Revertir la baja de edad de imputabilidad

Entre 2011 y 2014, la inseguridad pública fue uno de los grandes temas de la agenda periodística y política en Uruguay. El delito fue personificado en la figura de los y las adolescentes, producto de una campaña lanzada por Pedro Bordaberry del Partido Colorado (PC), ideológicamente liberal, y apoyado por el Partido Nacional (PN), también de derecha. La propuesta fue modificar la Constitución para bajar la edad de punibilidad de 18 a 16 años, bajo el slogan “Para vivir en paz yo firmo”.

Organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, partidos políticos y militantes independientes respondieron creando la “Comisión No a la Baja”, disputando los sentidos establecidos y visibilizando la realidad de las y los adolescentes en el país vecino. Dialogamos con uno de ellos, el equipo de Proyectos sobre el Sistema Penal Juvenil de la Casa Bertolt Brecht.

Por Camila Parodi e Ignacio Marchini publicado originalmente en Fundación Rosa Luxenburgo

Como pasa en Argentina, los intentos de baja de la edad de punibilidad y el supuesto incremento de los crímenes graves y gravísimos cometidos por adolescentes están fuertemente vinculados a los procesos electorales. Tal fue el caso de Uruguay, cuando de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre de 2014, el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) intentaron apelar a la demagogia punitivista para conseguir un mayor caudal de votos. Por eso en el 2011 el PC, un partido de derecha uruguayo que en ese momento tenía el 10% del electorado, lanzó la campaña para la baja de la edad de imputabilidad penal.

Entre 2011 y 2013 fueron obteniendo adhesiones de sectores de otro partido conservador, el PN, que se pronunciaron a favor de la baja. Fue recién en ese último año cuando el Frente Amplio, de corte progresista, se posicionó en contra de la baja, generando una voz que cuestionaba que la edad de imputabilidad fuera un recurso adecuado y que debiera reformarse la Constitución. Sin embargo, según la consultora CIFRA, para 2011 la baja de edad de imputabilidad tenía un apoyo del 65% de la población charrúa, lo que permitió que se alcanzasen los 250.000 votos necesarios, mediante un plebiscito, para realizar la consulta el mismo día de los comicios nacionales.

En sólo tres años, organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles, con mucha militancia joven, lograron revertir un resultado que parecía cantado. Para mediados de 2014, el apoyo de la baja de la edad de punibilidad había pasado de 65 a 50% y el No a la Baja había subido 10 puntos. ¿Cómo se logró esto, teniendo en cuenta el agravante de tener a los medios hegemónicos en contra? Para comprender este fenómeno y la nueva avanzada neoliberal en toda la región, dialogamos con Rosana Abella  (segunda a la izquierda, en la foto) y Verónica Silveira (cuarta a la izquierda), del equipo de proyectos sobre el Sistema Penal Juvenil de la Casa Bertolt Brecht.

¿Por qué les parece que fue necesario centrarse en la penalidad de los jóvenes como campaña electoral? ¿Cómo se dio ese proceso?

Rosana Abella (R.A.): Creemos que la construcción del enemigo en la figura del adolescente se caracteriza por ser agresor, por tener algunas acciones que van en contra del status quo, en un país donde tenemos una pirámide poblacional realmente muy envejecida. Era una salida bastante directa para conquistar adeptos y poner en otro, que es bastante lejano al mundo más adulto, el problema de la seguridad. Se asociaba el problema a estos adolescentes, utilizando en muchas oportunidades discursos emotivos y diciendo que eran muy diferentes a los jóvenes de años anteriores, que no tenían valores y que por esa pérdida de valores estábamos sujetos a una situación de violencia extrema, de la cual cualquier ciudadano podía ser víctima en cualquier momento.

Verónica Silveira (V.S.): Lo que sucedió durante los años de las campañas a favor y en contra fue que se legislaron tres leyes que fueron muy regresivas en relación al Código de la Niñez y Adolescencia, que era mucho más garantista en la defensa de los derechos de los adolescentes que habían cometido alguna infracción a la ley penal. Se incrementaron las medidas cautelares hasta 90 días para aquellos adolescentes de 15 a 18 años que cometieran infracciones gravísimas. El juez podía dictar como sentencia la privación de la libertad por un año para delitos como homicidio y violación pero también para delitos como la “rapiña” (robo), que es el que más cometen los adolescentes en Montevideo y el segundo que más se comete al interior del país.

A su vez determinaron que los informes sociales y técnicos no tenían que ser perceptivos para que el juez dictaminara sentencia, de forma tal que el juez puede ahora dictaminar una sentencia sin tener en cuenta las características psicológicas y sociales de los adolescentes. Es algo que evidentemente restringe las garantías de las y los adolescentes y que además va en contra de todos los tratados internacionales que Uruguay ha ratificado a lo largo de su historia. Los cambios más significativos fueron durante el debate de sí o no a la baja, cambios que quedaron absolutamente invisibilizados en la sociedad uruguaya y que claramente fueron un retroceso para los adolescentes que son captados por el sistema penal juvenil.

¿Cómo fue que decidieron organizarse?

V.S.: En el 2011, cuando se lanzó la campaña para bajar la edad de imputabilidad penal, un grupo de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos de Uruguay decidió agruparse en lo que fue una campaña para oponerse a ese plebiscito. Eran organizaciones de larga historia a la cual se sumaron muchos militantes sociales y comunitarios que no tenían en principio una militancia político partidaria pero que sí creían que esta asociación no era explicativa de la realidad social ni era el camino para la solución que estábamos viviendo.

