La agenda de Scioli tampoco incluye el aborto

Por Maru Correa.

El ministro de Salud bonaerense recalcó que las políticas ‘a favor de la vida’ no incluían las de las fallecidas por abortos clandestinos, ya que ni acompañar el pedido de su legalización ni garantizar los no punibles son prioridades para la Gobernación. Lo mismo que su par nacional, Gollán.

¿Qué tienen en común el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y su par de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia? Que ambos son médicos y que a ambos les bajaron línea para que el aborto siga encajonado en la clandestinidad, mientras muchas mujeres mueren.

Gollán había propuesto hace un mes dar un “debate serio y maduro” sobre el tema “con todos los sectores de la sociedad”, debido a la cantidad de muertes registradas por abortos clandestinos. Collia había anunciado en agosto del año pasado que su cartera crearía un hospital móvil para atender “casos controversiales de aborto no punible y un consultorio para asistir con medicación a las víctimas de hasta 12 semanas de gestación”.

A Gollán lo desautorizó pocas horas después el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. A Collia lo hicieron al día siguiente la Iglesia Católica y el gobernador Daniel Scioli. Gollán salió entonces a advertir que el asunto “no está en la agenda del Gobierno”. Collia, también.

Al ser entrevistado por varios medios, el funcionario bonaerense se puso en sintonía con Aníbal Fernández y su par federal. Si bien ya se había retractado en su intención de promover el aborto no punible, esta vez habló para reforzar la posición del Gobierno, emparentada con la de la cúpula eclesiástica.

Advirtió, al igual que ellos, que “la despenalización del aborto hoy no figura en la agenda del gobierno nacional ni provincial” y consideró que la aplicación de diversos programas de salud sexual y procreación responsable en la provincia “redundaron en una merma del 30 por ciento de la mortalidad”.

A confesión de parte…

En agosto de 2014, Alejandro Collia hizo pública su preocupación sobre el incumplimiento del protocolo de atención al aborto no punible a causa de la objeción de conciencia. Por este motivo, su cartera informó que crearía un sistema móvil con el cual se garantizarían “condiciones sanitarias seguras” cuando todos los médicos de un hospital se nieguen a la voluntad de una mujer de interrumpir la gestación en el marco del artículo 86 del Código Penal.

El gobierno provincial parecía priorizar la atención a la terrible situación que experimenta una mujer violada, por ejemplo, por sobre las motivaciones religiosas o morales que obstaculizan el cumplimiento de la ley. Collia había sido muy claro al respecto: “Para nosotros este dilema debe cerrarse definitivamente y que todos los derechos sean respetados”.

Además, se convocó a colectivos de mujeres organizadas dentro de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a otras agrupaciones políticas y gremiales con el fin de integrar una “mesa de diálogo para proponer acciones que mejoren el abordaje de la mujer en situación de aborto”, junto a representantes de distintos programas de género y salud sexual gubernamentales.

En este sentido, el Ministerio precisó que la iniciativa tenía “dos objetivos: garantizar el derecho a estas prácticas legales y reducir las muertes maternas”. A confesión de parte, relevo de pruebas: el Estado reconoce así que en la Argentina el derecho al aborto no punible no está garantizado y que las muertes maternas por abortos mal hechos existen efectivamente. Semejantes afirmaciones implican un compromiso público concreto y ya no tienen vuelta atrás.

Otra vez, Dios metió la cola

Sin embargo, la Iglesia Católica pegó el grito en el cielo una vez más y al día siguiente emitió un comunicado a través del Arzobispado de La Plata en el que imponía que “el aborto procurado es una eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en su fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento”. También sostenía que “nunca se puede considerar una traba” la objeción de conciencia y que el aborto no punible no es “atención a la salud”.

Tras las críticas hechas por monseñor Héctor Aguer y sus obispos auxiliares, el Ministerio de Salud bonaerense, expeditivo, volvió a emitir un comunicado, pero esta vez para aclarar que “el gobernador Daniel Scioli niega rotundamente la existencia o creación de un hospital móvil que realice prácticas abortivas en la provincia de Buenos Aires en el marco del Protocolo de Aborto No Punible”.

También, indicó que “el Estado de la provincia de Buenos Aires promueve y defiende toda clase de iniciativas favorables a la vida, el desarrollo de la familia, los derechos integrales de los ciudadanos, la educación”. Raro, porque si de iniciativas favorables a la vida se trata, las que abortan en situación de clandestinidad tienen riesgo de morir. Y de hecho, muchas mueren. Es la principal causa de muerte materna.

Después, el diario digital InfoCatólica celebró que “fue cancelada la unidad móvil de la muerte”.

El sonar de la campaña

María Julia Constant, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata, relató que en julio del año pasado el servicio de Obstetricia del Policlínico San Martín, de esa ciudad, se negó a practicarle un aborto a una mujer violada, quien además tuvo que pasar por diversas formas de maltrato (cuestionamientos absurdos, la obligaron a escuchar los latidos del saco gestacional, traslados de un lugar al otro y discriminación por ser inmigrante).

El aborto se hizo de todos modos, pero 72 horas después y no por voluntad del hospital, sino porque integrantes de organizaciones de género se plantaron en el lugar para apoyar a la compañera y exigirle a la jefa de esa área, la doctora Adelaida Soria, que atienda el caso. Como todos los médicos fueron objetores de conciencia, quien realizó la intervención fue un colega de otro centro de salud. Precisamente, María Julia acusó que los médicos dispuestos a intervenir abortos no punibles son perseguidos o no les renuevan los contratos.

Por este motivo, la Campaña hizo la denuncia y presentó un pedido de sumario administrativo para Soria, quien pese a aquel hecho de violencia institucional y a otras denuncias en su contra, todavía continúa en el cargo. “Al Ministerio solo le importó que el aborto se haya realizado, pero pasó por alto el nivel de violencia institucional” a la que el equipo de Soria sometió a la gestante, criticó Constant.

Es el Estado quien debe trabajar

Por otra parte, la militante dijo que la Campaña participó de la mesa de diálogo convocada por la cartera sanitaria pero que “nunca” confió en que algo bueno salga de allí. “Lo hicieron para lavarse de responsabilidades”. Es que al parecer, lo que buscaban las autoridades es que sean las mujeres quienes vayan a los hospitales a hablar con los profesionales y elaborar una lista de médicos “amigables”, es decir, no objetores de conciencia, para acudir en caso de aborto no penado.

Según María Julia, “es el Ministerio de Salud el que debería informar en todos los hospitales públicos” sobre la obligación de atender a las mujeres que, en determinadas condiciones, como violaciones o riesgos para la salud, llegan para interrumpir el embarazo.

Y con respecto al listado de “médicos amigables”, sostuvo: “No vamos a decirlo nosotras, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, hacer que se cumpla la legislación, armar un equipo interdisciplinario y proteger a los médicos ante persecuciones o sanciones que sufran por aceptar practicar un aborto no punible”.