Represión o revuelta: dos momentos constitutivos en disputa

Por Hernán Ouviña / Foto por Ayelén Rodriguez 

En uno de sus textos más lúcidos, el marxista boliviano René Zavaleta supo expresar que “hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano, o sea su causa remota”. Si bien no lo explicita del todo, resulta evidente que está aludiendo a situaciones como el proceso de acumulación originaria descrito por Marx en El Capital, pero también a aquellos más recientes que, al decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: ciertas coyunturas críticas de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de operar como concepción predominante del mundo para ellas, permitiendo que emerjan otras propuestas y horizontes de sentido, ya sea con potencialidad emancipatoria o profundamente regresivos.

Dos momentos constitutivos

Siguiendo este planteo, consideramos que en Argentina hoy se encuentran en juego dos formas de interpretar a -y sobre todo incidir en- la actual coyuntura, que nos reenvían a momentos constitutivos de nuestro país. La hipótesis que queremos compartir es la siguiente: si 1880 funge de parteaguas fundante, porque condensa la culminación de la mal llamada “Conquista del Desierto” (eufemismo para aludir al casi total exterminio de los pueblos indígenas, en particular el mapuche, y a la privatización de sus territorios ancestrales, considerados “espacios vacíos”), que sienta las bases materiales del “orden” capitalista y de una hegemonía de carácter duradero para las siguientes décadas, esto es, de la matriz productiva agro-exportadora terrateniente y del monopolio coercitivo del Estado burgués; diciembre de 2001 constituye, como reverso relacional, otro momento constitutivo, en tanto contexto anómalo y de crisis aguda, que en palabras de Zavaleta “exige la caducidad de la capacidad de dominación por parte de la clase a la que sirve el Estado y a la vez cierta incapacidad coetánea por parte de los oprimidos en cuanto a la construcción de su propio poder, incapacidad siquiera momentánea”.

A riesgo de resultar simplistas, ambos resultan ser parte de una historia que -cual tizón encendido y a pesar del tiempo transcurrido o de los pretendidos “cierres”- aún no es plenamente Historia, ni un pasado desvinculado sin más de nuestra memoria colectiva y de este presente de lucha. En el primer caso (1880), porque sintetiza la consolidación de un poder económico y político que se entrelaza y confluye para apuntalar las relaciones mercantiles y defender los intereses capitalistas, desde una perspectiva de racialidad colonial, que casi 150 años después hace revivir la consigna de “Orden y Progreso” -verdadero eslogan de la élite roquista y de la burguesía triunfalista– para justificar en pleno siglo XXI el desalojo de un corte de ruta o de territorios ancestrales, hoy devenidos estancias de empresarios transnacionales, espacios sumidos en el engranaje de los agronegocios o bien parques nacionales bajo potestad exclusiva del Estado. En el otro (2001), debido a que puso en crisis la hegemonía de las clases dominantes e hizo visible nuevas formas de pensar-hacer política más allá de las instituciones estatales, a través de la acción directa en las calles, el ejercicio de la horizontalidad y la construcción de poder popular, la emergencia de asambleas barriales, la autogestión obrera de empresas quebradas por la patronal y la configuración de movimientos piqueteros o de base territorial, al calor del que se vayan todos como consigna aglutinadora y de experimentación militante.

Dos momentos constitutivos, por tanto, traídos al presente y crudamente enfrentados. De un lado, el que se recrea desde arriba, del que se valen y al que apelan la burguesía y el Estado para quebrar la resistencia popular y garantizar el disciplinamiento de las clases y grupos subalternos, y que tuvo hitos trágicos como el 24 de marzo de 1976. Al respecto, no resulta casual que la dictadura cívico-militar que se instaura en esa fecha, haya decidido autodenominarse “Proceso de Reorganización Nacional”, en clara alusión y continuidad de aquel período fundante acontecido un siglo atrás. La coerción brutal emerge como hecho en común, verdadera y oculta génesis del poder dominante, ejercido -al decir de David Viñas- contra “los principales componentes que perturban, impiden y postergan que la Argentina se convierta definitivamente en un país capitalista”. Gauchos e indios salvajes en un caso (los primeros “desaparecidos” en estas tierras), subversivos y terroristas apátridas en el otro. Según Viñas, un hilo rojo conecta a estas alteridades: “el universo de los sometidos, en la Argentina de 1879 a 1976, se ha ido superponiendo hasta mezclarse y confundirse con el nivel de lo censurado”.

