Santiago Maldonado: sin lugar para la ‘grieta’

Por Francisco Longa

El debate público que se generó en torno a la desaparición forzada de Maldonado reproduce la polarización que viene tiñendo el mapa político nacional. Nuestra historia como sociedad exige estar a la altura de semejante hecho, dramático para la vida en sociedad.

Cuando un caso toma tanta relevancia pública como lo hizo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los análisis políticos, periodísticos y el debate en el llano de la sociedad, abundan. Esto no sería malo en sí mismo sino, más bien muy saludable, si no fuera porque las coordenadas generales del debate parecen mostrar a una parte de la sociedad con prioridades preocupantes. Ocurre que actualmente el caso de Santiago Maldonado está siendo codificado a través del esquema binario entre gobierno y oposición. Así, se corre el riesgo de perder los mínimos recaudos de buen sentido para el tratamiento de una problemática tan honda para la vida en sociedad.

En efecto, las fibras profundas del cuerpo social se ven afectadas cuando, nuevamente en el discurso público, aparecen conceptos como ‘desaparición forzada’, ‘extremistas’, ‘vínculos terrorista’, y otros semejantes. Recogiendo los trazos del debate público, resulta muy notorio que la ausencia de Maldonado está llevando a una deriva preocupante: ¿Estamos debatiendo la desaparición forzada de un joven, en el contexto de una represión estatal, desde un antagonismo político partidario? O dicho en los términos de la propia narrativa del periodismo hegemónico: ¿Santiago Maldonado cayó en la mal llamada ‘grieta’?

Pareciera haber distintos modos de posicionarse ante la ‘querella por Santiago’. Un gran grupo de la sociedad pone en primer plano la necesidad de encontrar en modo urgente con vida al joven desaparecido, a quien vieron por última vez –según los testigos– cuando era subido a camiones de la Gendarmería en plena represión a una comunidad mapuche. En este grupo se argumenta que, sea por determinantes estructurales del Estado o por una direccionalidad política concreta para este caso, el gobierno nacional como comando político a cargo de la gestión del Estado es el responsable de esclarecer el hecho.

Este grupo está unificado en cuanto a un vértice: la preocupación sobre el paradero de Santiago y la responsabilidad indelegable del gobierno nacional. En otros aspectos, algunos sectores parecen no poder mencionar la desaparición de Maldonado sin recordar también otras desapariciones en democracia, como las de Julio López y Luciano Arruga (luego encontrado asesinado); en este sector se percibe que la denuncia exclusiva del caso de Santiago puede embellecer demasiado al pasado reciente. Otro subgrupo, dentro del primer gran conjunto mencionado, tiende a relativizar otros casos de desapariciones en democracia, y focaliza en el caso de Santiago Maldonado casi como si, y como espejo invertido respecto del subgrupo anterior, enumerar otros casos fuera un acto de igualación entre el actual y el anterior gobierno.

Claro que este panorama generaliza el escenario, y que también hay posiciones menos dogmáticas en ambos grupos. Es probable que, dentro de la oposición no kirchnerista al macrismo, haya una preocupación genuina por no hacer tabula rasa sobre algunos eventos preocupantes para la vida democrática que tuvieron lugar durante los anteriores años de gobierno, como el tan mentado caso de Julio López o la desaparición de Luciano González tras una represión en 2009 en Corcovado, Chubut, o la desaparición de Daniel Solano, en Choele Choel, Río Negro, luego de haber reclamado por condiciones dignas de trabajo a la patronal.

Dentro de la oposición al macrismo menos crítica con el kirchnerismo, o directamente kirchnerista, la respuesta oficialista de antaño ante casos de desaparición de personas es la que marcaría la diferencia clara respecto del actual gobierno. Hubiera o no responsabilidad política del gobierno nacional en los casos López o González, se señala que en casi todos los casos las autoridades se plegaron al reclamo familiar. El argumento aquí muestra que, a diferencia de lo que ocurre con el actual gobierno, en los casos anteriores no se buscó deslegitimar el reclamo o estigmatizar a los/as docentes que problematizaban el caso en las aulas. La decisión política del gobierno nacional de habilitar un número telefónico para recibir denuncias de casos donde la desaparición de Santiago sea debatida en las aulas aparece como otro elemento diferenciador.

Del otro lado de la ‘grieta’

Pero hay otro gran conjunto de la sociedad que plantea otra perspectiva respecto del caso Santiago Maldonado. Existe, aunque tal vez en forma minoritaria, un grupo que parece deslindar de responsabilidad política ex ante al gobierno nacional, pero que denuncia la desaparición del joven como evento inaceptable y exige su esclarecimiento. Este grupo identifica que la acusación al gobierno nacional tiene como objetivo ‘dañar al macrismo’, lo cual sería ‘politizar’ el tema. Este grupo es el que menos peso público ha tenido en los debates, pero verdaderamente existe, y reactualiza la pregunta acerca del carácter democrático del proyecto hoy en el poder tan mentada desde el interesante artículo de José Natanson en Página/12.

En este grupo, la genuina preocupación por la desaparición de Santiago bien parecería combinarse con una excesiva ‘presunción de inocencia’ respecto del gobierno nacional. Aunque esta hipótesis se debilitó luego de que el Comandante Mayor, Diego Conrado Héctor Balari, quien dirigió la represión a la comunidad mapuche el día que desapareció Santiago, admitió que actuaron bajo ‘órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad’.

