Se prolonga juicio a presunto abusador en San Fernando, se acrecienta la lucha popular

Por Pedro Medved / Foto por Natalia Saa

El 11 de agosto comenzó en los Tribunales de San Isidro el juicio por el que se acusa a un remisero de Villa Adelina, en el conurbano norte, de haber violado a una joven. Tras haber estado dos años en libertad y aunque lenta, la justicia aún patriarcal cuando es exigida por los movimientos sociales y feministas amaga llegar.

 

Una madrugada de julio de 2013 María* volvía a su casa en San Fernando como cualquier día, sin embargo ese no fue como otros. Luego de haber caminado tres cuadras tras bajarse del colectivo, fue violentada por un remisero que se encontraba en la esquina con su auto, quién a continuación abusó de ella. El violador tiene nombre, y merece ser nombrado: Norberto Fernández, vecino de un barrio de clase media, con familia y trabajo, un hijo sano del patriarcado.

Hasta hace muy poco tiempo el acusado se encontraba en libertad y gozando de la misma, iba a su trabajo, y vivía con su familia como si nada hubiera pasado. Sin embargo la víctima acompañada por familiares y amigos no dieron el brazo a torcer y lograron que se realice la investigación correspondiente en la que se constató la información de las cámaras de (in)seguridad del barrio y el ADN extraído del cuerpo de María.

Ya durante el juicio, se presentaron además evidencias concretas de que María estuvo en el auto, por lo cual Fernández no tuvo más opción que esconderse tras la falsa acusación a la víctima, haciendo referencia al “consentimiento” y a la “tentación” que lo llevaron a ejercer la violencia contra ella.

Visibilizar las violencias y enjuiciar al abusador

El 8 de julio de este año Fernández fue declarado prófugo de la justicia al no presentarse al juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro que lo citó. Dos días después de este acontecimiento, familiares, amigos/as y diversas organizaciones populares y colectivas feministas, como la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, decidieron organizarse para que el acusado vaya a declarar y de esta forma se hicieron presentes manifestándose en la propia remisería de Villa Adelina donde trabajaba Fernández, y en la casa del prófugo para visibilizar, de la misma forma que en los noventa hacían las y los militantes de H.I.J.O.S para señalar las casas de los represores, ahora el campo popular indica las casas de los violadores.

Al señalizar su casa como alerta a las y los vecinos salió a la luz otro caso relatado por vecinos de la zona, que por temor prefirieron no denunciar a quien sigue viviendo a metros de su casa. En este contexto de permanente visibilización del caso a través de las redes sociales y comunicados durante una semana, el remisero violador se entregó por dicha presión social.

El 11 de agosto comenzó el juicio en los Tribunales de San Isidro, encabezado por los jueces Lino Claudio Mirabelli, Agustín Gossn y Esteban Andrejin, luego de que el acusado intente postergarlo con un pedido de la pericia psicológica. La jornada fue intensa, y esta historia ya se ha vivido y contado en otros juicios del el mismo Tribunal allí se imposibilita el acceso de las organizaciones a los juicios que se deberían entender como orales y públicos. A su vez, un cordón de policías salió del edificio a reprimir sin medir consecuencias dejando al menos una persona herida.

Hasta ahora han pasado cuatro audiencias, y las acusaciones machistas no dejan de sorprender. Durante la exposición la defensa presentó pruebas con la intención de culpabilizar y estigmatizar a María y fortalecer el relato de Fernández, para ello paradójicamente eligieron una foto artística que la joven publicó en las redes sociales donde reivindica el derecho a decidir sobre su cuerpo. Por su parte, el agravante solicitado que hacía mención a que el acusado utilizó un arma para obligar a la joven a subir al auto no se pudo demostrar.

En la cuarta audiencia, realizada el día de ayer partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y feministas se convocaron nuevamente, en las puertas del Tribunal con mayor presencia y fuerza, ya que se creía que ese mismo día se leería la sentencia. Sin embargo, sin mucha sorpresa para las y los militantes se encontraron en la mañana temprano con un vallado policial en la esquina el edificio tal como había ocurrido en el Juicio de Yanina González imposibilitando el acceso al Tribunal y la manifestación en las calles.

El objetivo era claro, presionar por la pena máxima y para ello se propusieron distintas formas de acompañar a la joven denunciante a través de carteles, cantos e intervenciones artísticas. Durante la jornada el fiscal Amayo pidió solo 11 años de pena, por lo que los jueces no podrían dictar una pena mayor que esa; esto generó una enorme indignación entre quienes vienen reclamando por justicia y se encontraban ansiosos/as de terminar el día con la lectura de la sentencia. En ese contexto las distintas organizaciones allí presentes decidieron marchar hasta la Avenida Centenario cortando la misma con el fin de hacerse oír y visibilizar el caso.

A la esperar de la sentencia

Finalmente, el próximo martes 1 de septiembre se realizará la lectura de la sentencia, si bien María se encuentra fortalecida y convencida con todo este proceso, las organizaciones sociales y feministas no dudan en seguir acompañándola y se proponen darle mayor visibilidad a su historia y al caso judicial los días siguientes para ejercer presión sobre quienes toman las decisiones.

Mientras tanto, la justicia social seguirá exigiendo no sólo a las y los responsables del sistema judicial sino a todos y todas, ya que la violación y abuso sexual a las mujeres constituye un accionar legitimado en nuestra sociedad. Por eso, será también en las calles y en las casas de los violadores que las organizaciones continuarán escrachando, haciéndose presentes para ver y escuchar y para que no haya más Marías víctimas de la violencia patriarcal.

 

*el nombre María es para salvaguardar a la víctima de su verdadera identidad.