Pero se sabe: no hay sometimiento que sea total e inexorable, ni dominación que -por más descarnada que resulte- pueda excluir como polo relacional a la resistencia, por lo que a lo largo de nuestra historia también han existido momentos constitutivos enhebrados desde abajo, que nos remiten a poner el cuerpo en la lucha y a ejercitar la política desbordando los límites establecidos, a disputar el sentido de lo público desde lo popular-comunitario y a cuestionar lo instituido, en contra no sólo del mercado sino incluso del Estado, a evitar el encapsulamiento y las modalidades tradicionales de intervención militante, y que ha tenido en Argentina numerosos destellos de insubordinación y de rebelión plebeya, signados por la espontaneidad (que nunca se vivencia en estado puro por cierto), entre ellos el 17 de octubre de 1945, el 29 de mayo de 1969, y uno tan reciente y vivo -las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- que aún no es enteramente Historia.

Ambos momentos (1880 y 2001) se confrontan, revisitan y disputan en la actualidad, a punto tal que nos permiten entender las raíces de lo acontecido en los últimos años, al tiempo que nos brindan pistas en torno a las intenciones y apuestas por las que transitan, de manera subterránea, las querellas y antagonismos que desgarran actualmente a nuestra sociedad.

Actualidad de la historia

En efecto, la desaparición y muerte del joven artesano Santiago Maldonado en de agosto de 2017, en medio de un mega-operativo que “liberó” a sangre y fuego una ruta del sur del país, donde unos pocos mapuches reclamaban por tierras ancestrales que hoy se encuentran en manos de Benetton (el mayor terrateniente de Argentina, con casi un millón de hectáreas en su poder), al igual que el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, joven integrante de ese mismo pueblo originario, que osó recuperar junto a un grupo de familias territorios apropiados por el Estado, y obtuvo como respuesta la muerte el 25 de noviembre pasado a manos de la prefectura naval (fuerza policial militarizada que junto con la gendarmería, en rigor, tienen por función la “custodia” de fronteras y no la represión de protestas), si bien no resultan hechos aislados, dan cuenta de la vigencia y reactualización de aquel momento constitutivo de acumulación originaria, a partir de un poder desaparecedor y expropiatorio a cargo del Estado, que opera al servicio de los (falsos) dueños de la tierra.

Este poder, inaugurado a escala nacional con las masacres indígenas a finales del siglo XIX, y replicado en coyunturas críticas como la de la Patagonia rebelde (donde cientos de obreros rurales fueron asesinados por exigir la vigencia de derechos laborales elementales) o la de la última dictadura cívico-militar (que dejó como saldo 30 mil detenidos/as-desaparecidos/as, a pesar de que el gobierno de Macri se esmere en cuestionar ese número), se solventa en un momento originario y candente, que continua marcando a fuego, como rasgo indeleble del bloque histórico argentino, la dinámica de la lucha de clases, el sistema de dominio racial, la opresión heteropatriarcal y la estructura socio-económica imperante en nuestro país.

