Sin lugar para el olvido: A 45 años del golpe genocida

¿Cuál es el balance, luego de 38 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y a 45 años del Golpe? ¿Cuántos juicios se encuentran en curso en la actualidad? ¿Cuál es el efecto de las diversas políticas de memoria?

Por Luz Ailín Báez

Se cumple un nuevo aniversario, un nuevo 24 de marzo. Fecha que desde el retorno a la democracia, un 10 de diciembre de 1983, ha convocado a multitudes en las calles. El segundo 24 de marzo que transcurrimos en pandemia. Hace 19 años, pocos días antes de cumplirse los 30 años, el 24 de marzo de 2002, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se convertía en feriado nacional. ¿Cuál es el balance, luego de 38 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y a 45 años del Golpe? ¿Cuántos juicios se encuentran en curso en la actualidad? ¿Cuál es el efecto de las diversas políticas de memoria?

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los procesos un total de 3490 personas fueron investigadas. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate. El órgano estatal que preside la fiscal federal, Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

“A 45 años del golpe, el balance, pese a todo, es positivo. Creemos que la sociedad argentina (en su mayoría) ha pegado un gran salto en su conciencia para comprender que Memoria Verdad y Justicia son tres elementos fundamentales en el sostenimiento de la democracia y, por lo tanto, no se trata solamente de mirar hacia atrás para comprender lo que pasó, sino que comprender que la búsqueda de la verdad está muy pegada a la búsqueda de justicia. Estos elementos son esenciales, como en la construcción, para poder sostener un edificio con cimientos y una base sólida: esos cimientos se llaman verdad y justicia”, sostiene el abogado querellante en múltiples causas de lesa humanidad, Pablo Llonto y agrega: “Si no hay juzgamiento de lo que pasó en el pasado reciente no se va a poder construir firmemente una sociedad democrática y en la defensa de los derechos humanos. Si permiten que se violen impunemente los derechos humanos no hay nada para enseñar a las nuevas generaciones. ¿Se les puede decir a las mismas ‘Miren lo que pasó y miren qué bien están los que cometieron esa barbarie’? Podrían pensar ‘¿Para qué me enseñan el horror que pasó si los que cometieron ese genocidio están lo mas campantes paseando y riéndose por las calles’? Ese no es el objetivo, todo lo contrario y por eso el balance es positivo”.

Parsimonia justiciera

Del universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas, hay 1661 personas (un 47% del total) que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 (25%) se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio, modalidad de detención que predomina desde 2016 y que suele relacionarse con la edad de quienes son condenados. Los juicios van lentos, sin duda, pero se hacen en todo el país, y Argentina es uno de los pocos países que está desarrollando esta forma de tomar conciencia”, señala Llonto. Eva Arroyo, de H.I.J.O.S Jujuy, observa que si bien en dicha provincia se está avanzando en el juicio Megacausa, “el problema central que estamos teniendo ahora es la dilatación en la etapa de instrucción, que implica la investigación, el avance en indagatorias e imputaciones. No avanzan a pesar de que H.I.J.O.S hizo una denuncia contra 15 policías con prueba de su participación en el terrorismo de Estado”.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a nivel nacional, de la totalidad de las personas investigadas, más del 20% ha fallecido. Lo cual nos lleva a poner el foco en los modos en que se están llevando a cabo los juicios. Una de las tareas pendientes de esta democracia en materia judicial tiene que ver con acelerar los juicios. En el año 2020 se votó en el Senado una ley de reforma judicial que tiene un artículo, a propuesta de los abogados de lesa humanidad, donde se establece que los juicios de lesa humanidad tengan al menos tres audiencias por semana. “Si logramos que eso se convierta en ley, tendremos una herramienta legal para poder decirles a los tribunales orales que los lleven a cabo lo más rápido posible. A veces, los juicios que se inician tardan 14, 15, 17 años en llegar a instancia de juicio oral”, resalta el abogado.

Si consideramos que en la Argentina se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el tratamiento de dicho proyecto de ley resulta fundamental para evitar que más genocidas mueran en la impunidad. Al día en que se escriben estas líneas, el proyecto aún no cuenta con fecha para ser tratado en Diputados.

Educación para la memoria

Desde el año 2005 se lleva a cabo el Programa Educación y Memoria, cuyo objetivo inicial fue la producción de materiales para todos los niveles educativos del país (primario, secundario y terciario), y que logró trascender la efeméride del 24 de marzo para empezar a pensarse de manera más sistemática, como herramienta pedagógica para vincular el pasado reciente con temáticas actuales.

Una investigación realizada en 2015 por el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sobre las “marcas de la memoria” (Malvinas, dictadura, democracia, Holocausto y genocidios del siglo XX) en escuelas secundarias de todo el país arrojó un dato contundente: el 68,2% de los estudiantes encuestados había escuchado hablar con mayor frecuencia sobre la dictadura en la escuela, un 12% en sus casas y un 13% en la televisión. Un porcentaje menor (2,4%) en la calle, con amigos y aún menor en la web (2%).

