Por Matías García y Mariano Féliz*. Un análisis de la relación entre el gobierno nacional y la multinacional Monsanto. El lanzamiento de la nueva semilla “Intacta RR2 Pro” y el proyecto del ministro de Agricultura de modificar la Ley de Semillas vigente.
Cronológicamente, los hechos pueden iniciarse el 15 de Junio con la presidenta Cristina Kirchner en el Council de las Américas explayándose con orgullo acerca de la reunión que había mantenido con la empresa de agronegocios más grande del mundo -Monsanto-, asegurando que la misma invertirá en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas 1600 millones de pesos para desarrollar una planta de tratamiento de semillas transgénicas de maíz. Continúa el 21 de Agosto, día en que Monsanto presenta la nueva soja “Intacta RR2 Pro” que promete incrementar los rendimientos hasta un 11% (alrededor de 5 millones de toneladas extra de soja). En dicho evento participó nada menos que el Ministro de Agricultura Norberto Yauhar, quien reivindicó con entusiasmo los derechos de propiedad de las empresas mejoradoras de semillas. Si no creyéramos en las casualidades y sí en las causalidades, no debería sorprender que en dicha presentación el funcionario nacional anunciara el envío al Congreso de un proyecto oficial para modificar la Ley de Semillas.
Retrocediendo un poco más en el tiempo, llegamos a 1996, año en que se libera el último evento transgénico en autógamas: la soja RR (Resistente al Roundup, nombre comercial del glifosato), también propiedad de Monsanto. En aquel momento, Monsanto dejó deliberadamente el gen RR en el dominio público, pues no fue patentado en Argentina, aunque sí en otros países, como los europeos y Estados Unidos. Esto facilitó su fuerte difusión, con una ventaja importante para la empresa: ella vende también el herbicida (glifosato) al que la planta de soja RR resiste. De este modo, resultó una movida estratégica que le permitió beneficiarse con las ventas de sus semillas transgénicas y de los crecientes volúmenes de glifosato. Sin embargo, tras aceptar y beneficiarse de esa fórmula durante 10 años, Monsanto decidió que los agricultores deberían también pagar regalías a la empresa por el uso de la soja RR de hasta 15 dólares por tonelada. El gobierno de Néstor Kirchner en ese momento rechazó tal pretensión, existiendo como represalia la detención de barcos con harina de soja argentina en puertos europeos. El mismo gobierno inicia una demanda ante tribunales europeos, que terminan dándole la razón a la Argentina.
La estrategia adoptada esta vez por la multinacional para la semilla “Intacta” es diferente que la decidida para la primera soja RR. Monsanto ya se aseguró la propiedad intelectual en el país, y la aceptación de la misma por parte de más de 8500 grandes empresarios sojeros (lo que representa el 60% del área de la soja), quienes rubricaron un acuerdo ad-hoc. Lo grave es la posibilidad del “acuerdo” público, por cuanto se limitaría derechos consagrados en la Ley de Semillas.
La Ley de Semillas (N° 20.247) fue sancionada en el año 1973, y mantuvo ilesa desde entonces la que fuera su tal vez más importante prerrogativa (artículo 27): el derecho que poseen los agricultores de poder reproducir sus propias semillas, aun cuando estas pudieron haber partido de una simiente que tuviera algún tipo de mejoramiento genético protegido. Vale decir que este derecho no tiene igual impacto en todos los cultivos. Las plantas alógamas (maíz, girasol) producen granos (semillas) que por su forma de polinización poseen una alta variabilidad genética en cada nueva generación, en cuyo caso los agricultores que usen híbridos indefectiblemente deben comprar las semillas todos los años. Diferente suerte corren las autógamas (soja, trigo), que por su mecanismo de autofecundación, posibilitan la reproducción ilimitada de las semillas prácticamente sin pérdida de la información genética.
En la práctica, eso posibilita que apenas el 20-25% de la semilla de soja sea adquirida en semilleras y pague regalías, mientras que el resto se divide en uso propio y la denominada “bolsa blanca”, que es la venta de la semilla por canales informales.
Por ello, lo que se pretende con la modificación de la ley no es el reconocimiento del derecho de propiedad de Monsanto, ni que se le pague regalías al comprarle la semilla (cosa que ocurre) o combatir la “bolsa blanca” (sería inconcebible que se cercenen derechos para evitar a los que delinquen). El propósito que no se oculta y que guarda directa relación con los hechos descriptos al principio de la nota es el de limitar el milenario derecho de los agricultores al Uso Propio de la semilla. De esta manera, guardar parte de la cosecha como semilla para la siguiente siembra se transformaría en ilegal.
La fuerte restricción de este derecho busca ser atenuado. Yauhar aclaró que la ley incluirá en un capítulo especial la “previsión necesaria para que los pequeños y medianos productores tengan el acceso a la tecnología como el resto”. Para ello, si bien el proyecto de ley mantiene este derecho del agricultor de uso propio de las semillas (artículo 30), se redactó una definición dura y restrictiva de este sujeto (artículo 7 inciso f), en la cual surgen dudas no sólo en la interpretación sino que también en su cumplimiento.
Existe un discurso, en donde se afirma que la nueva ley (y Monsanto) pretende sólo cobrar regalías al 20% de los productores de soja, responsables del 80% de la producción. La pregunta obvia es:¿la manera de lograr ese objetivo es vulnerando un derecho no sólo para el restante 80% de los productores de soja, sino que principalmente también para la totalidad del resto de los productores, mayoritariamente pequeños?. El riesgo es gigante.
Suena contradictorio que en un país en donde desde la primer magistratura se menoscabó al “yuyito”, ahora se avale políticamente a la mayor empresa impulsora de la soja. Resulta discordante que un país en donde parte del argumento de las retenciones a la soja tenía como propósito reducir el monocultivo, limitar su expansión y disminuir la vulnerabilidad que este modelo ocasiona, se aprueben eventos biotecnológicos que no hacen más que profundizar el mismo, además de incrementar el problema de degradación de bienes comunes, desaparición de productores y concentración de la producción, entre otros. Parece paradójico, que un gobierno que asegura defender y promocionar a la agricultura familiar, favorezca tan abiertamente a la principal empresa antagónica de dicha forma de producción, como así también avasalle paralelamente el derecho inmemorial de uso propio de semillas. Y por último, es indudablemente poco coherente, en un país en que se habla de la soberanía y de las políticas nacionales y populares, que se posibilite a las multinacionales de los agronegocios no sólo incrementar aun más su rentabilidad, sino que además prevalezcan en una crucial disputa ideológica. Ya que la aceptación de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas no es mas que legitimar que continúe la privatización de la naturaleza, mas aun cuando las semillas agrícolas son el fruto de miles de años de búsqueda, descubrimiento, selección, crianza y paciente desarrollo llevado adelante por comunidades campesinas y pueblos originarios. Y con la legitimidad, aparece el formidable poder simbólico y real que brinda tener la propiedad legal de las semillas, origen de los alimentos.
* Investigadores del CONICET, docentes de la UNLP e integrantes del Centro de Estudios para el Cambio Social (cecso.argentina.2011@gmail.com)