Si en palabras de Freud “la civilización está construida sobre un crimen cometido en común”, en este caso ese exterminio tiene como puntapié el etnocidio de pueblos enteros y el despojo de sus territorios, en aras de su conversión en propiedad privada a ser explotada por las clases dominantes (las cuales, dicho sea de paso, no resultan pre-existentes a este momento constitutivo, sino que tienen su origen y fuente de poder en este mismo proceso de violencia y expropiación), pero también la planificación de la desaparición forzada de miles de activistas al compás del terrorismo estatal que se generaliza tras el 24 de marzo de 1976. Si bien ciertas lógicas represivas y desaparecedoras no estuvieron exentas en las últimas décadas en Argentina, a partir de diciembre de 2015, con un gobierno compuesto en su mayor parte por gerentes, apologistas de la “mano dura”, defensores de los responsables de aquel genocidio y empresarios cuyos apellidos, por cierto, en muchos casos nos reenvían a la vieja oligarquía que moldeó al Estado con sus propias manos, estas formas de violencia estructural cobran una intensidad inusitada.

Por ello no deberían leerse como un exabrupto las declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri -nada menos que en el Foro Económico Mundial de Davos- asegurando que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. Esta afirmación ha estado acompañada por una infinidad de discursos, comunicados y gestos mediáticos de quienes integran su gabinete, que con una similar apelación al “orden” blanco y occidental dejan traslucir un profundo revanchismo racista y odio de clase. Basta recordar la expresada por el entonces Ministro de Educación del gobierno de Cambiemos, Esteban Bullrich, quien a finales de 2016 manifestó en la provincia de Río Negro (territorio mapuche antes de que el ejército asesine, en 1879, a cerca de 1300 indígenas y encarcele o reduzca a servidumbre a más de 15 mil), que Macri encabeza “la nueva Campaña del Desierto, no con la espada, sino con la educación”. Más allá del lapsus (espadas utilizaron los españoles en sus primeras incursiones, no los soldados del ejército argentino, que se valieron de fusiles remington, lo cual no deja de evidenciar el continuum colonialista en la psiquis de las élites criollas), la alusión a aquel momento fundante no resulta un hecho excepcional. Consultado por sus libros preferidos, Bullrich confesó que Soy Roca, biografía del que fuera máximo artífice militar de este genocidio, es su texto de cabecera. No es para menos: uno de sus antepasados y tatarabuelo fundó, en 1867, la casa de remates Adolfo Bullrich y Cía, donde se venderían poco tiempo más tarde las tierras apropiadas a las comunidades indígenas, e incluso niños y mujeres mapuches a bajo precio.

Por su parte, la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que debido a lo que André Bretón llamaba el “azar objetivo”, es pariente de su homónimo Esteban y tiene idénticas raíces oligárquicas), no ha dejado de ser la punta de lanza del discurso punitivista que valide la construcción del “enemigo interno” y legitime la escalada represiva que se vive en el país. Su desproporcionado nivel de exposición mediático desde el inicio del gobierno de Macri tampoco es casual. Teniendo como caballo de batalla a la “guerra” contra el narcotráfico y la inseguridad, se intenta interpelar al imaginario social autoritario y conectar con cierta necesidad de protección, respeto de la ley y deseo de restablecimiento del “orden”, que el sentido común dominante exige de parte del Estado.

La defensa enconada del accionar de las fuerzas represivas, incluso en situaciones de abierta flagrancia (realización de desalojos sin orden judicial, detenciones a periodistas en manifestaciones por intentar cubrir violaciones de derechos humanos, apología abierta de casos de “gatillo fácil”, como el cometido por el policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a un menor de edad que huía tras cometer un robo, y fue recibido como “héroe” por el presidente Macri y la Ministra Bullrich en la Casa Rosada), se complementa con el reforzamiento mediático de prejuicios y estigmas que tienden a asociar juventud pobre o población villera con delincuencia, protesta social o paros activos con desestabilización e ilegalidad y pueblo mapuche con terrorismo, buscando así fortalecer una visión de mundo que avale -e incluso demande- una intensificación de la faceta coercitiva del poder estatal.

