Sí… pero no. Estado de homofobia y transfobia

Por Pilar Rojas, desde Lima.

En Perú, hay un discurso favorable para el reconocimiento de derechos a las personas LGTBI. Sin embargo, no se aplica a todas las demandas del colectivo. En algunos casos, tampoco se cumplen las leyes o los programas de promoción de la equidad.

En los últimos años el Estado peruano impulsó algunas políticas públicas a favor de los derechos de personas LGTBI. Esta postura, al parecer, se diferencia de la década pasada (2000-2010) en la que su intervención había sido nula o llegó incluso a bloquear procesos de reconocimiento de derechos. Sin embargo, son insuficientes. Coquetean con reconocer las luchas. Pero no.

Ejemplo de ello es el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, que contenía apenas cuatro puntos (de cerca de 20 acciones consensuadas entre el Estado y las organizaciones LGTBI) y que para sorpresa incluía dos cláusulas candado que recortaban nuestros derechos, uno de ellos el no reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, ‘sí… pero no’. El segundo plan a primera vista no contemplaba restricciones de derechos de personas LGTBI pero, ¡oh, sorpresa!, tampoco nos nombraba. Por aquel entonces se mencionó que no era “estratégico” mas que se estaban generando acciones de reconocimiento de derechos LGTBI. Una vez más, el ‘sí… pero no’.

Actualmente, el Sector Justicia y Derechos Humanos elaboró un plan sectorial al 2021, en las que se incluyen acciones estratégicas que contribuyan a erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia la comunidad de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsa una mesa de trabajo con las organizaciones LGTBI y de derechos humanos para instituir políticas públicas a favor de la población diversa. ¿Un cambio a diferencia de los planes anteriores? Quizá.

Situación similar se dio en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En 2006, se excluye a las mujeres lesbianas y bisexuales de la Ley de Igualdad de Oportunidades aún cuando organizaciones lésbicas tenían incidencia política para ser incluidas. Con el Plan de Igualdad de Género 2012-2017, se logra incorporar la promoción de la no discriminación a mujeres lesbianas y bisexuales pero a mayo de 2015 su impacto en la vida cotidiana de las mujeres lesbiana/bisexuales/trans es casi nulo. Nos volvemos a topar ante un ‘sí… pero no’ del Estado peruano a quien pareciera no importarle los innumerables casos de violencia familiar hacia personas LGTBI, entre ellos los 40 casos reportados de afectación a la seguridad personas de la comunidad que fueron cometidos por familiares según el Informe Anual de Derechos TLGB 2013-2014.

Como tercer ejemplo, tenemos al Ministerio de Educación, que en 2008 publica los “Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral” en la que prácticamente no existe una referencia a la orientación sexual ni identidad de género. En junio de 2011 se aprueba la ley denominada “Antibullying”, que no se implementó del todo en las instituciones educativas ni aborda casos específicos como el bullying homofóbico. Para fines de 2014, se publica el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, que incluye una convivencia pacífica en un marco de respeto a la diversidad sin discriminación de ninguna índole pero que excluye la mención expresa de la orientación sexual e identidad de género. Otro ‘sí… pero no’ desde el Estado peruano, que pasa por alto las burlas e insultos, el maltrato y la violencia que conllevan a la depresión, deserción escolar y el suicidio de adolescentes y jóvenes LGTBI.

Pero no solo el Ejecutivo niega la ciudadanía de miles de personas LGTBI. En el mismo juego se ubican los Gobiernos regionales y municipales que desde 2008 cuentan con ordenanzas de no discriminación, varias de ellas por orientación sexual e identidad de género, pero que no contemplan acciones específicas ni presupuesto para su ejecución. Es decir ‘sí, te reconozco en papel pero… no, no haré ninguna acción real de prevención o mucho menos de promoción de tus derechos’.

Por último, tenemos al Poder Legislativo respecto al debate del proyecto de ley de Unión Civil, que buscaba reconocer legalmente a las parejas del mismo sexo. La campaña se llevó a cabo desde 2013 hasta abril 2015. Más allá de la alta visibilidad que se logró con esfuerzos de la ciudadanía, quisiera destacar los intentos desesperados desde el Congreso peruano para contrarrestar el reconocimiento de parejas del mismo sexo, todo ello sin enunciarse homofóbico. Julio Rosas, Martha Chávez y Humberto Lay, tres de los congresistas más conservadores y ligados al lobby evangélico lanzaron proyectos de ley paralelos (Atención Mutua, Sociedad Solidaria, Asociación patrimonial solidaria) respectivamente, que en ningún caso reconocían el afecto ni el derecho de las personas gays y lesbianas a denominarse familia. Se quiso volver a usar la estrategia del ‘sí… pero no’, aunque fue fallida y generó gran indignación de la población peruana (el 51 por ciento en contra del archivamiento de la Unión Civil).

Ya cerca del 17 de mayo, Día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia, quise realizar esta corta aproximación sobre las políticas públicas en los últimos años, a favor (y otras en contra) de las personas LGTBI, y así tener en cuenta las estrategias perversas que utiliza el Estado peruano para hacernos creer que tiene prácticas de inclusión pero que en lo real no se involucra en los procesos sociales a favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (con algunas salvedades) ¿Acaso el Estado peruano olvida que también somos ciudadanas y ciudadanos de este país?

La historia nos demostró una y otra vez que la negación del derecho a la igualdad y no discriminación genera injusticia y violencia social, la cual hace insostenible cualquier esfuerzo de desarrollo y crecimiento como país. ¿Cuánto más tiene que pasar para aprender la lección?