El 24 de abril se cumplieron seis años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal de México, capital del país. Los datos estadísticos respecto al mejoramiento en la salud y calidad de vida de las mujeres son contundentes.
En 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó una ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos estadísticos presentados por el gobierno y distintas organizaciones son contundentes y reflejan el mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres.
El titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued comentó que desde que se aprobaron estas reformas la red hospitalaria del Distrito Federal ha atendido a 100 mil mujeres que solicitaron la interrupción legal del embarazo.
Resaltó además que se tiene una tasa de reincidencia del 1%, “la más baja a nivel mundial”, y de las solicitantes, 5.588 fueron de adolescentes que en un 95% de los casos estuvieron acompañadas por su madre como familiar responsable. De acuerdo con el secretario de Salud, 63% de las mujeres que realizaron una interrupción voluntaria de su embarazo manifestaron residir en la capital del país azteca, 24% en el Estado de México (que rodea al Distrito Federal) y el 3% restante en otros Estados.
Por su parte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) también presentó sus propias estadísticas, coincidentes en gran parte con las del gobierno. Según GIRE de cada 10 mujeres que abortaron cuatro son amas de casa, dos estudiantes y dos empleadas. La mitad vive en pareja (ya sea que esté casada o no) y el 70% ya tenía hijos. Este último dato desmiente el dicho de sentido común que sostiene que quienes abortan “no saben lo que es ser madre”.
El mismo estudio presentado por GIRE también demuestra que el 83% de las mujeres que se realizaron abortos se reconocen católicas. A su vez, el 75% del total tiene entre 18 y 30 años.
Finalmente, un dato importante, el 66% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron mediante el consumo de medicamentos como el Misoprostol. Es decir que, gracias a la ley que facilitó el acceso a esta pastilla, solo un tercio de las mujeres se realizó abortos mediante una intervención quirúrgica.
En 2007, cuando la ley fue aprobada, los fallecimientos por abortos mal realizados era la quinta causa de muerte en el Distrito Federal. Actualmente el jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó que en la capital de México se tiene un registro de 0% de muertes por abortos.
En ese sentido la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir informó que registraron el fallecimiento de una sola mujer (sobre 100 mil) en estos seis años porque el médico no siguió el protocolo correcto. Además resaltaron que el Distrito Federal es una de las ciudades más seguras del mundo para interrumpir el embarazo legalmente.
Una ley excepcional
México tiene un sistema político-administrativo dividido en Estados. Cada uno de estos tiene su propia constitución y cierto margen de autonomía respecto a las leyes puntuales de cada distrito, igual que en Estados Unidos.
Es por esto que la ley de interrupción voluntaria de embarazo que existe en el Distrito Federal es única en todo el país ya que en el resto de los Estados el aborto es penado y, en algunos casos, de manera muy severa. De hecho en cinco distritos (Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala) a las mujeres a las que se les inicia un proceso penal por realizarse un aborto se las mantiene detenidas hasta que haya una sentencia.
La reglamentación actualmente vigente contó en su momento con el apoyo de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos menores. En contra estuvo el entonces gobernante Partido Acción Nacional (PAN). El PAN presentó una denuncia de inconstitucionalidad de la ley pero en 2008 la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó su validez.
La ley garantiza el derecho a la realización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. También se disminuyó la pena para las mujeres que se realicen un aborto pasadas esas 12 semanas siendo actualmente la sanción de tres a seis meses de prisión o 100 a 300 días de trabajo “a favor de la comunidad”.
Otras normativas aprobadas entonces incluyeron la modificación de la ley de Salud para establecer que las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atiendan las solicitudes de aborto aún cuando la mujer que lo solicite cuente con algún otro servicio de salud público o privado, y que la atención a la salud sexual y reproductiva tenga un carácter prioritario.
Además se estableció que el gobierno promueva permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales “tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes”.