Continúa la toma de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires contra el ajuste desde el martes. Los funcionarios no ceden y los trabajadores van por todo.
Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) siguen con el paro por tiempo indefinido y la toma de la sede central de la dirección de La Plata. Durante este fin de semana organizaron un festival que convocó a más de 2000 personas en frente del edificio de la calle 13. “Estuvo muy lindo”, contó a Marcha Ariel Olivera, delegado de la Junta Interna de ATE educación, “vinieron trabajadores con sus familias, muchos niños y mucha solidaridad”.
El conflicto arrancó el martes pasado, cuando la asamblea de la dirección decidió comenzar el paro y la toma a causa del despido de 126 trabajadores precarizados y otros 14 del área de Contralor Docente. A esto se le sumó la decisión de recortar en un 10% las asignaciones de gastos por viáticos y horas extras. La nueva ministra de educación, Nora de Lucía, que sustituyó hace pocas semanas a la cuestionada Silvina Gvirtz, aseguró que se trata de una suerte de “limpieza” de gastos que el ministerio cubre y que sin embargo no se corresponden con las tareas efectivamente realizadas por los trabajadores. Sin embargo, esas sumas forman parte de una compensación salarial que los empleados necesitan para sostener el nivel de sus sueldos, y en muchos casos el recorte que quiere practicar el ministerio llega a más de 1000 pesos menos en el salario de bolsillo de algunos trabajadores.
El nombramiento de De Lucía al frente de la cartera educativa responde justamente a la necesidad de liderar un proceso de ajuste en las cuentas provinciales, empezando por la DGCyE para luego extenderse a otros sectores de la administración pública. Este es el análisis que surge de las asambleas de trabajadores. “Si cedemos acá van a ajustar en todos lados”, decía una de las dirigentes que habló el pasado viernes en la toma, luego de la reunión que mantuvieron con los directivos.
El miércoles pasado se dieron las primeras reuniones de las que participaron los delegados sindicales de ATE, SOEME y UPCN. Éste último fue fuertemente cuestionado. El gremio conducido por Carlos Quintana (cuya sede provincial se encuentra en frente de la DGCyE de La Plata y es permanentemente vigilada por personal de seguridad privada) no avaló la medida de los trabajadores argumentando que “no se trata de un ajuste” el que implementó el ministerio. Sus delegados fueron recibidos a los huevazos luego de la primera reunión por los mismos trabajadores, y uno de ellos debió salir del edificio disfrazado de policía para evitar la furia de los laburantes. Así y todo, la reunión del miércoles fue infructuosa. Los funcionarios propusieron disminuir el recorte, que llega a los 7 millones de pesos, en un 10%, mientras que los sindicatos no quieren saber nada con que se disminuyan los sueldos. Aunque esa negociación haya pasado a un cuarto intermedio para hoy, el ministerio de Trabajo provincial citó a una nueva reunión a los delegados, de la cual participó la misma Nora de Lucía, que en declaraciones de prensa había atacado fuertemente a los trabajadores. Allí se logró que la provincia diera marcha atrás con los despidos y prometiera liberar fondos para comenzar la incorporación de los 140 precarizados. Sin embargo, la ministra aclaró que no tiene intención de anular el recorte, y la asamblea en la DGCyE decidió mantener el paro por tiempo indeterminado y la toma del edificio. La ministra exije el levantamiento de la toma como condición para negociar sobre el ajuste.
El jueves, la Federación Universitaria de La Plata, (FULP) concluyó la marcha que realizó por las calles del centro en la puerta de la DGCyE en solidaridad con la medida de fuerza. La FULP movilizó exigiendo el boleto educativo provincial, una demanda en la que está avanzando a pasos firmes, y el acercamiento a la toma fue muy bien recibido por los trabajadores, que también recibieron la solidaridad de otros sectores desde el martes.
Mientras tanto sigue la amenaza de desalojo. Desde el miércoles personal de infantería se apostó al costado del edificio, sobre la calle 57 con siete colectivos de la policía provincial. El momento de mayor tensión se dio el jueves, cuando un grupo de policías entró por la parte posterior de la dirección y uno de ellos dijo que tenían la orden de desalojo en mano. Todo se calmó cuando se pudo averiguar que eso era falso, pero unas mil personas, además de los mil que se encontraban en la toma, se acercaron al lugar y bloquearon la puerta para evitar que la policía entrara.
La asamblea decidió entonces organizar un festival este fin de semana que se tranformó en un éxito. Además de los trabajadores de la dirección, participaron docentes y colegas de otros ministerios, que mantienen cortada la calle 13 a metros de la céntrica Plaza Moreno. Según contó Olivera, la preocupación de las autoridades es por la liquidación de sueldos docentes que está frenada por la toma. Las autoridades habrían logrado entrar y sustraer documentos y archivos del área de informática para empezar a pagar los sueldos desde una sede en Martinez, aunque el gremialista aseguró que de lograrlo, lo harían de forma muy desprolija y “les va a salir mal”.
Para hoy está prevista una nueva asamblea que decidirá cómo sigue el conflicto. Mañana martes, los trabajadores participarán de la marcha organizada por la CTA contra el ajuste, ara pedir la reapertura de paritarias, el pase a planta permanente, la eliminación de los topes en asignaciones familiares y la suba del mínimo no imponible.