Cabe por lo tanto preguntarse si no estamos en presencia de un fenómeno que se asemeja a lo que René Zavaleta denominó hegemonía negativa, es decir, “una construcción autoritaria de las creencias”, asentada en este caso en una delicada combinación de apelación al miedo y a la autopreservación individual, con “tolerancia cero” y castigo ejemplificador de quienes azuzan el “caos”, cuestionan la propiedad privada o quebrantan la legalidad, que redundaría en una aceptación acrítica de la creciente militarización de la vida social. Quizás la novedad esté dada por la mixtura de ciertos dispositivos de despotismo estatal que cobran mayor relevancia para gestionar la inseguridad, con un “emprendedurismo” de raigambre societal, que incita a participar activamente en la garantía del orden (construcción vecinal de “mapas del delito”, grupos de wasap de “alertas barriales”, voluntarios dispuestos a suplir en las escuelas a maestras en huelga) desde lo que Esteban Rodríguez caracteriza como vigilantismo o giro policialista, enfocado a estigmatizar y combatir al otro que no comparte, o parece amenazar, sus formas de vida.

Pero si las clases dominantes tienen a 1880 como momento constitutivo y horizonte de sentido, a partir del cual actualizar su vínculo con el Estado y aspirar a validar en términos hegemónicos la matriz de acumulación capitalista y la gobernabilidad en Argentina, los sectores populares y las clases subalternas también ostentan momentos claves, que aún relampaguean como recuerdos y sedimentos activos en su memoria histórica, y fungen de núcleos de buen sentido de los que adueñarse para enfrentar, en instantes de peligro como el actual, la vulneración de derechos, los múltiples atropellos y las renovadas estrategias de explotación que la burguesía y el imperialismo buscan concretar, en el marco de un contexto de crisis global, desorientación teórica, reprimarización de la economía, intensificación del extractivismo e inestabilidad política en la región.

En este punto, resulta significativo entender que, si Macri no ha podido avanzar de manera más enconada en la implementación de su proyecto “refundacional”, no ha sido a raíz de las desavenencias al interior de la coalición gobernante (que las ha habido), sino ante todo por la correlación de fuerzas que en términos políticos -y a pesar de las urgencias- lo ha obligado a optar por una modalidad más de tipo “gradualista”. Y contra todos los pronósticos, el triunfo electoral de Cambiemos en la mayoría de los distritos en octubre de 2017, no significó un “cheque en blanco” para acelerar el ritmo de esas transformaciones de corte neoconservador. A pocos días de lanzar su propuesta de “reformismo permanente” y enviar al Parlamento un paquete de leyes profundamente regresivas, la realidad les mostró un panorama muy distinto al que suponían.

Resistencia popular y plebeya

Las jornadas de resistencia popular vividas el 14 y 18 de diciembre de 2017 en el centro porteño, vinieron a desmentir la caracterización que durante todos estos años se hizo de la crisis de 2001 como un proceso definitivamente clausurado. La multitudinaria concentración en Plaza Congreso, la capacidad de lucha y “aguante” de decenas de miles de personas de las más variadas tradiciones y orígenes, poniendo el cuerpo durante horas -en medio de gases y balas de goma- en sus calles aledañas y alrededores para rechazar el proyecto de (contra)reforma previsional impulsado por el macrismo, así como la posterior revitalización de la protesta en diversas esquinas de los barrios capitalinos, musicalizada por cacerolas y cánticos que nos reenviaban al que se vayan todos, e incluso la confluencia nocturna de miles de jóvenes nuevamente frente al Congreso para apoyar la protesta, dan cuenta de una memoria política en común, que no fue doblegada y se mantuvo en estado latente en infinidad de militantes, pero también como acerbo general y saber plebeyo sedimentado en la cultura popular de las clases subalternas.

