Por Ezequiel Arauz. La jornada, convocada por la CTA y movimientos sociales, incluirá una movilización a Plaza de Mayo. Paritarias sin techo desde los 5 mil pesos; eliminación del impuesto a las ganancias; 82% móvil para los jubilados; unificación de las asignaciones familiares y nacionalización y aumento del Programa lan Argentina Trabaja, as principales demandas.
“Paro Nacional y 100 cortes de rutas y puentes en todo el país”, de esa manera lo anunciaron desde la Central de Trabajadores de la Argentina que encabeza el dirigente estatal Pablo Micheli, cuando el pasado 25 de abril al cierre del consejo federal, los delegados votaron la medida que se llevará a cabo el próximo viernes.
Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, la Juventud Rebelde-Rebelión y el MST Teresa Vive, serán adherentes y convocantes a la jornada junto a los sindicatos, organizaciones sociales, barriales y culturales que integran la CTA. La convocatoria, su carácter y composición –al tiempo que no deja de ser muestra del grado de fragmentación y división de las cúpulas sindicales y el conjunto de las organizaciones populares – registra escasos antecedentes durante la etapa kirchnerista.
Con el reclamo de convocatoria al Concejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que reúne a representantes del gobierno, empresarios y trabajadores como marco, la central de trabajadores pondrá en la calle su agenda actual. Las actividades concluirán en Buenos Aires con una movilización hacia la Plaza de Mayo.
Salarios e inflación
Más allá de manifestarse por la conquista de condiciones de trabajo dignas y contra el trabajo en negro y precarizado, la principales demandas apuntarán a evitar el retraso salarial frente a la inflación creciente. En primer lugar, se expresa en la exigencia de paritarias “sin techo”, es decir, sin una presión concreta del gobierno para favorecer a las patronales en el cierre de los acuerdos en porcentajes menores a otros años.
Las cifras, nunca confirmadas oficialmente, hablaban al inicio del proceso paritario actual de un 18% como techo, número por el que hasta el momento, acordaron los choferes de Unión Tranviarios Automotor y los porteros del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).
Como sea, ese porcentaje está bastante por debajo de los niveles anuales de inflación mayoritariamente aceptados que rondan el 26%. La Unión Obrera Metalúrgica cerró recientemente aumentos por el 23%, cifra que se ubicó como un nuevo piso desde el que otros gremios grandes, como la Alimentación, Camioneros y también los Gastronómicos buscarán elevar sus rondas, buscando acercarse al 30%.
En la CTA ponen especial atención en el caso de los estatales nacionales, que de la mano de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) de Andrés Rodríguez accedieron a un acuerdo que recompone sus salarios apenas por sobre el 20%. ATE, justamente el sindicato del que proviene Micheli, rechazó de plano ese acuerdo, que se firmó con la Casa Rosada como escenografía y fue luego reivindicado públicamente por la propia Cristina Kirchner.
Desde que se inició el proceso paritario, en el marco de una fuerte disputa con Moyano, la presidenta apeló, dirigiéndose por igual a las patronales y las dirigencias sindicales, a la “racionalidad” a la hora de negociar. La mayoría de los cierres hasta el momento están por debajo de los niveles de inflación y son firmados en porcentajes comparativamente menores respecto del año anterior.
En ese sentido, la central postula la aplicación de una suma de 5 mil pesos como punto de partida general en términos salariales, desde el cual negociar sectorialmente. Otro de los puntos del pliego tiene que ver con un reclamo que la CTA ratifica en cada uno de sus congresos desde que fue fundada: el 82% móvil para las jubilaciones.
La central propone obtener los fondos provenientes de la reestatización de las AFJP con los que cuenta el ANSES y el reestablecimiento de los aportes patronales para su financiación. Si bien durante el kirchnerismo se amplió el universo, con la incorporación de 2 millones de nuevos jubilados sin aportes previos, la píramide se achato y casi el 80% cobra el haber mínimo, que asciende a $1.680.
Anulación del impuesto a las ganancias
Otro eje postulado por la CTA es la anulación del llamado “impuesto a las ganancias” para los trabajadores. “El salario no es ganancia” sostienen desde la central diferenciándose de la CGT cuyos dirigentes coinciden en reclamar la suba del mínimo por el cual los salarios no tributan dicho impuesto, fijado por ley apenas por debajo de los 5 mil pesos..
Víctor Mendibil, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA – CTA) explicó que “es absurdo que los trabajadores tributemos ganancias especialmente cuando las rentas del capital por operaciones especulativas, en el mercado financiero y de capitales están exentas”. En igual sentido, el dirigente agregó que “las fabulosas ganancias de las grandes corporaciones transnacionales pagan impuestos mínimos” y “las rentas de los plazos fijos no pagan impuestos”.
Entre las consignas impulsadas por el paro del viernes se encuentra aquella que busca una “verdadera reforma impositiva para que los que más tienen sean los que más paguen”. De nuevo fue Mendibil el que sostuvo al respecto que es “necesario explicar una vez más que los impuestos indirectos, al consumo, son la principal fuente de ingresos del Estado en la Argentina”.
Otro eje relacionado con los ingresos, hace foco en las asignaciones familiares, exigiendo su unificación, ya que en la actualidad su monto y a veces hasta su pago, queda a criterio de municipios y gobernaciones.
Políticas sociales, soberanía energética y de Derechos Humanos
Respecto del programa estatal “Ingreso Social con Trabajo” conocido como Argentina Trabaja, que propone empleo generado bajo ciertos criterios cooperativos y cuya aplicación focaliza sobre todo en el Gran Buenos Aires, se reclamará su efectiva nacionalización e implementación en todo el país.
De cara a la crisis habitacional, con el paro se exigirá “tierra y planes de vivienda para cada familia argentina”. La agenda de la jornada se opone además al ajuste en el Estado, sosteniendo la necesidad de aumento del presupuesto aplicado al sistema de salud y educación.
En torno a la soberanía, la central y las organizaciones convocantes proponen ir por una YPF estatal, retomando el 100% de las acciones de la petrolera y por la nacionalización de todos los recursos energéticos. Asimismo, la jornada se manifiesta por la “inmediata derogación de la Ley Antiterrorista”, sancionada a instancias del oficialismo parlamentario a fines de 2011 y por el “desprocesamiento de todos los luchadores”.