Los tres jueces que dejaron libres a todos los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón iban a ser llevados a juicio político para ser destituidos. Uno de ellos presentó una medida cautelar y ahora peligra el jury de enjuiciamiento.
El miércoles de la semana pasada la Comisión de Juicio Político de la legislatura de Tucumán decidió llevar a juicio político a los jueces Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano. Dos de los tres magistrados que absolvieron en diciembre de 2012 a todos los imputados en la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón once años atrás. El juez Emilio Herrera Molina, el tercero del tribunal no fue incluido porque había renunciado a su cargo 13 días después del polémico fallo.
Pero a pesar de esta decisión política de conformar el jury de enjuiciamiento, el día jueves (un día después de la decisión de la legislatura), un grupo de jueces dio lugar a una medida cautelar presentada por uno de los acusados: Romero Lescano.
En diálogo con el programa Con el pie izquierdo de Radio Sur FM 88.3, Carlos Garmendia explicó los pormenores del caso. Además, el abogado de la Fundación María de los Ángeles que preside la madre de Marita, Susana Trimarco, dio cuenta de cómo vienen dando la pelea para que se vuelva a juzgar a los imputados que fueron absueltos a fin del año pasado.
El juicio político en el freezer
“El doctor Romero Lescano había presentado un tiempo atrás una acción de inconstitucionalidad por la conformación del jury de enjuiciamiento”. Esto era “por el sistema de selección de las personas que fueron nombradas para ocupar los cargos” comentó Garmendia.
El abogado explicó que la acción de inconstitucionalidad estaba en trámite pero hubo que integrar a la sala de la corte que tenía que resolver sobre ese tema con otros jueces debido a que Romero Lescano había cuestionado entre otras cosas la designación por parte de la corte “del doctor Posse en el jury de enjuiciamiento”.
Los tres jueces que fueron llamados para integrar la corte que tenía que resolver sobre este caso en particular “decidieron una medida cautelar que ordena suspender el proceso de juicio político hasta tanto se resuelva el fondo de la acción de inconstitucionalidad” sostuvo Garmendia.
Además, el letrado se mostró preocupado ya que “hay una actitud de un grupo de jueces de decir ‘paramos el juicio político hasta ver si es constitucional o no el jury de enjuiciamiento’. En los hechos se consigue frenar el juicio político con el serio riesgo de que nunca pueda ser llevado a cabo”.
Con un poco de suspicacia el representante de la Fundación María de los Ángeles aclaró que espera que “este tribunal especial actúe para resolver el fondo de la cuestión con la misma rapidez que ha actuado para sacar la medida cautelar”. Sin embargo aclaró: “No podemos hacer nada más que esperar. No somos parte nosotros en esa actuación así que no podemos hacer nada”.
Pero “el Ejecutivo provincial que si es parte en ese proceso apelaría esta decisión de la medida cautelar. Pero conociendo como son las cautelares me parece que una mejor estrategia es procurar que se resuelva rápidamente el fondo de la cuestión” remarcó el abogado.
“La decisión que hemos tomado de presentar el pedido de juicio político se da porque estamos convencidos de que estas tres personas no pueden seguir siendo jueces. No hay nada más detrás de eso. No hay una intencionalidad de atacar a la Justicia. Es una decisión política en el sentido de empezar a atacar a las mafias y avanzar en dar más claridad al fuero penal” concluyó.
¿Cómo sigue la causa por la desaparición de Marita Verón?
Carlos Garmendia también se refirió a las medidas que están llevando adelante para que no quede impune el secuestro y desaparición de Marita Verón luego del fallo de diciembre de 2012. “Lo que nosotros hemos hecho es presentar un recurso de casación que es la herramienta que tenemos para apelar la sentencia. Pedimos que la corte tucumana anule esta sentencia de la impunidad y dicte un nuevo fallo que sea condenatorio” aclaró.
De todas formas también contó que el pool de abogados de los imputados también presentó un recurso en casación donde “plantearon la recusación de los cinco jueces de la corte tucumana. Esa recusación está en trámite en este momento”. El 15 de abril habrá una audiencia dónde se presentarán las pruebas de la recusación una vez recibidas “en 48 horas debe ser resuelta esa situación”.
Garmendia comentó que “resuelto eso va a continuar el trámite” presentado por los abogados de la Fundación María Ángeles. “Esperamos tener una nueva sentencia antes de fin de año”.