Por Ezequiel Arauz – Marcha entrevistó a Hugo Blasco, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB – CTA), ante el conflicto que mantiene paralizada la estructura judicial de la provincia. Ayer se concentraron frente a la porteña Casa de Buenos Aires.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) encabeza un reclamo histórico: la restitución del sistema porcentual en la provincia, anulado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde en 1993, que relaciona (o “engancha”) los salarios básicos de los trabajadores de la Justicia con los de la Corte Suprema.
La porcentualidad implica que el salario de los jueces de la Corte Suprema Provincial es considerado como el 100% y de ahí hacia abajo se despliega en una serie de escalafones porcentuales, cuyo último nivel recibe un 24%. El sistema evita la inequidad en los incrementos hacia la cúspide de la escala, cuestión que se profundizó desde que la ley fue anulada. En la justicia bonaerense hay aproximadamente 98.000 trabajadores.
Desde la AJB vienen denunciando medidas represivas, que incluyeron tareas de inteligencia sobre quienes participan de las medidas de fuerza, iniciadas hace dos meses. Además se ejecutan descuentos y el Ministerio de Trabajo de la provincia decretó una conciliación obligatoria rechazada por el gremio, ya que -aclaran- el Estado provincial, a quien le reclaman, no puede convertirse a la vez en mediador del conflicto, como si se tratara de un conflicto en al ámbito privado.
El lunes, los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Víctor De Gennaro, Margarita Stolbizer y Ricardo Cuccovillo se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo De Lázzari, y con la Procuradora General, María del Carmen Falbo, para discutir sobre el conflicto. Ayer, la AJB y la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) convocaron a una concentración frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires en la capital del país.
-¿En qué momento del conflicto están los trabajadores judiciales?
-Estamos en un momento crucial, que puede significar el encausamiento del conflicto y la resolución del mismo, o bien un estancamiento definitivo. Nosotros ayer rechazamos una medida dispuesta que fue la conciliación obligatoria, pero planteamos que ese ámbito fuera en cambio para negociar. Allí surgió la posibilidad de que desde el sindicato elaboremos una propuesta que estaríamos presentando en las próximas horas al Ejecutivo y a la Corte.
-¿Ustedes reclaman el regreso de la Ley Porcentual?
-Específicamente, lo que reclamamos es la vuelta del sistema porcentual. La ley es una herramienta, puede ser eso, puede ser un acuerdo, puede ser de muchas formas. Lo que nos importa es el sistema en sí. Ese es el motivo del conflicto, que lleguemos a un acuerdo que establezca la vigencia del sistema porcentual. Una vez fijado eso, lo demás es motivo de negociación, seguramente bastante larga respecto de las formas, las etapas, los plazos en los que el sistema se irá implementando gradualmente hasta llegar a su plena aplicación.
-¿Cuándo y por qué motivos dejó de aplicarse?
-Como muchas otras cosas, la no vigencia de la porcentualidad es producto del neoliberalismo en su máxima expresión, cuando los salarios de los trabajadores eran variable de ajuste, mientras Carlos Menem gobernaba el país y Eduardo Duhalde la provincia. Ahora, el problema de fondo es que si bien Argentina ha tenido en los últimos ocho años un crecimiento importante en la economía y los gobiernos, incluso el gobierno de la provincia, hablan de superávit fiscal récord de recaudación, eso no se traduce en una mejora equivalente en el salario de los trabajadores, en este caso los judiciales.
– La semana pasada, en conferencia de prensa, denunciaron tareas de inteligencia. ¿De qué se trató esa denuncia?
-Se trató de un hecho si se quiere colateral, pero que forma parte de la estrategia del gobierno y la Corte. Consistió en tareas de inteligencia llevadas adelante por personal policial sobre trabajadores judiciales. Sacando fotos, filmando, preguntando nombre y actividades de compañeros a comerciantes de la zona e inclusive dentro del propio edificio de la Corte. Una flagrante violación a la ley de seguridad interior, que mereció el unánime repudio de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Lo denunciamos y la respuesta fue el silencio de parte del gobierno y del máximo tribunal.
-¿Qué esperan que pase cuando presenten su propuesta?
-El que debe replantearse su actitud es el Ejecutivo provincial. Nosotros hasta ahora hemos tenido la presencia policial en tribunales, las tares de inteligencia, los descuentos por los días de huelga y la conciliación obligatoria. Es momento de que cumplan con compromisos que han firmado. El gobierno se había comprometido por escrito hace años a retomar el sistema porcentual y lo refrendó luego, pero llegado el momento nunca quiso abrir el debate.
-En las últimas semanas se habla de una interna entre el gobernador Daniel Scioli y su vice Gabriel Mariotto. ¿Tiene algún impacto sobre el conflicto?
-En realidad no lo sabemos, la opinión del gobernador la tenemos a través de los ministros, pero no sabemos que piensa el vicegobernador porque no hemos podido hablar con él, ni tenemos conocimiento de que hasta el momento se haya pronunciado respecto del conflicto.