Finalmente, existe un grupo de personas entre las que hay periodistas, dirigentes políticos y personas de a pie, que a la pregunta acerca de ¿dónde está Santiago Maldonado?, profieren en forma automática una serie de contra preguntas. Responder a una pregunta con otra pregunta puede implicar varias intenciones: evasión, vocación retórica, ímpetu dialéctico. Cuando se continúa tirando del hilo del intercambio con quienes anidan en este grupo, rápidamente dos de esas intenciones quedan echadas por tierra: solo queda la evasión. El único ímpetu genuino de parte de este grupo de negacionistas es despreciar el caso de Santiago, y hacer una defensa cerrada del gobierno actual. Esta defensa viene en general acompañada de un odio visceral por todo lo que se asemeje a kirchnerismo o a peronismo no domesticado por el macrismo (como aquel del ‘Momo’ Venegas y de las 62 organizaciones sindicales peronistas).

Cuando, en el mejor de los casos, este grupo responde en forma afirmativa, lo hace profiriendo una serie de slogans acusatorios tales como: ‘los mapuches son indios chilenos’; ‘los mapuches tienen armas como serruchos, hachas y cuchillos’ (Infobae dixit); ‘los mapuches responden a un plan de Inglaterra para copar la Patagonia’. Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de la historia americana, o apenas del artículo 75 de la Constitución Nacional, debería encontrar ridícula a la primera acusación, mientras que basta con pasar una tarde en cualquier pueblo a 60kms de la Capital Federal para reconocer, en las ‘armas’ aludidas en la segunda denuncia, a los más rudimentarios elementos de la vida rural. Sobre la tercera denuncia basta con señalar que quienes la formulan jamás mencionan el Estado paralelo montado en la zona del Lago Escondido por el magnate inglés –e íntimo amigo del presidente Macri– Joe Lewis, por lo que su preocupación por la soberanía nacional invita a la duda.

También dentro de este grupo hay quienes responden a la pregunta por Santiago con la enumeración de casos de los más disímiles, tanto que siquiera es posible encontrar un hilo conductor entre ellos: ¿Y Nisman? ¿Y Lázaro Báez? Cuando se advierte este nivel de bajeza discursiva, es difícil discernir si estamos frente a un grupo de perversos o de desquiciados. Aun si se quisiera poner en debate al kirchnerismo, ¿en qué medida –si estamos debatiendo colectivamente lo que implica una desaparición forzada en democracia– entrarían a tallar con un mínimo de sentido casos tan inconexos como la muerte no esclarecida de un fiscal, y la presunta corrupción en la obra pública?

De ser esas sus preocupaciones, no se explica cómo las diatribas contra Lázaro Báez no incluyen también al menos un interrogante sobre los actuales 600 millones de pesos en negro que el hermano del Presidente blanqueó. Cabe recordar que se trata de un hermano con un puesto menor al del Presidente en todas las sociedades familiares que comparten, y que recientemente Macri declaró ‘apenas’ 80 millones de patrimonio. Evidentemente, no es mantener a la República a salvo de la corrupción lo que preocupa al grupo de los negacionistas. Este grupo, en realidad, está más preocupado por reinsertar el caso de Santiago Maldonado en la ‘grieta’ entre kirchnerismo y macrismo, que por esclarecer el paradero del joven desaparecido, o que por velar por el erario público.

Es evidente que este último subgrupo es que el merece mayor atención, y el que despierta las más acuciantes alarmas. Por un lado, por despreciar una desaparición forzada. Por otro lado, por las maneras desopilantemente trágicas de desprestigiar cualquier escenario que ponga en tela de juicio al gobierno de sus simpatías. Tal vez el anonimato de las ‘redes sociales’ sea el caldo de cultivo ideal para semejantes opiniones desvariadas. Pero en reiterados espacios públicos no virtuales –como en las aulas escolares y universitarias también viene tomando fuerza este preocupante discurso.

Una querella política, más allá de la polarización          

No es el objetivo de esta columna priorizar los juicios de valor sobre los grupos que se describen, sino aportar elementos para comprender qué estructura sus posturas. En definitiva, lo que hay detrás de cada modo de posicionarse ante la querella por Santiago es un modo de habitar un lugar en un campo político del todo polarizado. Nos enoje, nos guste o nos indigne, así es como nuestra sociedad está codificando el debate. En términos globales esta polarización se da entre un gran grupo opositor al gobierno nacional (donde el kirchnerismo es hegemónico), y otro grupo oficialista.

Nuestra opinión es que, aunque las responsabilidades estatales puedan llevarnos a establecer semejanzas entre cualquier partido que haya gobernado el Estado y afrontado desapariciones forzadas, es fundamental complementar esas responsabilidades con la observación particular del accionar gubernamental ex post. Si ante una desaparición enunciamos únicamente la responsabilidad general que le cabe al gobierno por ser el comando del Estado, estamos omitiendo otros aspectos relevantes, sobre todo para quienes consideramos que el ejercicio del poder no se reduce al gobierno del Estado, sino que existen una serie de actores de poder que se pueden acoplar, distanciar o enfrentar al gobierno del Estado en determinadas coyunturas.

Pero en suma, y más allá de la posición de cada quien en el campo polarizado del debate, ningún abordaje serio ni sustancioso sobre este tema es posible cuando se coloca al esclarecimiento de una desaparición forzada en democracia por debajo de las aspiraciones coyunturales de determinado grupo político. Mucho menos si se lo hace esgrimiendo supuestos argumentos que, en definitiva, no son más que un compendio de slogans sin ningún asidero histórico, y que solamente construyen mitos racistas y xenófobos acerca de los pueblos, sea el mapuche, el chileno o el tehuelche.

Ante estos escenarios, la obligación del gobierno nacional es encontrar con vida a Santiago Maldonado. La obligación de nuestra sociedad es no rebajar el nombre de Santiago a una ‘grieta’ alimentada por el odio revanchista ni por las especulaciones electorales.