Por Mauricio Vidal, desde Cipolletti. Desde que asumió el nuevo gobierno de Río Negro, con dos gobernadores mediante, el recorte de los gastos públicos ha estado en el centro de su discurso. En los hechos esto significó el despido y precarización de miles de empleados estatales.
El gobierno de Río Negro ha logrado instalar en la sociedad el discurso que el Estado rionegrino tiene un sobrante de “agentes” públicos y que es necesario ajustar para que el Estado sea más eficiente. Así lo ratifican los dichos del presidente del bloque de Senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Ángel Pichetto. Quien reafirmó el respaldo del Partido Justicialista al nuevo gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck -tras la muerte de Carlos Soria-, quien subrayó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió que “ayudara a la gobernabilidad”. Ratificando así que serán dados de baja “unos 3.500 o 4.000 contratos” en la administración pública, con excepción de “aquellos que sean necesarios para la continuidad de los servicios públicos”, para reducir “la superpoblación de empleo público”. Por su parte, Weretilneck en sintonía con el hombre fuerte del PJ rionegrino, afirmo que “el debate de hoy es qué Estado necesita la provincia, que hoy tiene 47.000 empleados públicos para una población de 630.000 habitantes”
Este proceso de ajuste se está dando en el marco de la ley número 4671 (conocida como “Ley de Disponibilidad”) por la cual se declara “…el estado de emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social del sector publico provincial. En su capítulo II reza “declarase sujeto a disponibilidad, por el plazo de 180 días hábiles contados desde la reglamentación de la presente, a la totalidad del personal que revista en la planta permanente del sector publico provincial…, excluido el Poder judicial, el personal con cargos docentes, policiales y del servicio penitenciario provincial”. Este proyecto de Ley se aprobó el día 29 de diciembre del año 2011 y pone a “disponibilidad” a 20.000 trabajadores y trabajadoras del Estado provincial invitando a los municipios a adherirse.
La preparación de la salsa
La estrategia comunicacional que el gobierno se viene dando, incluso antes de ganar las elecciones, ha sido demonizar a los y las trabajadoras estatales expresando conforman una importante masa de “ñoquis” del radicalismo que eran funcionales al partido gobernante para sostener su estructura clientelar. Apenas ganadas las elecciones, Weretilnek afirmó que venían por los funcionarios corruptos que tenían varias causas abiertas: entre ellas sobresueldos extraordinarios de los ministros del ex gobernador Saiz. Se trata de un expediente que incluye un entramado de licitaciones por más de 70 millones de pesos y tiene como imputados a los ex ministros de Familia, Alfredo Pega, de Salud Cristina Uría, de Hacienda, Pablo Federico Verani además de los empresarios Máximo Vicchi, Daniel Fernández y Javier Matas. Estos últimos, responsables de las empresas Masily y Flavors, que además de los hechos de corrupción, son acusados por los alimentos contaminados que distribuían en el programa “Comer en familia” y en las escuelas.
Nada de ello ha ocurrido. Muy por el contario las medidas más contundentes han sido contra los trabajadores y trabajadoras públicas, acordando con el gobierno anterior una transición “lenta y transparente”.
Frente a este contexto complejo, caben algunos interrogantes porque por un lado cuando Pichetto habla de la cantidad de empleados públicos dice que Río Negro “tiene 50 mil empleados públicos y un déficit de 50 millones”, por lo que “hay que revisar todo”, en vistas de lo que se darán de baja “entre 3.500 y 4.000 contratos” para lograr una reducción de “la superpoblación de empleo público”. Y porque en declaraciones a la TV Pública Alberto Werltilnek mencionó que “la cantidad de empleados estatales de Río Negro son 47.000 para una población de 600.000 habitantes”. Habría una diferencia, según las propias afirmaciones de ambos funcionarios, de 3.000 empleados.
Por otra parte, si existe esta cantidad de empleados quiere decir que Río Negro tiene más de la mitad de sus trabajadores/as en condiciones de precariedad laboral, bajo distintas modalidades (becas, decretos, locación de servicio), ya que ellos mismos afirman que hay 20.000 trabajadores en planta permanente, entonces ¿porque ponerlos a disponibilidad? ¿No será que el FPV quiere afinar y colocar su aparato en la estructura del Estado provincial?
El ajuste viene en consonancia con las políticas del gobierno nacional. Y tanto el gobierno actual como el anterior de Saiz, radical K, adhieren a las mismas. El último día hábil del año 2011, la presidenta Cristina Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar un aumento del gasto estatal de 2011. Pero además incorporó un artículo que pone bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos.
El artículo 8 del DNU establece que a partir del 1° de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán “adecuarse” a los requisitos que fije el Gobierno “para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance”. De inmediato, fija que “los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos”. Y para que no queden dudas, añade: “Los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto”. En los fundamentos del DNU se dice que el propósito de la medida es “reordenar” los “pagos extraordinarios” del personal público “no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista”.
Si bien el decreto deriva su aplicación y modalidades a la reglamentación, es claro que apunta a limitar o eliminar toda una serie de rubros de los salarios de los empleados públicos, es decir, implica una reducción salarial.
Es decir que no vienen a ponerle la salsa a los ñoquis sino que están despidiendo a personal que cumple cotidianamente con su tarea, que cumple reales funciones en distintas áreas (administrativos, enfermería, cocina y servicios generales). Sólo de los hospitales los despidos han sido 26 en General Roca, 28 en Cipolletti y 25 en Viedma. Asimismo hay un centenar de empleados con contratos caídos el 31 de diciembre del 2011. A estos se los recontrataría con otra modalidad más precaria aun (contratos monotributistas), negándoles la antigüedad. Una política netamente de corte neoliberal.
La respuesta de los trabajadores estatales
Ante la “Ley de Disponibilidad” y los despidos se vienen dando respuestas de distinto tipo. Los trabajadores que están sindicalizados, a través de sus sindicatos, presionan para que se realicen movilizaciones y actividades permanentes. En este sentido, desde la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro se vienen llevando a cabo asambleas y plenarios provinciales de delegados para discutir las estrategias para enfrentar los despidos. Han surgido marchas, radios abiertas y toma de hospitales. Otros sectores, con preponderancia en el sistema de salud, se organizan a través de quienes se denominan “auto convocados”. El reclamo de todos estos sectores es la derogación de la “Ley de Disponibilidad”.