Señaladas, perseguidas y criminalizadas, ¿por cuánto más?

Por Laura Salomé Canteros / Foto: En La Vuelta

Los allanamientos en una supuesta clínica clandestina en Ciudadela amagan cerrar el año en que el reconocimiento del derecho al aborto brilló por su omisión en el gobierno y el parlamento. Internas políticas, morbo mediático y en el medio tres mujeres señaladas, perseguidas y criminalizadas.  

Morbo y violaciones al derecho a la intimidad, coberturas de empresas mediáticas que siguen asociadas a la dinámica de los poderes represivos –las fuerzas de (in)seguridad también son brazos armados contra las mujeres- y juicios de valor periodísticos que nadie pide ni nadie quiere escuchar, fueron el combo de violencias con que amaga despedirse un año en que el Gobierno y el Parlamento argentinos fueron protagonistas de una omisión de magnitudes históricas.

Los allanamientos ordenados por el juez de garantías N°1 de San Martín, Mariano Porto, contra una clínica clandestina donde presuntamente se realizaban interrupciones quirúrgicas de embarazos en la ciudad bonaerense de Ciudadela y que terminaron con la detención de entre tres y doce personas, fueron transmitidos ayer en vivo y en directo por dos de los canales de cable más populares, Todo Noticias y C5N y replicados por tantos mas.

Este desmantelamiento vía acción judicial, ordenado ante las supuestas “denuncias de vecinos”, expuso la contundencia de la inseguridad y la clandestinidad del aborto a los ojos de la sociedad de la información. ¿Quiénes fueron protagonistas de la noticia? El ex diputado del duhaldista partido Unión Popular, Daniel Omar Herrera, su hermana médica, acusada de practicar interrupciones de embarazo en su local y tres mujeres que fueron detenidas mientras esperaban para realizarse la intervención y que fueron custodiadas como “sospechosas” y/o delincuentes.

Es que el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos sigue siendo un delito en nuestro país. Y la despenalización y legalización del aborto una deuda de la democracia. Y no hay década virtuosa en lo institucional si no tenemos en cuenta uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres como lo es la libre elección de la maternidad.

Por la liberación y la absolución de quienes deciden sobre sus cuerpos

Dos de las tres mujeres detenidas en el mediodía de ayer, en los allanamientos a la clínica clandestina en Ciudadela, ya recuperaron su libertad, mientras que una de ellas continúa en el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, dependencia sanitaria donde fueron trasladadas, corriendo riesgo su salud, luego de la acción judicial.

Ante esto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a concentrarse mañana a las 10 frente al Juzgado de Garantías de San Martín bajo la consigna “Un Estado que no legisla sobre el reconocimiento de derechos condena a las mujeres a la clandestinidad, la criminalización y los abortos inseguros”.

Exigió además mediante un comunicado “la inmediata liberación y el sobreseimiento de las mujeres que se habrían –o iban- a someterse a la intervención” en el momento de los allanamientos, quienes fueron imputadas por el delito de asociación ilícita, a la vez que expresó “preocupación por su estado de salud integral” e instó a la Dirección del hospital “a monitorear las prácticas de sus integrantes con el objetivo de que no incurran en prácticas que las revictimicen o violenten en alguna forma”.

En el comunicado la Campaña señala al “Estado argentino como responsable, especialmente al poder legislativo en su inacción en legislar sobre la despenalización y legalización del aborto; al poder judicial en la utilización del derecho penal en la criminalización de las mujeres; y el incumplimiento y la falta de generación de políticas de salud pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires, todas omisiones institucionales que condenan a las mujeres a interrumpir sus embarazos de forma clandestina e insegura, poniendo en riesgo su salud o su vida”.

Elegir reparar en lugar de conmemorar legislando

Los allanamientos se dieron, paradójicamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos y a solo un día de la reparación simbólica a una joven con discapacidad a quien se le negó el acceso a un aborto legal en 2006. En un acto público, hoy, el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires realizarán el reconocimiento a L.M.R. y a su familia e informarán su derecho a una indemnización, tal como lo señaló un dictamen del Comité de Derechos Humanos (CHD) de la Organización de las Naciones Unidas.

El acto se realizará a las 17 en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. L.M.R. tiene 27 años, y hace ocho fue violada. Como consecuencia de ese delito, quedó embarazada, pero se le negó el acceso al aborto legal. Su caso fue llevado al CDH, organismo que en marzo de 2011 condenó al Estado argentino por incumplir la ley.

Internas políticas de un fin de año que anticipa una caótica época preeleccionaria, lucro con la salud y un estado omiso en el reconocimiento de derechos y que elige reparar cuando es advertido por organismos internacionales a la vez que sigue persiguiendo y penalizando a las mujeres de a pie. Un poder judicial machista y heteropatriarcal. ¿Y las mujeres? Señaladas, perseguidas y criminalizadas. Lo que nos preguntamos es, ¿Por cuánto más?