Se extienden los despidos y la criminalización de la protesta social en el territorio nacional

Por Mario Hernández

Panorama semana de noticias sindicales. En esta edición los despidos y la creciente criminalización de la protesta social que afectan a trabajadoras y trabajadores en todo el territorio nacional.

El miércoles 2 de diciembre en los Tribunales de Ushuaia se leyó la sentencia a los 33 trabajadores fueguinos imputados por supuestos hechos ocurridos en el marco de una protesta en el 2013. Finalmente, veintiséis de ellos (catorce docentes y doce camioneros) fueron condenados entre 8 meses y dos años con prisión en suspenso por resistencia a la autoridad y daños leves. Otros dos camioneros fueron condenados con prisión efectiva, aunque aún no ha quedado firme, por lo que no fueron encarcelados. Sólo cinco fueron finalmente absueltos.

En un comunicado difundido por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se denunció que “el mayor bochorno fue la declaración de un ex funcionario, Diego Bóxer, quien contó que Sergio Giadas, un funcionario de Fabiana Ríos, por orden del jefe de gabinete, lo convocó a él y a otros testigos a tomar un café en la Casa de Gobierno donde le decían cómo debía declarar. Por último mostró los mails recibidos”. Este solo hecho demuestra las implicancias del gobierno en la condena y lo pertinente que es el pedido de nulidad por parte de la querella.

Continúan los juicios

En la Línea 60: quieren procesar por “estafa” a choferes que no cobraron boletos. Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Mariano González Palazzo sostuvieron que “no puede descartarse la hipótesis de administración fraudulenta ya que tal obrar de los conductores (no cobrar boleto a los pasajeros) podría representar una violación de los intereses confiados por la empresa que le ocasiona un perjuicio económico a ésta y, al mismo tiempo, genera un lucro indebido a terceros”. Esta “investigación” se suma al juicio de desafuero que la misma empresa Monsa inició recientemente contra cuatro delegados de la línea 60 de colectivos que encabezaron la lucha en junio pasado.

Frente a este panorama, la Asociación de Trabajadores del Estado marchó junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma el pasado miércoles para repudiar la “judicialización de la protesta social” en todo el país tras la continua persecución que ya suma 5 mil trabajadores y trabajadoras procesados. Al día siguiente se realizó una marcha educativa desde el Palacio Pizzurno a la Plaza de Mayo. La movilización de docentes y estudiantes pasó previamente por la Casa de la provincia de Tierra del Fuego en Buenos Aires para exigir la absolución de las y los trabajadores condenados el día anterior y la nulidad del juicio.

Por otra parte, en fallo dividido la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió el procesamiento de trabajadores de Editorial Perfil. La decisión alcanza a toda la Comisión Gremial Interna de prensa, pero además dispone un embargo preventivo de 210 mil pesos contra los delegados Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana. Los delegados están acusados de infringir el artículo 161 del Código Penal por violación a la libertad de prensa, desconociendo la existencia de un conflicto sindical que llevaba más de 2 meses por el despido de un grupo de trabajadores/as el mismo día de la elección de delegados.

Una a favor: nuevo fallo de la Corte Suprema en defensa de la libertad sindical

En el caso “NORTE c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” estableció que los delegados y dirigentes de los sindicatos con simple inscripción tienen derecho a gozar de las mismas franquicias gremiales que la Ley de Asociaciones Sindicales le otorga, con carácter exclusivo, a las y los representantes de las organizaciones sindicales con Personería Gremial.
De esta manera, la Corte vuelve a reconocer el derecho de las organizaciones sindicales simplemente inscriptas a desarrollar su programa de acción, tal como lo establece ampliamente el Convenio 87 de la OIT.

Las Legislaturas porteña y bonaerense a tono con el ajuste por venir

El jueves, sin debate ni participación docente y sin pasar por la Comisión de Educación, 50 legisladores/as del PRO, FPV y UNEN aprobaron el proyecto de Ley de la legisladora del PRO, Victoria Morales Gorleri, que elimina las elecciones de Juntas de Clasificación. Esta nueva ley elimina de un plumazo toda la historia de conquistas de los derechos de las y los trabajadores de la educación en la garantía de concursos públicos y transparentes, eliminando todo resabio democrático.

En este sentido, Ademys fue el único sindicato que se manifestó en contra de la aprobación, que no podría haber avanzado sin el acuerdo de sectores sindicales a espaldas de las trabajadoras y los trabajadores y beneficia a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista porteño en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública.

