Se te escapó la tortuga

Se te escapó la tortuga

El jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, se fugó de su casa de Mar del Plata cuando la justicia lo iba a detener por crímenes cometidos durante la dictadura. Duras críticas contra el poder judicial por inoperancia.

Asociaciones de derechos humanos realizaron ayer una conferencia de prensa en las escalinatas de los tribunales federales de La Plata, para denunciar la inoperancia del poder judicial frente a la fuga del ex Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Juan Miguel Wolk. Apodado “el nazi” o “el alemán”, Wolk fue uno de los jefes del centro de detención clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Banfield, conocido como Pozo de Banfield, donde se torturaron 309 personas entre 1974 y 1978.

Wolk fue además jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana, y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Según datos recopilados por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), mientras cumplía con esos cargos fue culpable de “hechos ocurridos a 292 víctimas entre las cuáles 116 se encuentran desaparecidas, 137 fueron liberadas, 14 fueron asesinadas y 16 se desconoce su destino y 9 niños nacieron en cautiverio”.

En 2010 fue apresado gracias a la intervención de Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, una de las víctimas de la famosa “Noche de los lápices”, torturado en el Pozo de Banfield. Ungaro aportó pistas al periodismo para encontrarlo en su residencia de la calle Benedetto Crocce 3045, del barrio marplatense de Punta Mogotes, donde cobraba una jubilación y vivía sin problemas judiciales.

A partir de allí, el Juzgado N 3 del Dr. Arnaldo Corazza, que tiene a cargo la investigación de lo sucedido en el Pozo de Banfield, dispuso la prisión domiciliaria de Wolk en espera del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983.

“Las prisiones domiciliarias son en realidad excarcelaciones, porque no hay condiciones estrictas de cumplimiento efectivo: hacía un año que no había constancia sobre esta persona que tiene una domiciliaria que no es otra cosa que una detención en la que cambia el lugar de detención”, expresó en la conferencia de prensa de ayer, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli. El represor quedó bajo responsabilidad de su hija, en su casa, a la espera del juicio, y la justicia debía corroborar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, cosa que, según los denunciantes, no se hizo. El último informe acerca del cumplimiento de prisión que consta en la causa es de febrero de este año, y se redactó en base a un llamado que el mismo genocida hizo al Patronato de Liberados, resultando imposible constatar que el llamado se haya hecho desde su casa. El informe anterior se remonta recién a agosto de 2011, última fecha en que la justicia federal comprobó el cumplimiento de la prisión domiciliaria en la casa de Wolk.

La situación se transformó cuando, el 4 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgado, y personal policial se presentó en la casa del torturador para trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz. “En el momento en que le llega el comunicado del juzgado en el que se le revoca la prisión domiciliaria, había una exposición de su hija, que más tarde nos enteramos que es policía bonaerense y teniente de la comisaría donde hace la denuncia, de que su padre había salido y no había regresado. Y ella era la encargada de preservar su integridad y su detención”, explicó en la conferencia de prensa la misma Marta Ungaro. Así se descubrió que existía una denuncia por la desaparición de Wolk asentada por su hija en la Comisaría 5ta de Mar del Plata, fechada 27 de abril, el mismo día en que la Cámara de Apelaciones de La Plata dio el visto bueno para su encarcelación y lo publicó en la web.

Wolk está imputado en la causa n°26 que investiga a los máximos responsables del Pozo de Banfield, entre los que se destacan el comisario Miguel Etchecolatz; el gobernador de la provincia durante la dictadura, general del Ejército Ibérico Manuel Saint Jean y el subjefe de la Bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos. Sin embargo, de las decenas de represores involucrados en la causa, sólo se elevaron a juicio nueve, de los cuales solamente dos -uno es Wolk, el otro falleció- no aparecen en ninguna otra causa y por lo tanto juzgados de hecho.