Hablar de violencias contra las mujeres de forma sistematizada es muy complejo en el continente, el patriarcado sigue oprimiendo los cuerpos de las mujeres desde lo privado: el principal lugar de ‘inseguridad’ (aquella de la que nadie habla) continúa siendo el hogar. Pero la situación es más compleja aún, este componente de opresión domiciliaria se complementa estratégicamente con diversas formas de violencias hacia las mujeres que se expresa según el territorio a través de diversas violencias: institucional, mediática, laboral, sexual, contra la libertad reproductiva, obstétrica.

Así la inseguridad puede comenzar en el ámbito ‘privado e intimo’ de la casa y continuar en la calle, el trabajo, la fiscalía, el hospital. De esta forma se logra una perfecta comprensión de las múltiples violencias que sufren las mujeres como íntimo y secreto. En este contexto, el avance de las legislaciones en materias de derechos hacia las mujeres se manifiesta de forma irregular en los distintos países. 

Según las particularidades de los mismos difieren los conceptos, categorías y leyes por lo que no confluyen en una perspectiva integral del derecho a la vida digna de las mujeres. Por ello, si bien se presenta como un fenómeno aislado, se registran cifras que alarman en todo Latinoamérica y el Caribe, aunque todavía no hay criterios ni leyes uniformes.

Un primer recorte para entender las diversas legislaciones se puede realizar entre los países que reconocen en sus leyes la violencia hacia las mujeres como una forma particular de violencia de género con aquellos que no. Así sólo en nueve países de América Latina y el Caribe se ha tomado la decisión política de caracterizar al asesinato de mujeres como femicidio en Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua mientras que para El Salvador, México y Perú es conocido como feminicidio. Por otra parte, aun hay países donde se considera dentro de la cifra de homicidios, mientras que en otros si bien ya está la figura y hay penas especiales cuando lo consideran como un agravante del homicidio.

Un segundo recorte entiende, por un lado, al femicidio como el conjunto de formas de violencia hacia las mujeres que, puede concluir en asesinatos e incluso en suicidios. Y al feminicidio como el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres, como una fractura del estado de derecho que instiga la impunidad.

Marcela Lagarde, antropóloga mexicana expresa al desarrollar la categoría de feminicidio como aquel crimen en el que las consecuencias de carácter político de las omisiones y negligencias de las autoridades de hecho quebranta los principios del Estado de derecho; Es esta falta de voluntad política de los Estados para enfrentar las violencias contra las mujeres y la impunidad que muestran la estructura del sistema de dominación patriarcal, colonial y capitalista. Esto se manifiesta en la ausencia de investigación y sanciones específicas llevando consecuentemente a perpetuación y naturalización de las violencias contra las mujeres.

Pero aún estas leyes y categorías son consideradas novedad ya que se encuentran en permanente tensión con las construcciones culturales patriarcales sobre los cuerpos de las mujeres limitando su aplicación.  

En Nuestra América, una de cal, una de arena

Venezuela, una de cal. En el marco del 25 de noviembre, en la conmemoración de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el mundo. El martes mismo, Nicolás Maduro, el presidente de la república aprobó y promulgó la reforma de la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia que establece el femicidio como delito en Venezuela. La reforma de la misma impone penas de entre 25 y 30 años a quienes cometan femicidio. También se señaló el cuerpo policial venezolano deberá recibir un entrenamiento previo para acoger las denuncias con respeto, a fin de brindarle la máxima protección a la mujer. Concluyendo que la aplicación de esta medida da cuenta del reconocimiento y respeto de los derechos humanos en el país.

Honduras, una de arena. La situación del pueblo hondureño da cuenta de cómo en un contexto de violencia generalizada y legitimada, el patriarcado acentúa la violencia hacia las mujeres. Allí se han registrado 2,500 mujeres muertas violentamente en últimos 58 meses, las cuales en su mayoría tenían entre 18 y 45 años de edad. Dando un promedio de 43 muertes por mes. Según, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos al menos 4,283 fueron asesinadas, en los últimos 12 años, y el esclarecimiento de las mismas es casi nulo ya que el 90 por ciento de dichos casos se encuentran en la impunidad por falta de investigación.