Por Lucrecia Fernández, desde Córdoba. Se elevó a juicio la causa por el caso del Rubio del pasaje, joven desaparecido hace dos años en la capital cordobesa.
El pasado viernes se conoció la noticia de la elevación a juicio de la causa del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero de 2012 luego de concurrir a un recital de Damián Córdoba, en la ciudad mediterránea. Sus familiares, organizaciones sociales y organismos de DDHH han denunciado continuamente durante estos dos años a la policía como la culpable de su desaparición.
En octubre del año pasado, dosdías después de las elecciones legislativas, se daba a conocer que los supuestos autores (según la investigación de la justicia) de la desaparición –caratulada como asesinato- de Facundo eran dos hermanos -uno de ellos menor de edad- que eran vendedores de droga al menudeo en un barrio de Córdoba. A los dos jóvenes se le suma en el banquillo de los acusados un empleado municipal, a quien se acusa de haber cremado el cuerpo, pero ningún policía.
Sin embargo, desde febrero de 2012 la parte querellante que representa a la familia del rubio del pasaje ha presentado pruebas y testigos que vieron cómo a Facundo se lo llevaba la policía de una esquina céntrica de la ciudad de Córdoba Capital. También durante estos dos años se ha denunciado sistemáticamente el no tener total acceso a los expedientes de la investigación, “de los 21 tomos hoy sólo accedimos a 14” denuncia la madre de Facundo en una entrevista que se le realizo en radio Gen de Córdoba.
Teniendo en cuenta que el joven ya había sufrido el hostigamiento de la policía con detenciones y golpizas al menos dos veces en el mes anterior de su desaparición, en una contexto en donde la policía de Córdoba es casi diariamente cuestionada por su accionar en casos de gatillo fácil, abuso policial, y connivencia en la trata de personas y el narcotráfico de la provincia, es difícil hacer caso omiso a las reiteradas denuncias, testigos, y pruebas presentadas en estos años.
No obstante, el fiscal de la causa, Guillermo González, firmó la resolución para juzgar a los imputados. Hay dos mayores y un menor entre ellos: Pablo David Rearte, 29 años (por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”) y el empleado municipal Aldo Marcelo Monje, de 35 (por “encubrimiento agravado”), y un adolescente de 17 años quien, para la justicia fue, supuestamente, el autor del disparo fatal. Esta investigación y sus respectivas conclusiones estuvieron a cargo del ahora fiscal general de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, el mismo que el 30 de octubre último en rueda de prensa relató la hipótesis de que tras una discusión por una compra de droga encargada por el cantante de cuarteto Damián Córdoba el joven habría sido asesinado en barrio Muller, allí “aparentemente se le atribuía haber entregado un billete falso. Eso inició una discusión, Facundo comenzó a pegarle trompadas a uno de estos chicos y salió el otro a defenderlo, apareció un arma y le disparó”, explicó el fiscal aquella mañana.
De las hipótesis también se desprendía que tras el asesinato, fue enterrado en un descampado de barrio Maldonado, en la ciudad de Córdoba, y meses después lo cambiaron de sitio, para finalmente cremarlo de manera ilegal en el cementerio San Vicente.
Es inevitable preguntarse qué paso en esos meses y cómo dos jóvenes, uno de los cuales es menor de edad, pudo desaparecer un cuerpo y posteriormente sobornar a un empleado municipal para que realice la cremación de uno de los casos más resonantes de Córdoba en los últimos tiempos.
Agregó también el fiscal en aquella oportunidad que “nada había tenido que ver la policía”, y que felicitaba a esta institución por la investigación llevada adelante. Sólo le atribuyó la desaparición de Facundo a un asunto de drogas y narcotráfico. Aun cuando ya por ese entonces toda la cúpula policial de Córdoba estaba encarcelada y procesada por las vinculaciones que tenía con el tráfico de drogas en la provincia y todos los medios del país hablaban del escándalo. Moyano no realizó vinculación alguna entre la narcopolicía, las denuncias de la parte querellante y su hipótesis sobre la desaparición del joven.
Viviana Alegre, madre de Facundo, luchadora incansable en estos años, declaró luego de darse a conocer la noticia del juicio que no descartan nada, y que esperan “que salga a la luz la complicidad policial y de la banda de cuarteto, que salga a la luz que el padre del cantante es un ex comisario retirado que obligó a los músicos de la banda a que se negaran a declarar”. También indicó que van a seguir luchando y que para esto se ha conformado “un grupo de personas allegadas al caso, con quienes diseñaremos las acciones a seguir. Este grupo es de mi confianza y han estado siempre a mi lado, sabemos que la lucha va a ser larguísima”.
Asimismo, agregó: “Moyano tenía que buscar el cuerpo antes de ser nombrado fiscal general, pero no le dieron los tiempos, por eso se eleva tan rápido a juicio la causa, como otras que también tiene en su haber del cuñado de Paredes -el ex jefe de policía-, que mató, sin querer, por decir de algún modo, a un niño de 13 años, de un disparo en la cabeza”. Viviana reclama que aún no le han demostrado que las cenizas sean de su hijo: “como saberlo si nunca nos dieron la totalidad de los cuerpos del expediente, nos saltean números, nos faltan hojas, es una vergüenza” denuncia la madre del joven desaparecido.
Un manto de dudas tiñeron siempre la investigación y las hipótesis que el fiscal Moyano muy convenientemente resolvió sobre el caso, a días de conocerse que sería nombrado fiscal general de la provincia y, según los propios investigadores, cuando no tenía ninguna pista. Hoy la causa se eleva a juicio a días -nuevamente- de saberse que Moyano estará a cargo de una policía antinarcóticos, la cual para Viviana será más de los mismo: “ya que cuando se le consultó quién estaría a cargo de llevarla adelante dijo que por el momento sería la misma policía de la provincia, está claro que De La Sota, Moyano y la policía de Córdoba son lo mismo”, sentencia una madre que vio por última vez a su hijo hace casi 26 meses y desde entonces no encontró respuesta alguna de parte de la justicia cordobesa ni del gobierno provincial.