Si se analizan los datos arrojados en relación a esta política de memoria, se puede concluir que la escuela es la institución que asume con mayor responsabilidad la transmisión del pasado reciente y la construcción de la memoria colectiva. Se trata de una tarea que la sociedad argentina viene construyendo desde 1983, que muchos docentes vienen sosteniendo en las escuelas con voluntad y compromiso y que posteriormente se transformó en política de Estado (con sus bemoles de financiamiento, según la administración de turno). Será interesante ver estos mismos datos y sus avances, cuando concluya el nuevo decenio de estas políticas de memoria, en 2025.

La articulación de entidades educativas con los ex centros clandestinos, hoy constituidos como espacios de memoria, forma parte de esta política. “El área de promoción de derechos humanos abre  la posibilidad de seguir una línea cronológica  previa, durante y después de la dictadura, y poder revisarnos en el hoy. No sólo quedarnos con lo acontecido en la dictadura sino plantearlo desde una pedagogía de la memoria: para qué nos sirve la historia en el presente”, puntualiza Ángeles Aguilar, docente integrante del área de pedagogía y comunicación del Sitio arqueológico y Espacio de Memoria y Ex Centro Clandestino de Detención, tortura y Exterminio, “Club Atlético”, en San Telmo. “No es lo mismo que te cuenten sobre este lugar a poder recorrerlo, poder ver sus objetos. Desde lo pedagógico es fundamental tener ese apoyo y esa materialidad para dimensionar que nuestro lugar es un caso de los más de 700 centros clandestinos que hubo en el país y de los más de 40 espacios de memoria que hay en el país. Importante porque no sólo no la vivimos sino que no nos enseñaron sobre dictadura”, concluye.

“En el área de derechos humanos, lo importante que queda hacia adelante tiene que ver con las futuras generaciones. Es fundamental que la enseñanza de los derechos humanos se haga desde la primaria y se haga de una manera intensiva. No tiene que ver solo con la educación sino que en todas las áreas donde estamos, el deporte, la cultura, el entretenimiento, la medicina, la arquitectura, el derecho y la justicia, en cada área donde se mueve la humanidad hay que enseñar los derechos humanos. Enseñar a defenderlos y conquistarlos. Va desde el derecho a la vida hacia todos los derechos humanos consagrados en esa declaración y los que se están haciendo extensivos en las distintas convenciones que se han ido votando durante las últimas décadas”, observa Llonto.

Nuevas formas de hacer memoria

Sobre nuevas formas de hacer memoria, la consigna es que valen todos los recursos. A la memoria hay que regarla todos los días, todos los minutos, todas las horas.

“Es importante que los pueblos no pierdan ni un centímetro de memoria y es importante que se trabaje hacia momentos que algunos sectores del poder quiere que olvidemos lo que pasó. Por eso la memoria no es solo lo del pasado reciente, sino recordar todos los espantos y las barbaries que se han cometido y rescatar a todos aquellos y aquellas que lucharon por defender los derechos humanos en este siglo, en el anterior y el anterior y en la historia de la humanidad”, señala Llonto.

Todas las variantes que implican la comunicación, los libros, las películas, los documentales, los árboles plantados, los pañuelos, la educación (iniciativas en escuelas, facultades y barrios), las actividades en un estadio de fútbol y las llevadas a cabo por las profusas comisiones de memoria de los diferentes sindicatos de trabajadores son válidas para hablar de lo sucedido. “Como dice la canción de León Gieco, ‘si todo está guardado en la memoria’, lo que tenemos que hacer es sacarlo de esa guarda y extenderlo, repartirlo”, concluye el abogado.

Derechos Humanos en democracia: horizontes

Jorge Falcone es hermano de María Claudia Falcone, estudiante desaparecida en la Noche de los lápices e integrante de las Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar. Para Falcone, resulta innegable el hecho de que “a partir de 2003 los derechos humanos se constituyeron en política de Estado, y las nuevas generaciones, distantes de las secuelas del terrorismo ideológico, van superando la satanización que rigió sobre la memoria de una generación que, acorde al tiempo que le tocó vivir, adoptó mayoritariamente el método de la acción directa”. Sin embargo, critica que esas políticas “se dedicaron a ejercer reparaciones circunscriptas a las secuelas del gobierno de facto, dando frecuentemente la espalda al abordaje de numerosos crímenes perpetrados en democracia, ya sea debido al gatillo fácil, el narco, la trata de personas, la violencia de género, o lisa y llanamente la hambruna que aún se enseñorea a lo largo y ancho del país de las vacas gordas”. Y remarca que “la segura reparación de todos los males de ayer y hoy tendrá lugar cuando rija una efectiva Justicia Social, que garantice cuanto menos pleno empleo, vivienda digna, educación y salud gratuitas, equidad de género, y respeto por la Madre Tierra”.

Un nuevo aniversario nos obliga a pensar en la memoria, no como actualización de cristalizaciones estancas, sino como un ejercicio activo del derecho a la resistencia a los sentidos que intentan primar como “normales”; desde el modo de relacionarnos como pueblo con nuestra tierra y la cosificación de las mujeres y disidencias, hasta la normalización de la pobreza y desigualdades. Hacer memoria como una constante búsqueda de un futuro más justo para todes, pensando en lo que nos pasó como sociedad y en la generación de nuevas preguntas para proyectar futuros inclusivos, de respeto y sin impunidad.