De manera espontánea -aunque con un papel para nada desdeñable de activistas de base con cierta experiencia confrontativa y con la valiente retaguardia forjada por un espectro muy amplio de movimientos, colectivos, sindicatos, partidos y organizaciones populares- estas jornadas evidenciaron que un sector importante del pueblo tiene mayor osadía, combatividad y predisposición para la lucha, de la que suponían analistas de escritorio, burócratas timoratos y dirigentes de viejo cuño dentro de sus cálculos matemáticos. Y también demostraron que el entramado social y la acción directa mancomunada para poner un freno a los intentos de contraofensiva neoliberal, tal como ocurrió en diciembre de 2001, pueden ser recreados en las calles, lo que equivale a afirmar que aquello que se inauguró con estas jornadas hace 16 años, aún no ha sufrido un cierre pleno ni fue totalmente eclipsado en la subjetividad de las masas, ya sea producto de un aniquilamiento político o de un quiebre radical de la resistencia, como pudo haber ocurrido en 1976 o en 1989.

Como es sabido, tras la década explícitamente neoliberal de los años noventa, se abrió en América Latina una etapa de impugnación al Consenso de Washington, lo que no equivalió a su lisa y llana superación, pero sí implicó un cambió en las bases de sustentación para los proyectos políticos con pretensión hegemónica. Mientras las políticas pro-mercado y de despojo de derechos colectivos se erigieron sobre la tierra arrasada de la derrota del campo popular -infligida ya sea por la sangrienta dictadura cívico-militar; o bien por la hiperinflación, la construcción silenciosa de un “sentido de inevitabilidad” del ajuste y el avasallamiento represivo de toda forma de protesta en los primeros años del gobierno de Menem-, el proceso que surge a posteriori de la crisis del 2001 es hijo -por cierto, a destiempo- de las luchas populares en contra del neoliberalismo.

Este ciclo de auge de movilización y participación activa tuvo su declive y reabsorción por mediaciones institucionales, al compás de la recomposición hegemónica durante el ciclo kirchnerista, a pesar de lo cual logró materializarse en una serie de conquistas parciales, tanto sociales como políticas, que constituyen un piso fundamental en términos simbólico-materiales, muy distinto al momento de derrota defensiva de los años noventa. Además, los sectores populares acumularon experiencia y formatos organizativos en los que apoyarse para activar la rebeldía y la confrontación ante medidas regresivas que se intentaran en su contra, lo que conforma un escenario bastante diferente al inaugurado a finales de los años ochenta en Argentina. Claramente, la llegada de Macri al gobierno no es fruto de una derrota inapelable del campo popular y allí reside una diferencia fundamental con relación al ciclo menemista.

Tal vez por ser hijos bastardos del cimbronazo de 2001, tanto el macrismo como el grueso del kirchnerismo construyeron en torno al 19 y 20 de diciembre, un relato que leía retrospectivamente a estos acontecimientos en los términos de un momento “anti-político”, dejado atrás o superado gracias a la recuperación de la “confianza” en las instituciones estatales lograda en todos estos años. Sin embargo, a contrapelo de esta interpretación, creemos que esas jornadas -y lo que inauguraron o permitieron que aflore- fueron anti-política delegativa o anti-política liberal burguesa, pero estuvieron lejos de resultar contrarias a la política como intensidad militante con potencialidad emancipatoria.

Los espacios colectivos de solidaridad creados para paliar el hambre y el desempleo, las iniciativas y lazos comunitarios vertebrados en barrios, plazas, empresas recuperadas, escuelas o universidades, así como el crisol de organizaciones de base, medios alternativos de comunicación, asambleas vecinales, bachilleratos y proyectos de educación popular, cooperativas y emprendimientos autogestivos, colectivos feministas y movimientos territoriales que surgieron, o bien cobraron mayor visibilidad y fortaleza, luego de aquellas calurosas jornadas de insubordinación de masas, tuvieron en muchos casos una clara proyección anticapitalista, descolonizadora y prefigurativa, en la medida en que involucraron un enorme despliegue de potencias que, en conjunto, apuntaron a la recuperación del protagonismo de las y los de abajo, a través de formas exploratorias y autónomas de deliberación y acción profundamente democráticas, e incluso a la ampliación lo público más allá de lo estatal.

