Río Negro: la Justicia pide indagatoria para militantes sociales

Por Lucrecia Fernández

A solo tres días de comenzar la feria judicial en Cipolletti, Río Negro, seis militantes del Frente Popular Darío Santillán recibieron notificaciones de la justicia por causas en sus contra de amenazas, y coacción agravada.

El próximo 29 de julio es el día fijado por la justicia rionegrina para llamar a indagatoria a tres militantes del Frente Popular Darío Santillán por “amenazas”, y el 15 de agosto será la de las otras tres personas acusadas por “coacción agravada”. Ambos cargos son delitos penales y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones, junto al Frente Popular Darío Santillán Regional Alto Valle, acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo a persecución política a las seis personas acusadas.

Diversas organizaciones sociales trabajan día a día en los barrios más castigados de la ciudad de Cipolletti, sosteniendo comedores comunitarios y copas de leche, actividades de contención con niños y niñas y organizando emprendimientos productivos. En este marco, y luego de la asunción del nuevo municipio PRO a cargo de Aníbal Tortoriello, quien durante su campaña prometió “la regularización de las tomas de tierras” a favor de los vecinos y vecinas que venían ocupando terrenos, producto de la problemática habitacional de la ciudad, se llevaron adelante una serie de reclamos.

“La acusación se debe a que realizamos cortes en el Ministerio de Acción Social, en la Municipalidad, y en la entrada de una empresa que pertenece al intendente de Cipoletti Ya finalizaba marzo y no habían cumplido esta promesa [la de resolver la situación de las tomas] y al desabastecimiento de las copas de leche, ya que no se estaban enviando los camiones de alimentos a los barrios carenciados de la ciudad”, comenta Sabino López. Sobre él recae la acusación de “coacción agravada”.

Posterior a estos cortes realizados en la ciudad de Cipoletti, “en los medios de comunicación comenzó una campaña contra las tomas y los reclamos, terriblemente estigmatizante” detalla Sabino. Con el aval de estas campañas se realizó una serie de mapeos en los barrios donde se entregaban alimentos. Las y los militantes afirman que desde el Municipio “se filtraron datos del relevamiento realizado, y de allí es de donde se nos personalizó y se pudieron armar las causas en nuestra contra”.

Otro aspecto importante de esta judicialización es el relacionado con las militantes acusadas: “Un agravante es que las compañeras que están siendo procesadas pertenecen al Espacio de Mujeres del FPDS y participan activamente de las jornadas de lucha contra las violencias de género y diferentes juicios contra feminicidas, abusadores y violadores de la región”, detalla el documento emitido hace una semana por diversas organizaciones de la región rionegrina en el que repudian la situación. “No nos parece casual que ellas sean las compañeras que están siendo judicializadas”, afirma en otro apartado.

Lo cierto es que no hay claridad del hecho en el que se enmarcan las acusaciones o el motivo de que sean direccionadas específicamente contra esas seis personas porque “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López. Como fueron emitidos en el comienzo de la feria judicial de Río Negro –que fue entre el 11 y el 22 de julio– “no nos dieron tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas es la Doctora Victoria Naffa, quien estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

En ese contexto, el próximo 26 de julio se realizará una asamblea multisectorial en Cipoletti “para pensar la concentración y acciones a seguir frente a este claro intento de criminalización y judicialización de la lucha que estamos sufriendo”, cuenta López, y agrega que esperan “contar con la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales de la región, ya que necesitamos de todo el apoyo en este duro momento que nos toca atravesar”.

Y es que resulta preocupante la situación de las causas que pesan sobre los  militantes, sobre todo por los precedentes de esta provincia en materia de criminalización de la protesta social y de la pobreza, “dos ejes totalmente atravesados en los reclamos y repudios que se vienen efectuando”, reflexiona Sabino. Y repasa: “La provincia rionegrina es quien en Bariloche en 1996, llevó a juicio a la docente Marina Schifrin, cuando protestaba junto a otras personas por salario digno; es también la provincia que encarceló a cinco referentes de la Cooperativa 1 de Mayo, enviando a las mujeres a General Roca, a los hombres a Viedma; costó mucho lograr su libertad y aún siguen procesados; El ex intendente de la localidad recientemente adhirió a la ley que permite detenciones a menores de 18 años sin dar aviso a los padres y sin que intervengan las unidades judiciales específicas para niñez y adolescencia”. Todas estas razones  son una muestra del escenario complejo en el que se han desarrollado estas seis acusaciones y que “evidencian la necesidad de apoyo y el repudio que pesan sobre nosotros”, finaliza Sabino López.