También se hicieron presentes en la Legislatura trabajadores/as del Garrahan rechazando el nuevo recorte presupuestario previsto para el hospital. Será de $ 348 millones, al cual hay que sumarle la deuda acumulada por el gobierno porteño en los últimos años y que asciende a $ 453 millones. Cabe recordar que el último recorte, como todas las leyes que le permitieron gobernar al macrismo, fue aprobado con los votos del FpV.

En contraste con el acuerdo que sellaron todos los bloques -FpV, UCR-PRO, massismo- de la Cámara de Diputados bonaerense de dedicar la sesión exclusivamente a homenajear a las y los legisladores salientes, el diputado provincial del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, planteó sin éxito “la necesidad de tratar problemas cruciales que atraviesan a los bonaerenses como el déficit habitacional que padecen un millón de personas en la Provincia, o la crisis industrial que en el caso de Cresta Roja amenaza con dejar sin fuente de trabajo a 5 mil trabajadores”.

Al momento los trabajadores de Cresta Roja siguen movilizados desde hace varias semanas para reclamar el pago de salarios caídos y la continuidad de la fuente laboral. En esta oportunidad llevaron su reclamo al predio de la AFA, donde los medios esperaban novedades por la conducción de la institución del fútbol argentino. “No al cierre” y “Ninguna familia en la calle”, fueron los mensajes de los trabajadores.

Despidos en todo el territorio nacional

La semana pasada, la ensambladora que el grupo Newsan -Electronic Sytem- tiene en Campana despidió a 159 trabajadores.

Si las perspectivas para la temporada frutícola entrante eran poco prometedoras en el Valle Medio de Río Negro, como consecuencia de fenómenos climáticos, el panorama se agravó en las últimas horas, cuando se supo que empresas importantes del rubro desvincularon a unos 150 trabajadores en distintas localidades de la comarca.

El Grupo Octubre, cuyo dueño es Víctor Santa María, decidió despedir esta semana a cuatro trabajadores de prensa que se desempeñaban en la revista infantil PIN.

A 26 días del paro en Radio Rivadavia y 4 despidos de trabajadores de prensa, desde el SiPreBA condenan y responsabilizan al empresario Luis Cetrá y su familia, propietaria de la emisora quienes se han enriquecido con la pauta publicitaria otorgada por el Estado Nacional que asciende a más de 10 millones de pesos mensuales, a costa de hambrear a los trabajadores de la emisora quienes no cobraron aún los sueldos de septiembre, octubre y medio aguinaldo 2015.

Por su parte, este jueves una asamblea de los trabajadores de La Nación se pronunció en contra de los despidos anunciados por la gerencia de Recursos Humanos. Hace una semana la empresa despidió a una trabajadora del área de comercial, y esta semana, en una reunión con la Comisión Interna, el diario comunicó su decisión de despedir entre cinco y diez trabajadores/as en los próximos días.

El sábado, la empresa concesionaria del Zoo de Buenos Aires despidió a una trabajadora que se desempeña en el patio de comidas. No conformes con esta acción, el jueves los empresarios a cargo de la concesión y subconcesiones despidieron a tres trabajadores del acuario.

Entre lunes y martes, la empresa mexicana Metalsa, ubicada en la zona norte del GBA, dejó sin trabajo a diez operarios. En lo que va del año ya suman unos 300 despidos, incluyendo delegados de base y el 30 de noviembre venció el plazo que había estipulado Paraná Metal para definir su continuidad o cierre. A último momento, definieron que no seguirán con la autopartista, por lo que 160 personas se quedarían sin trabajo.

Una buena y próximas paritarias

Tras dos meses de un duro conflicto con la patronal molinera, los trabajadores de Molinos Minetti lograron un importante triunfo. Mediante un acta firmada en la Casa de Gobierno, a un día de que concluyera la conciliación obligatoria, la empresa, Molinos Minetti, desestimó los 31 telegramas de despido enviados y se pagarán los días caídos.

Además el próximo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió que le van a pedir “un esfuerzo de comprensión” a los gremios para que las paritarias se discutan en base a la inflación futura”. Mientras tanto, se concretaba el encuentro entre el futuro Presidente, Mauricio Macri y el líder sindical que se mostró más cercano durante la campaña electoral, Hugo Moyano, quien a la salida, se refirió a los aumentos de precios que se verificaron en las últimas semanas y señaló que “para la CGT las subas fueron de un 28%”. Al ser consultado si las paritarias deberían estar por encima de ese porcentaje, Moyano respondió afirmativamente: “Sí, por supuesto”.