Creatividad contra el neoliberalismo

Hoy, el intento de parte de las clases dominantes y el Estado (que parece estar atendido por sus propios dueños) de quebrar esta capacidad de lucha y de disciplinar de manera plena a los sectores populares, como requisito imperioso para superar la crisis y relanzar un nuevo ciclo expansivo de inversión y acumulación capitalista, está encontrando un alto nivel de resistencia en las calles. Buena parte de esos proyectos, organizaciones, iniciativas, movimientos y sectores dinámicos, gestados muchos de ellos al calor del cataclismo de 2001, si bien han mutado o sufrido reconfiguraciones en todo este tiempo, lejos están de haber sido subsumidos o neutralizados por el poder estatal y mercantil, por lo que tienden a cumplir un papel de suma relevancia como retaguardias activas para defender derechos, reimpulsar procesos de auto-organización popular y amalgamar intereses comunes. De ahí que se pretenda instalar nuevamente la teoría del “enemigo interno” como factor desestabilizador, encarnado por terroristas mapuches, delincuentes juveniles, trotskistas destituyentes, maestras o metrodelegados huelguistas, feminazis abortistas o tirapiedras indignados (poco importa el epíteto con el que defina a esa otredad). No obstante, a pesar del panorama sombrío que se avizora en Argentina como consecuencia de un nuevo paquete de ajuste neoliberal que se busca imponer, no estamos en presencia de un pueblo trabajador derrotado en términos políticos.

Las multitudinarias concentraciones y los paros activos convocados por sindicatos combativos, movimientos territoriales y organizaciones de izquierda, la perseverancia y el creciente protagonismo en los espacios públicos por parte del movimiento de mujeres, la importancia de los organismos de derechos humanos en un contexto de creciente criminalización de la protesta y pérdida de garantías elementales, la resistencia de comunidades y asambleas autoconvocadas contra las políticas de despojo y extractivismo tanto en el campo como en las ciudades, la irrupción de sectores de la economía popular y de franjas precarizadas de la clase trabajadora que no se resignan a ser carne de cañón de un proyecto que los segrega y excluye, y sobre todo las jornadas de insubordinación en diciembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, han revitalizado modalidades de protesta basadas en el antagonismo, la rebeldía y la acción directa, que evidencian una situación de profundo dinamismo en el campo social y político de las clases subalternas, e incluso un cierto recambio generacional en la militancia de izquierda.

El escenario de simultánea recesión interna, aumento de precios, precarización de la vida, tarifazos, inflación, acuerdo con el FMI y caída de la imagen del presidente Mauricio Macri y de sus varios de sus ministros en las encuestas de opinión, articulado con una coyuntura mundial adversa que incluye una baja sustancial de los commodities en el mercado global, constituyen el contexto en el que se desenvolverá, sin duda de manera cada vez más aguda y dramática, la lucha de clases en el corto plazo.

Las crisis son momentos propicios para producir teoría crítica y al mismo tiempo resignificar las prácticas colectivas; de balancear lo vivido, enmendar errores y proyectar nuevos horizontes emancipatorios en función de los desafíos que nos depara un presente tan complejo de asir. Pero al margen de estas tareas impostergables, algo resulta claro: el límite de todo ajuste no es otro que la reacción de las y los ajustados. Al igual que en muchos momentos históricos similares -nunca idénticos, por cierto, salvo en clave de farsa o de tragedia, pero siempre presentes en la memoria popular de manera tal que nos evite recomenzar de cero- las clases subalternas demostrarán, en la praxis misma de su experiencia colectiva, cómo se resuelve en esta ocasión el apotegma. Una vez más, habrá que sopesar en clave gramsciana el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, para ejercitar de manera creativa el derecho a la rebelión en las calles.

Ahora es cuando.