propiedad del suboficial Sergio Fabián Chazarreta, a quien le habrían allanado la casa que comparte con su esposa, prima del Topo Moreira. Chazarreta formó parte de la División de Drogas Peligrosas, estuvo en Homicidios, en la Brigada de Mercedes, San Martín y La Matanza: hoy es un subalterno de Chebriau. Según pudo saber Veintitrés, compañeros de este policía aseguran que “Chazarreta no tiene nada que ver, es un compañero trabajador que no está metido en nada raro”.
Una vez más, la actitud de Burlando en un caso de alto impacto parece ir en la misma dirección que indica su currículum: apuntar a los eslabones menores de la cadena de delincuentes y policías con actividades ilegales y salvaguardar el honor de los altos mandos.