San Juan: condenaron a doce acusados en la megacausa por trata de personas

Por Ana Inés Cabral* / Foto por Facundo Andicoechea

El Tribunal Oral encontró a los distintos imputados culpables de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena y facilitación y promoción de la prostitución de menores, por lo que les impuso penas que van desde 2 a 6 años de prisión. Otros cinco imputados fueron absueltos. El caso se inició en abril de 2012, luego de 16 allanamientos en los cuales se rescataron al menos 60 mujeres en situación de vulnerabilidad. El representante del MPF había solicitado penas mayores.

El Tribunal Oral de San Juan condenó esta mañana a 12 de los 17 imputados en el marco de la megacausa de trata de personas con fines de explotación sexual que se tramitó en la provincia.

Irma Gladys Castro y Carlos Hernando Cáceres Mantilla recibieron la pena de cinco años de prisión cada uno, mientras que Alejandra Gabriela Gómez fue condenada a cuatro años, al ser encontrados culpables todos ellos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, otros siete imputados fueron encontrados culpables del delito de explotación económica de la prostitución ajena mientras que otros dos por facilitación y promoción de prostitución de menores de edad. Todos ellos recibieron condenas que van desde los dos a los seis años de prisión. En tanto, otras cinco personas resultaron absueltas.

En sus alegatos, que se realizaron anoche hasta pasadas las 23:30, el fiscal Francisco Maldonado había solicitado la pena de seis años para Castro, Cáceres Mantilla y Gómez, al igual que para otros cinco imputados, y condenadas de cuatro, cinco y diez años para los restantes acusados. A todos los había imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, mediante la cual se ponía en conocimiento de la fuerza la existencia de varios prostíbulos en la provincia.

Se trata de la primera y más relevante causa de este tipo en la provincia de San Juan ya que, luego de un mega operativo donde se allanaron 16 prostíbulos en forma simultánea, fueron encontradas más de 60 mujeres en situación de vulnerabilidad, una de ellas menor de edad. En su mayoría, las víctimas eran oriundas de otros países como Paraguay, Brasil, Chile y República Dominicana.

En abril de 2014, la fiscal federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, junto al titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, solicitaron el requerimiento de elevación a juicio de 19 personas. El juicio comenzó el 10 de abril y, a lo largo de las sucesivas audiencias, declararon 14 de los 17 imputados, 10 víctimas, que dieron cuenta de la situación de vulnerabilidad que atravesaban previo a la captación, y testigos que participaron de los allanamientos. En una etapa previa, el Tribunal había hecho lugar a un pedido de la defensa de otros dos acusados, que permanecen imputados pero por infracción al artículo 17 de la ley 12.331 –administración, sostenimiento y regenteo de casas de tolerancia- , de competencia provincial.

En el caso, intervino la Fiscalía Federal de la provincia, a cargo de Francisco Maldonado, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC).

Origen de la causa

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, mediante la cual se ponía en conocimiento de la fuerza la existencia de varios prostíbulos en la Provincia.

Luego de que se realizaran diversas tareas de inteligencia y se constataran los hechos denunciados, el 14 de abril de 2012 se llevó a cabo un mega operativo sin precedentes en San Juan. Por orden del Juzgado Federal N°2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, se allanaron simultáneamente 16 prostíbulos, entre ellos whiskerías, cabarets y “privados”. En esa oportunidad, fueron encontradas más de 60 mujeres en situación de prostitución, entre ellas una menor de edad, varias extranjeras y residentes de otras provincias.

En algunos de los lugares allanados, también se constató la presencia de “clientes” y de un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la Provincia de San Juan.

Colaboración de Protex

Dada la complejidad de la causa, durante la primera semana de marzo de este año, la fiscal Troncoso solicitó el apoyo de la Protex para formular el requerimiento de elevación a juicio.

Un equipo de la Procuraduría especializada viajó a San Juan a tomar vista de la causa y de la gran cantidad de documentación secuestrada. Luego, personal de la fiscalía se trasladó a Buenos Aires para complementar la labor conjunta.

De esta manera, los fiscales acusaron, entre dueños y encargados de prostíbulos, a las 19 personas por los delitos de trata de personas mayores y menores de edad con finalidad de explotación sexual, en concurso ideal con explotación económica de la prostitución ajena y en concurso real con la administración y regenteo de casas de tolerancia; y en algunos casos, en concurso real con la facilitación de la permanencia irregular de extranjeros.

En su formulación, el Ministerio Público consideró que “se ha demostrado en forma acabada que los imputados nombrados han participado en al menos un tramo del proceso constitutivo del delito de trata de personas: ya sea en el traslado de algunas de las víctimas así como en etapa de recepción y acogimiento con fines de explotación sexual para la totalidad de los imputados. En todos los casos se ha acreditado suficientemente que el medio comisivo centralmente utilizado fue el abuso de una situación de vulnerabilidad constituida por la condición de género, pobreza y necesidad, y en algunos casos, de migrantes”.

“Asimismo se ha advertido la presencia de otros medios comisivos como violencia psíquica y física, amenazas, intimidación por medio de demostraciones de poder e influencia, limitaciones a la autodeterminación (derecho de exclusividad y no posibilidad de rechazo) todo lo que es suficiente para quitar eficacia al supuesto consentimiento por parte de la víctima”, agregó el equipo fiscal.

Periodista de fiscales.gob.ar