Fue una organización en la que participaron muchos jóvenes. Esta fue una característica muy particular en relación a otras movilizaciones que existieron acá en Uruguay. Todo ese proceso fue liderado por jóvenes y, al tratarse de una población tan envejecida, eso marcaba una diferencia. Se fueron sumando voluntades de otras organizaciones sociales, de la central sindical, trabajando con todos los partidos políticos, inclusive con sectores del Partido Colorado. Se generó un gran frente en común donde se diseñaba una estrategia política de campaña que contemplara todas esas voces y todas las organizaciones que se fueron sumando en el camino.

¿Cómo impactaron en la sociedad estas dos campañas contrapuestas?

R.A.: Creemos que se tuvo que tomar una postura en relación a la seguridad y a la delincuencia y en esta asociación se demostró que existía una gran paridad en la sociedad uruguaya. Un 48% votó a favor y un 53% no puso la papeleta, lo que no significa que estuviera en contra. En el año 2012 aproximadamente el 70% de los ciudadanos manifestaba que una buena solución social era establecer la baja de la edad de imputabilidad, con lo cual una puede inferir que efectivamente se asociaba el problema de la seguridad con la delincuencia adolescente.

V.S.: Los porcentajes que votaron a favor de la modificación en el 2014 se mantuvieron vigentes hasta hoy. Han conseguido las firmas nuevamente para que haya un plebiscito en octubre, una reforma de la Constitución que intenta generar una Guardia Nacional con 2000 militares aportando en la seguridad interna del país, entre algunas otras reformas. Luego del “No a la Baja” apareció la campaña “No al Miedo”, que es la que impulsan ahora. La intención de voto en esta ocasión es mayor que la que se venía teniendo, las condiciones y la demanda de la sociedad siguen yendo por las mismas líneas y reclamos. Es una campaña durante las internas de los candidatos que se presentan a nivel nacional. Hay expresiones con las mismas características que podríamos encontrar hoy en día en Brasil con Bolsonaro. Inclusive hay campañas que se llaman “mano dura y plomo”. Es interesante que en ese año estuviera enfocado solamente en la figura del adolescente y ahora en la del delincuente.

¿Cómo se sostienen los espacios de hace cinco años frente a este nuevo avance punitivista?

R.A.: No pudimos sostener la articulación que se proponía organizarse en torno a los derechos de los jóvenes. Sí se han realizado campañas y acciones concretas. Por ejemplo, desde nuestro espacio Bertolt Brecht estamos tratando de revertir algunas injusticias importantes que prevalecen en la legislación nacional pero no como ese grupo tan poderoso que estuvo liderando el “No a la Baja”. Sí generó que haya más organizaciones sociales que se dedicaron más a la temática, somos uno de los ejemplos. Nos dedicamos a trabajar los derechos humanos en el marco de lo penal juvenil y previo a esta campaña no era un eje que abordáramos con tanta fuerza. También hay organizaciones de jóvenes que trabajaban por la defensa de varios derechos y que continúan trabajando fuertemente en relación a las cárceles, sumándose a las organizaciones que ya lo hacían históricamente como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Comité por los Derechos del Niño.

¿Cuál creen que es el rol de los medios masivos de comunicación en estos tipos de debates?

V.S.: Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante durante todo el periodo, han sido grandes promotores de esta asociación de adolescencia-inseguridad-delincuencia, con intervenciones muy conocidas. Por ejemplo, frente a un hecho de conmoción pública, repetirlo una gran cantidad de veces para generalizar la violencia como algo que prima a todas horas y que en realidad se trata de uno o dos hechos aislados. Del 2011 al 2014 existieron dos, tres hechos con estas características que fueron utilizados por los medios de comunicación. Cuando una se refería a esos casos siempre la respuesta recibida era “la prensa lo dijo”. Era cierto, el hecho efectivamente ocurrió, pero no se observaba la exageración que se hacía a partir del mismo.

R.A.: Tatiana Magariño, maestra sobre este tema, estudió la prensa escrita uruguaya el mes y medio antes y después sobre este tema y claramente se ve un descenso importantísimo, posterior al plebiscito, de la temática de los adolescentes en conflicto con la ley. Aparecían esencialmente asociados a problemas con la ley penal o a la deserción educativa, los dos grandes elementos con los que llegaban a la prensa.

En Argentina volvió el debate al Congreso, pero el oficialismo no contó ni con los votos ni con el respaldo de especialistas y se cayó el tratamiento de la ley. ¿Qué pueden recomendarle a las organizaciones que siguen este tema y que saben que eventualmente va a volver a la agenda pública?

R.A.: Les recomendamos generar una línea argumental única, con diversidad de actores sociales. Uruguay contempló argumentos muy variados: psicológicos, sociológicos, jurídicos, educativos, que pudiera hacer simpatizar tanto a quien quiere resolver el problema de la seguridad, pero que entiende que estas reformas pueden ser muy graves para sus hijos, hasta alguien que no se lo había cuestionado nunca. Esa variedad de argumentos, mantenida y sostenida por una variedad de actores, funcionó como vehículo que posibilitó que mucha gente empatizara y se acercara un poco a la idea.

V.S.: Lo importante es eso, la diversidad. Tener que trabajar en conjunto con otras organizaciones, con otros posicionamientos y miradas de la realidad, pero entendiendo que lo que nos unía era luchar contra la baja de imputabilidad penal. Sobre aquellos otros elementos que sí eran importantes para cada organización había que de alguna manera negociarlos en el colectivo más amplio, tener la apertura para generar esas instancias de negociación y sostener el consenso para que se mantenga el acuerdo de argumentos para utilizar. Se sostuvo en el tiempo con las organizaciones por muchos años un proceso de negociación y acuerdo permanente. Acá aplicó perfectamente la frase hecha de “la unión hace la fuerza”. Así logramos el resultado positivo que tuvimos.