Sin licencia social para la producción de trigo transgénico

Argentina se convirtió en el primer país en autorizar la producción de trigo genéticamente modificado. El modelo de desarrollo extractivo amenaza la salud de la población mientras las distintas asambleas resisten.

Por Vivian Palmbaum

El trigo transgénico, la megaminería y la producción intensiva de cerdos son algunas de las políticas productivas que se impulsan desde el ejecutivo nacional. Distintas organizaciones del país se oponen con medidas activas y creativas.

Argentina se convirtió en el primer país en autorizar la producción de trigo modificado genéticamente, según la Resolución 41/2020 del 7 de octubre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura. Se trata de la semilla desarrollada por Bioceres que incorpora el gen HB4 resistente a la sequía y asociada al uso de glufosinato de amonio. La resolución está vinculada a ventajas comerciales que devienen de su exportación a Brasil donde aún no está autorizada la producción de esta variedad de trigo.

La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) rechazó la posibilidad de la adquisición de estas semillas genéticamente modificadas y recomendó a sus asociados “abstenerse de producir y comercializar las variedades que contengan el evento hasta tanto obtenga la licencia de la República Federativa de Brasil”. En el país carioca el 60% de los panificados que se consumen se elaboran con trigo que viene de Argentina. Una disputa comercial parece entreverse como trasfondo del rechazo.

Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, informa la mayor tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. También en la resolución se explica que no se encontraron objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal.

El trigo en la Argentina es una de las principales semillas que se producen de manera intensiva, destinada al consumo interno y a la exportación. El impacto de esta variedad transgénica en la producción de alimentos en nuestro país parece inminente y sus consecuencias, incalculables aún.

Apenas difundida la resolución se alzaron muchas voces que alertan contra la producción de trigo modificado genéticamente. Una de las razones es que está asociada a un poderoso veneno como el glufosinato de amonio, más tóxico inclusive que el glifosato. El uso de semillas transgénicas está relacionado a paquetes tecnológicos que incluyen el uso de venenos que dicen asegurar la producción, pero que lo que si garantizan son enormes ganancias para las corporaciones.

No podemos olvidar que también Argentina fue, en 1996, el primer país en aprobar la producción de soja modificada genéticamente de la mano del entonces Secretario de Agricultura y actual Canciller, Felipe Solá. Las graves consecuencias que produjo sobre todas las formas de vida son evidentes en cada pueblo, cada escuela rural y hasta en las ciudades alejadas donde el glifosato se hace presente por sus derivas. A pesar de los empeños de gobiernos y el lobby para negar lo evidente, en llamar al veneno “producto fitosanitario”, las pruebas concretas en la vida cotidiana ya son indiscutibles. Tanto es así que hasta la OMS debió expedirse sobre la probabilidad de que el glifosato sea contaminante.

En cada territorio las asambleas luchan contra las fumigaciones que depredan la vida y para ponerle un límite al rociado con glifosato a las poblaciones. Una lucha desigual por los intereses que enfrenta. Hace apenas pocos días la presión popular logró ponerle freno al INTA Pergamino, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que había interpuesto un amparo judicial para quedar exceptuado de respetar los límites para las fumigaciones sobre el casco urbano de la ciudad. En cada región se vienen organizando asambleas de vecinas y vecinos para detener un modelo productivo de muerte. El aumento de casos de cáncer, malformaciones y alergias son la cara más visible del sufrimiento del modelo extractivo.

Distintas organizaciones de Argentina y Brasil han iniciado una campaña llamada “Con nuestro pan No” para concientizar sobre el grave impacto que provocará el uso de trigo transgénico en gran parte de los alimentos que se consumen en nuestro país. Con esta iniciativa han empezado a advertir a las empresas productoras de alimentos que utilizan al trigo como materia prima sobre las implicaciones del uso de trigo genéticamente modificado. “Se trata del avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos”, expresan desde la campaña.

Casi el 50% de las niñas y niños no tienen garantizado el derecho a la alimentación en un país productor de alimentos y la crisis económica, pandemia de por medio, amenaza con agravar aún más la situación; a eso debemos sumar que el pan nuestro de cada día podría envenenarnos.

Un chancho para China

También en línea con las intenciones de impulsar políticas de desarrollo productivo el gobierno argentino firmó un preacuerdo con China para la producción porcina que implica la instalación de megagranjas. Los supercriaderos de producción intensiva de cerdos destinados a China también fueron por parte de un acuerdo elaborado por Felipe Sola, y amenazan con concretarse,  pero la gran presión de la opinión pública  obligó al gobierno a agregar ciertas cláusulas al Memorándum de Entendimiento para garantizar el cuidado del ambiente en la producción de 900 mil toneladas de carne de cerdo. Con una campaña #NoAlAcuerdoConChina, figuras mediáticas dieron visibilidad a la oposición al acuerdo que pone en primer plano un modelo productivo que nos pone en peligro.

El abogado ambientalista Marcos Filardi, en una charla sobre el lobby de los alimentos, puso de relieve que las Constituciones nacional y provinciales garantizan los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la alimentación y al ambiente sano. “¿Es el Estado garante de nuestros derechos humanos o es cadena de trasmisión para garantizar los derechos de las transnacionales?”, reflexionó el abogado, además de destacar que “estos acuerdos impuestos sin  nuestro consentimiento cambian los modelos de ser, vivir y morir en los territorios”.

El modelo de producción extractiva solo busca satisfacer la voracidad de las corporaciones que no contemplan más que la máxima tasa de ganancia, en detrimento de la vida en cualquiera de sus formas. La pandemia ha puesto en evidencia un modelo de sobreexplotación de la vida que nos ha llevado una situación de extrema vulnerabilidad cuyas consecuencias padecemos los y las de siempre.