Solidaridad con militantes sociales detenidos en Colombia

Por Laura Acebedo y Fabian Cely*

Una vez más el Estado colombiano recurre a estrategias de amedrentamiento y persecución a líderes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos con el fin de criminalizar su labor.

El 08 de julio de 2015, fueron detenidas 15 personas de manera simultánea en la ciudad de Bogotá en operativos dirigidos por la Fiscalía general de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, a quienes se les vinculó con las explosiones de un par de petardos ocurridos una semana antes en la ciudad, que fueron rápidamente endilgados al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

Estas fueron las razones que adujeron públicamente para su captura, y que sin embargo, en las audiencias de acusación no han estado presentes dentro de los delitos que se les endilgan. Aun así, ya hubo una condena pública ante los pronunciamientos generados desde la Presidencia de la República, entidades del Distrito y Fiscalía General de la Nación, dirigidas a señalar su responsabilidad en tales hechos, violando al derecho al debido proceso, y la garantía de la presunción de inocencia, alentado igualmente por un gran despliegue mediático desde el mismo momento de su captura hasta ahora.

Dos de estas personas fueron dejadas en libertad a las pocas horas, pues su detención se había dado sin una orden de captura. Doce de las trece personas que siguen privadas de la libertad, son integrantes del Congreso de los Pueblos, reconocidos dirigentes estudiantiles, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores y defensoras de Derechos Humanos que han venido públicamente liderando la defensa de la educación pública, los derechos de los campesinos, la construcción de la Paz y la defensa de los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, el material probatorio que han querido presentar para fundamentar el caso, es realmente absurdo e insuficiente. La lectura de libros de Camilo Torres y el Che Guevara, son algunas de las pruebas presentadas por el ente acusador, mientras que las imputaciones de cargos por su vínculo con las explosiones, pasó de ser la forma de legitimación mediática de dichas capturas, para desaparecer en las acusaciones, las cuales ahora se fundamentan en la participación en tropeles universitarios ocurridos el año pasado. Todo ello sostiene aún más lo que hemos denunciado como un falso positivo judicial o montaje judicial, que a todas luces apunta a generar miedo entre las organizaciones sociales y desarticulación de la lucha.

Desafortunadamente, no son los únicos. Nos preocupan los múltiples casos de falsos positivos judiciales que se continúan presentando y que han venido generado estigmatizaciones y riesgo a los miembros del movimiento social en Colombia. Son más de 9500 los presos y presas políticas en Colombia acusadas entre otros, por cargos de rebelión, un delito que ni siquiera debería existir en un país que se ufana de ser democrático.

En la misma vía, aproximadamente 6000 casos de montajes judiciales tienen en común haber ocurrido después de grandes movilizaciones, de los cuales por lo menos un 75% de estas personas han demandado al Estado colombiano por haber sido privadas de su libertad injustamente. Sin embargo, toda vez que no opera el principio de presunción de inocencia, un derecho violado, muchas de estas personas han pasado varios años en la cárcel con juicios abiertos mientras se intenta definir su culpabilidad y a pesar de demostrar lo contrario, ya el objetivo de amedrentar y desarticular las luchas que adelantaban estas personas se ha cumplido, así como también, mancillar su reputación que tras los juegos mediáticos, no cuentan con la misma suerte a la hora de recuperar su libertad.

Las detenciones realizadas están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en Colombia, y a obstaculizar la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz estable y duradera. Lo que venimos diciendo e insistiremos en ello, es en denunciar que el ejercicio de la oposición y ser de izquierda no es un delito, que el Estado no puede hablar de paz mientras continúe operando con los mismos manuales de contrainsurgencia creados desde los años setenta, los cuales dieron vida a los grupos paramilitares, que necesitamos conocer la verdad sobre los crímenes de Estado, para que se haga justicia, para repudiarlos socialmente y exigir que no se vuelvan a repetir.

Ya son tres años de una mesa de negociación entre las Farc y el Gobierno nacional, pero son muchos más intentando construir una paz con justicia social, la misma que hoy desde los movimientos sociales reclamamos, exigiendo que se escuche la voz de quienes construimos desde los territorios propuestas de transformación para el país para una vida digna. Sabemos que una paz con justicia social no puede ser construida sobre los pilares con los que aún se sostiene la falacia democrática que vivimos en Colombia.

Quizás este momento pueda equipararse a las álgidas movilizaciones de finales de los setenta o la búsqueda de espacios de participación política de la década de los ochenta, cuando también se negociaba la paz. Ese momento nos dejó una nueva constitución política en el año 1991, un pacto social con amplias garantías y protección de derechos, que bien podría ser más un libro de literatura que el sustento de la democracia. Pero también nos dejó una trágica experiencia con el genocidio político de la Unión Patriótica y el asesinato y desaparición de innumerables líderes y lideresas sociales. Lastimosamente también puede equipararse en cuanto a las transformaciones que tuvo el Estado colombiano una vez volcó toda su maquinaria al servicio del statu quo mediante la Doctrina de Seguridad y la lucha contra el enemigo interno, aquella figura difusa que fue y sigue siendo representada por cualquiera que ponga en entre dicho el modelo de país que las derechas han diseñado para sí.

Hoy, una vez más, nos encontramos ante aquellas artimañas del Estado. Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional los recientes hechos que constituyen una violación grave a los derechos humanos, principalmente atentan contra los derechos de asociación, protesta, presunción de inocencia, debido proceso, expresión y el derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia.

La solidaridad de los pueblos

El martes 14 de Julio, un numeroso grupo de organizaciones populares argentinas y de agrupaciones colombianas del Cono sur, realizaron un plantón durante más de dos horas frente a la Embajada de Colombia en Buenos aires, como medida de rechazo y repudio a las detenciones masivas.

Tras la lectura del comunicado internacional de solidaridad, se dio inicio a las intervenciones de los representantes de las organizaciones sociales, las cuales se fueron intercalando con la lectura de los perfiles de las y los compañeros detenidos.

Una tras otra, las voces resaltaban la importancia del apoyo y acompañamiento internacionalista al pueblo de Colombia y, en este difícil momento al Congreso de los Pueblos, expresando su preocupación por los miles de presas y presos políticos y por las reiteradas acciones de criminalización y persecución al movimiento social por parte del Estado colombiano.

El mensaje de solidaridad internacionalista remarcó, a través de diversas voces, que la construcción de paz con cambios y con justicia social en Colombia es muy importante para la paz en el continente y que el pueblo Argentino, a través de sus organizaciones populares por medio de la movilización, exigen y seguirán exigiendo al Gobierno de Santos el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías para ejercer el derecho a organizarnos en la lucha y la protesta social, siempre recordándonos muy afectuosamente y de manera contundente que estamos ahí juntos y juntas caminando los senderos de la lucha por una vida digna en un mensaje de fortaleza, un espaldarazo compañero.

*Militantes del Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina