Salta: siete mujeres detenidas y golpeadas luego de una protesta laboral

Por Laura Salomé Canteros – @laurasalome

Desde hace 15 días siete mujeres permanecen encerradas en la alcaldía de Cerrillos, Salta. Fueron despedidas sin justa causa y luego de un acampe de más de un mes llevaron la protesta a la municipalidad donde fueron detenidas y golpeadas por la policía de la provincia. Se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, daño agravado y amenazas y les negaron el derecho a la detención domiciliaria. Hoy se cumple el plazo que establece el Código provincial y la fiscalía debe decidir el procesamiento y/o la liberación de las empleadas públicas.

Cuando hablamos de personas detenidas en contexto de demanda social, cuando hablamos de criminalización a la protesta política, rara vez pensamos en que son mujeres las privadas de su libertad a pesar de que dentro de las militancias políticas –de las partidarias, de las sindicales, de todas- somos la misma cantidad que los varones. Por eso, en la misma proporción, las mujeres pagamos con nuestras vidas y libertades cada vez que el sistema capitalista y heteropatriarcal decide castigar y reprimir en nosotras al cuerpo social. Y esto es lo que está pasando en Salta.

Desde el 27 de enero Paola Ferreyra, Fernanda Montoya, Clarisa Salvatierra, Elizabeth Casimiro, Marina Cruz, Mariza Martínez y Daniela Del Valle Chocobar están privadas de su libertad en la alcaldía de la localidad de Cerrillos. Fueron reprimidas, detenidas por efectivos de la policía de la provincia de Salta, golpeadas durante el operativo y por algunas horas incomunicadas. Operadores del poder judicial pretenden procesarlas por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, daños y amenazas por protestar ante sus despidos frente al edifico público de la municipalidad local luego de haber exigido respuestas y haber acampado más de un mes por el mismo conflicto.

Son empleadas públicas de planta permanente que fueron cesanteadas el 10 de diciembre de 2015 sin previo aviso, o sea, sin presentación del sumario administrativo correspondiente y por lo tanto, despedidas sin justa causa e inconstitucionalmente. Son jefas de familia, madres jóvenes de niños y niñas pequeñas, luchadoras por los derechos laborales y fueron empujadas a protestar ante la desesperación de quedar en la calle por la inhumanidad a las que nos tienen acostumbradas las personas que conforman las dirigencias de las instituciones de los Estados.

Presas políticas

En un comunicado conjunto, familiares de las diez personas detenidas, siete mujeres y tres varones, expresaron ante la comunidad que “no pertenecen a ningún grupo ni de la actual intendencia ni de la anterior”, que son trabajadoras/es que “llevan, en algunos casos, 5 años trabajando y cumplen tareas de oficina, servicios generales, alumbrado, etc.”, y que “reclaman su derecho a seguir trabajando para llevar el pan de cada día a sus casas”.

Denunciaron que el 27 de enero, “día de la funesta represión, la municipalidad se llenó de personal policial de todas las divisiones” para reprimir a “13 trabajadores, la mayoría mujeres y jefas de hogar, recurrió a la Infantería y hasta incluso el servicio especial del GOPAR”, (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo).

Alertaron además algo que genera escalofríos, que desde las 22 de ese día, horario en que se dieron las detenciones, hasta las 8 del otro las y los detenidos no fueron ingresados en los registros de la alcaldía, “¿dónde estuvieron nuestros familiares todo ese tiempo?”, se preguntan. “En lugar de oír su reclamo por la reincorporación, el gobierno envió una terrible represión y la judicialización de su protesta. Nuestros familiares son presos políticos”, concluyen.

La complicidad con la criminalización de la protesta

“Salta es un feudo”, dice Esteban Cabrini, abogado de las detenidas e integrante de ADEMuS (Agremiación de Empleados Municipales de Salta), “acá los medios están cooptados por el gobierno provincial que los maneja con pauta publicitaria”, sostiene en clara evidencia a la falta de repercusión en los medios locales del avasallamiento de los derechos laborales y la violencia institucional que sufrieron las trabajadoras municipales de Cerrillos.

“Montaron un operativo desproporcionado, las detuvo la policía, fueron golpeadas, son madres solteras y fueron encerradas sin haber sido procesadas”, relató Cabrini en diálogo con Marcha. “Son presas políticas”, “tomaron la municipalidad luego de un mes de reclamo laboral ante la cesantía sin sumario administrativo previo” y en medio de “falacias” como la “emergencia económica”.

Para Cabrini la situación no habría llegado a este límite de no haber sido por el incumplimiento y el destrato de la intendenta Yolanda Vega y los funcionarios municipales y provinciales, incluidos los ministros de gobierno y de trabajo, quienes se negaron a resolver el conflicto, “cuando se llamó a conciliación obligatoria, se desoyó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga la representatividad laboral a sindicatos sin personería jurídica”, sostuvo y agregó, “sin derecho a la libertad sindical (las empleadas) fueron libradas a su desesperación”.

“Estas mujeres son jefas de familia, no son delincuentes, hasta se les negó la detención domiciliaria”, comunicó Cabrini, ante el derecho que tienen las mujeres privadas de su libertad cuando son madres de niños/as menores a 3 años, “está todo armado para castigarlas”, dijo y lamentó el rol del Ministerio Público Fiscal como “brazo ejecutor para la criminalización de la protesta social”. “Son carátulas difíciles de comprobar”, dijo el abogado.

El fiscal Gabriel Portal debe expedirse hoy en el plazo que lo establece el Código Procesal Penal de Salta y las siete mujeres deberían ser liberadas y/o procesadas. El proceso de investigación está abierto, todas las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario y estas siete mujeres (y los varones también detenidos) ya parecen estar condenadas por la opinión pública aunque aún no se presentaron evidencias ni pericias que demuestren lo contrario.

Las versiones de medios cercanos a la intendenta Yolanda Vega, quien ganó las recientes elecciones con el 47% de los votos locales, indican que “manifestantes destrozaron el auto de la intendenta, rompieron vidrios, quemaron un sillón dentro de la municipalidad, y se rociaron con combustible”. Vega manifestó además estar “muy preocupada por los niveles de vandalismo que ha tomado las acciones de los contratados por la anterior gestión”.

Las versiones cercanas a las personas detenidas indican que la intendenta Yolanda Vega decidió los despidos por motivos políticos aduciendo emergencia económica en el municipio pero que a la vez contrató a 80. Lo cierto es que las voces de estas siete mujeres debieron haber sido y deben ser escuchadas por los gobiernos de turno y el poder judicial sin mediar represión, detenciones arbitrarias, golpes, coacción ni ninguna otra violación a los Derechos Humanos.

Por la liberación y absolución de “las Siete de Cerrillos”

Desde ATE Senasa se lanzó la campaña nacional “Libertad a las trabajadoras de Cerrillos”, desde donde se alerta que “las mujeres presas de Cerrillos no están solas”, exigiendo su libertad y acompañando su lucha. Por su parte, desde la Corriente Sindical 1ro de Mayo se está convocando a no ignorar los despidos, la represión y el encarcelamiento de estas mujeres en una actividad de solidaridad que se realizará en todas las ciudades con representación de la Corriente y que en CABA se dará cita este viernes 12 a las 10 en el Obelisco porteño.

Mientras, en la militarizada Cerrillos, las y los familiares de “las siete” reclaman, “la inmediata libertad”, el “cese de todas las causas”, la “reincorporación a sus funciones y a la planta municipal” de las y los trabajadores para terminar con “el ajuste y los despidos”, en contra de la “represión y la criminalización de la protesta social”.