Ser pobre, migrante, indígena y víctima de violencias es sinónimo de condena

Por Laura Salomé Canteros // Foto: Agencia Andar

Reina Maraz Bejarano es boliviana y solo habla quechua. Estuvo detenida en el penal de Los Hornos sin saber por qué era acusada. Fue víctima de violencias de parte de su marido y ayer el TOC 1 de Quilmes la condenó a perpetua por su muerte legitimando sus padecimientos. Un caso que estremece y del que recién empieza a conocerse.

 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes integrado por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butierrez condenó en el mediodía de ayer a Reina Maraz Bejarano culpable del homicidio doblemente calificado, premeditado y por alevosía de su marido, Limber Santos. La lectura de sentencia fue breve, se postergó los fundamentos para el 11 de noviembre, y Reina fue acompañada por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el vicecónsul de Bolivia en Argentina, Guido González; organismos de Derechos Humanos como la Comisión Provincial por la Memoria y del movimiento de mujeres como la Campaña contra las Violencias. Para saber cuál había sido la resolución del Tribunal, Reina dependió de una traductora y haciendo cuerpo el dolor, lloró al conocer su futuro condenado por quienes sostienen una matriz social basada en la discriminación y las desigualdades.

En la sentencia, el Tribunal avaló los argumentos del fiscal Fernando Celesia y desestimó los de Reina, una práctica habitual de una justicia insensible que llevó a considerarla responsable del homicidio doblemente agravado de su marido considerándolo premeditado (con la intención de robarle) por un lado y con alevosía (porque, según se argumentó la mujer y un vecino, Tito Vilca Ortiz, se asociaron para atacarlo mientras dormía y lo habrían asfixiado) por el otro. La parte de la historia que omite el Tribunal, es que Reina fue abusada por Tito Vilca Ortiz y que su marido intentó venderla a cambio de las deudas de juego que había contraído.

Al final de la lectura, Pérez Esquivel declaró, “parece que ser mujer indígena y pobre es una maldición” y consideró que el “Tribunal ha discriminado” con el fallo. Para Sandra Raggio, directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que conoció la historia de desamparo y violencia institucional a la que estaba siendo sometida la joven en noviembre de 2011, a través de una inspección que realizara en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, “el fallo nos resulta profundamente injusto: ninguna de las tres juezas reconoció en Reina una mujer vulnerada en sus derechos, débil, sometida a la violencia. No la vio, no la escuchó”. Por su parte, el defensor oficial de Reina, José María Mastronardi, aseguró que si bien no conoce los fundamentos “vamos a esperar a verlos” y anticipó que “haremos una presentación apelando esta sentencia”. Aclaró que, hasta que no esté firme, la joven seguirá con prisión domiciliaria.

Una historia de desamparo y violencias (una más)

Karina Bidaseca es socióloga especialista en derecho indígena y género. En declaraciones a la agencia de noticias Comunicar Igualdad, relató detalles de la historia de Reina, una cadena de violencias que “tiene que ver con varios episodios que van complejizándose a medida que una va queriendo comprender la trama de la vida. En esa trama se intersectan muchas discriminaciones que son las de ser mujer, boliviana, ser indígena, pobre, quechua hablante, analfabeta”. Las apreciaciones de esta profesional constan en el expediente de la causa, pero sin embargo parecen nos haber sido tenidas en cuenta al momento de la sentencia, “desde que se casó fue sufriendo distintas violencias por parte de Limber y de su familia”, relata.

Bidaseca cuenta que Reina fue obligada a migrar a Buenos Aires desde Sucre, trabajó en forma precaria soportando el dolor del destierro en el sur del conurbano, fue separada de sus hijos y una vez encarcelada tuvo que parir en cautiverio. “Ella cuenta que Limber (…) los sábados se iba de la casa y volvía al otro día muy borracho (…)”, que “contrae  una deuda con dinero con el amigo y la forma de pagar esa deuda (…) fue con el cuerpo de Reina”. Es así que fue violada dos veces por este “amigo”, Tito Vilca. La primera vez Reina le contó a su marido, quien se enojó y se alejó del hombre, pero la segunda fue luego de que éste y Tito se trenzaran en una discusión a golpes. Esa fue la última vez que vio a Limber Santos.

Bidaseca cuenta que a los días de la desaparición de su marido la policía fue a buscar a Reina a su casa, a decirle que ella había cometido el asesinato de Limber Santos, quien apareció muerto en un horno de ladrillo y dice: “ella no entendía lo que estaba pasando (…), asiente con la cabeza cuando le dicen que tiene que ir a ofrecer su testimonio porque es acusada por el suegro, que dijo que el hijo de seis años vio como mataban al padre”. El asentimiento, que es un gesto cultural dentro de su comunidad, quedó plasmado como la confesión de Reina del asesinato de su marido.

Una justicia machista, clasista, colonialista y heteropatriarcal

Reinas hay muchas. Su caso estremece por la contundencia de la cadena de violencias que se suceden y por la tiranía de operadores/as de justicia que, lejos de otorgar el derecho a la legítima defensa teniendo en cuenta los contextos sociales, aplicó una prisión preventiva que revictimiza en ella a todas las mujeres jóvenes y pobres, erigiendose a la vez en un poder intolerante con las personas migrantes y/o de naciones originarias.

Como venimos sosteniendo en las editoriales de esta sección: la justicia es machista, clasista, colonialista y heteropatriarcal. Y quienes parecen amenazar ese orden serán muertas, violentadas, oprimidas y privadas de su libertad.

Condenaron a cadena perpetua a Reina Maraz, una mujer que estuvo presa más de tres años con su beba sin entender porqué: fue víctima de violencias, es migrante, habla quechua y nadie le explicó en su idioma de qué la acusaban. Fue sentenciada por la justicia de nuestro país, aunque ya estaba condenada. Y no nos extraña. Pero tampoco nos deja de doler.