¿Seguridad para quién? Dispositivos de control y criminalización de la pobreza en Córdoba

Por Paula Reinoso, Hugo Romero y Fidel Azarian

Desde el colectivo de investigación El llano en llamas tomaron la ciudad de Córdoba como ejemplo concreto en el que la lucha contra la “seguridad” sólo determinó detenciones ilegítimas y estigmatización de pobres y jóvenes. Un modelo que se intenta imponer a nivel país, los resultados para las clases populares.

El año 2016 empezó con nuevos anuncios en materia de seguridad por parte del actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Entre los puntos más relevantes se encuentra una megainversión de 300 millones de pesos para la compra de recursos destinados a la policía de Córdoba, la construcción de nuevas comisarías y la incorporación de 1.550 agentes en el mes de junio –que se sumarían a los 17.000 efectivos activos actualmente–.Este anuncio es expresión de la continuidad de una política de seguridad sostenida en el tiempo por la gestión de Unión por Córdoba, amparada por los medios de comunicación hegemónicos y legitimados por un discurso social que reclama una y otra vez “mayor seguridad”. Así, durante todos estos años aumentó inescrupulosamente la cantidad de efectivos policiales, vehículos e infraestructura; se sancionaron las leyes de Seguridad Pública (9235) y de Seguridad Privada (9236); se reformó el Código de Faltas; se firmó un convenio con el ManhatanInstitute a través del cual deben instalarse más de 1.000 cámaras de vigilancia en “zonas críticas” de la ciudad de Córdoba; y se aprobó la ley del registro de huellas genéticas (ADN) para almacenar datos de “sospechosos” , entre otras muchas cosas.

Asimismo, los conceptos de “paz social” y “consenso social”, el programa “Córdoba más segura” y la creación de la Policía de Pacificación, entre otros, operaron no sólo como slogans de campaña política, sino como discursos legitimadores de una política de “pacificación” cuyo principal objetivo ha sido reprimir y controlar a los sectores populares. En este mismo sentido, la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo ha cobrado particular importancia en los discursos de la actual gestión. Sin embargo, lo que no dicen los medios de comunicación, el gobierno, ni el sector social que aplaude este tipo de medidas, es que dichas políticas estatales no han tenido resultados exitosos en términos de reducción de la delincuencia y la inseguridad.

¿Seguridad o estigmatización?

La clave está, por cierto, en preguntarnos qué se entiende por seguridad: ¿Seguridad para quién? Una primera reflexión es que esta concepción hegemónica de seguridad refiere exclusivamente a la protección de personas y cosas entendidas como bienes jurídicos individuales, excluyendo las nociones de inseguridad social y económica en un contexto marcado por necesidades básicas irresueltas e incluso crecientes, acompañadas de un preocupante incremento de la desigualdad y el racismo. En este sentido, podemos tomar nota de algunas cuestiones que dan cuenta de cómo opera el dispositivo de seguridad bajo dicha concepción.

En Córdoba, es particularmente llamativa la variación interanual (2014-2015) del gasto en Seguridad, superior a los incrementos observados en otros rubros igualmente sensibles. En el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual fue de +54,5%, en “Salud” fue de +44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue de +9,6%. Lo mismo sucede si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante 2015: en el rubro “Educación inicial y primaria” se registra un total por habitante de $1.311; en “Salud” implica una inversión presupuestaria anual por persona de $1.734 y en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” el valor es de $2.255 per cápita*.

La otra cara de la política de seguridad provincial se hace visible a partir de estrategias de intervención territorial desplegadas principalmente por las fuerzas policiales. Este accionar se intensifica en aquellos espacios de la ciudad donde residen los sectores populares, que son los más intervenidos a través de los denominados “operativos de saturación” y “razzias”.

Los operativos de saturación incluyen controles permanentes en puentes y vías principales de circulación, retención masiva de motocicletas y mega allanamientos periódicos en barrios populares y villas. Por otro lado, las razzias o “corralitos” son allanamientos ilegales que realiza la policía para detener masivamente a vecinos de villas y barrios populares. En la mayoría de los casos se registra también una nueva modalidad de tratamiento de los detenidos, quienes son expuestos en espacios públicos rodeados de vallas (los denominados corralitos), no para generar mayor seguridad pública o personal para los detenidos, sino para montar un show mediático que busca legitimar el accionar policial frente la sociedad y, al mismo tiempo, generar efectos “pedagógicos” disciplinantes en los sectores populares.

En este contexto, y a partir de estas preocupaciones, en 2014, desde “El Llano en Llamas”, pudimos relevar un total de 31 operativos entre el 13 de febrero y el 28 de mayo: la conclusión fue que en un período de casi tres meses y medio se realizaron aproximadamente 9 procedimientos mensuales (un operativo cada 3 días).En todos los casos revisados encontramos un alto número de detenidos, con un total de 668 en los 15 operativos conjuntos o simultáneos. Esto da por resultado aproximadamente un total de 191 detenidos por mes en razzias y un promedio de 45 detenidos por operativos conjuntos o simultáneos, todos ellos desarrollados en barrios populares o villas, tales como Villa Angelelli, San Jorge, Villa La Lonja, Barranca Yaco, Bajo Pueyrredón, entre otros. Los días 2 y 3 de mayo de 2015 este dispositivo se ejecutó violentamente, o cual generó un saldo de 451 personas detenidas, la mayoría por aplicación del inconstitucional Código de Faltas (sólo 37 de ellas tenían antecedentes penales), entre las que se encontraban menores de edad (109).

Este accionar policial necesita de la construcción de un estereotipo de sujeto peligroso, para legitimar una política de seguridad orientada a intervenir y regular un sector de la población y del territorio: las clases populares y sus espacios vitales. Esta estrategia se despliega incluso antes de que los delitos sucedan, invirtiendo así garantías constitucionales, como por ejemplo, el principio de inocencia (se presume la culpabilidad en lugar de la inocencia).

Así, la ciudad de Córdoba se instituye como espacio de control de la población gracias a complejos mecanismos de vigilancia puestos en marcha por una fuerza policial que actúa con estrategias espacialmente orientadas, pero también por la configuración urbana que avanza al ritmo del desarrollo del capital inmobiliario cada vez más hacia un modelo de “ciudad exclusivista” pensada para el consumo donde el joven pobre, morocho, boliviano, peruano, etc. no tiene lugar en el orden económico y social. La noción de “seguridad” habilita un accionar de la estatalidad enfocado en la represión y/o criminalización, más que en políticas y programas dirigidos a solucionar las condiciones que hacen a la violencia social, esto es resolver situaciones extremas de precarización, vulnerabilidad y marginación; consecuencia de necesidades vitales irresueltas, esenciales para una vida posible: tierra, vivienda, educación, trabajo, salud.

*Informe “El costo del miedo. Cifras claves respecto a los gastos de seguridad para el caso de la provincia de Córdoba”, noviembre de 2015.