¿Son todos narcos?

¿Son todos narcos?

El narcotráfico ganó la agenda política reciente. Los casos de Córdoba y Santa Fe, narcopolicías, y complicidad judicial. La ley de derribo de aviones, y sus detractores. El combate contra el narcotráfico, herramientas jurídicas y políticas. Argentina, Colombia y México.

El narcotráfico volvió y con fuerza a estar en la agenda mediática de la Argentina. Diversos casos de gran relevancia ganaron estado público como los sucedidos en Córdoba y Santa Fe, donde  la vinculación entre poder político, policial y sectores vinculados a este tipo de actividades salieron a la luz. Por otro lado el debate sobre la ley de derribo, y la supuesta llegada al país de miles de colombianos narcos, confluyeron para armar un cuadro de situación en donde Argentina habría pasado a convertirse en cuna de la fabricación, comercialización y distribución de estupefacientes.

Dos provincias como Córdoba y Santa Fe se vieron sacudidas por casos vinculados al narcotráfico entre fines del año pasado y este. Primero fue Santa Fe, donde el ex comisario mayor Hugo Tognoli titular de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de 2007 a 2011; y jefe de la policía provincial hasta octubre de 2012, fue separado de su cargo, y luego procesado judicialmente por la causa de “copartícipe en el comercio de estupefacientes”. El ex jefe de la Fuerza fue vinculado al narcotraficante Carlos Ascaíni, a quien entre otras cosas ofrecía protección. Esta trama fue develada a raíz de las investigaciones realizadas por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), en octubre de 2012.

Posteriormente la provincia de Santa Fe volvería a estar vinculada a este tipo de hechos: diversos allanamientos de envergadura, amenazas, y tiroteos entre bandas nacos, y por último el episodio, con tinte mafioso incluido, por el cual fue baleada la casa del actual gobernador Antonio Bonfatti.

Por otro lado la provincia de Córdoba estuvo en el ojo de la tormenta cuando una investigación periodística dio cuenta de los vínculos entre sectores de la policía provincial, con bandas de narcotraficantes que operan en dicha provincia. Este hecho implicó la renuncia del Jefe de Policía Ramón Frías, y del ministro de Seguridad, Alejo Paredes. A su vez están implicados también efectivos de la División de Lucha contra el narcotráfico. Según relevaron las investigaciones periodísticas los policías armaban causas truchas a personas inocentes, y exigían dinero a las familias para liberar a estas personas. Por otro lado, la droga “blanqueada” en los supuestos operativos donde se decomisaba, se vendía posteriormente.

El caso impactó fuertemente en el gobierno de Juan Manuel de la Sota, quien empleó como estrategia el negar cualquier vinculación de la policía provincial con este tipo de actividades delictivas. Desde la gobernación provincial se insistió con que el llamado “narcoescándalo” es un montaje de los medios de comunicación. Mientras tanto y a partir de nuevas investigaciones también aparece involucrada una ex legisladora provincial, Liliana Josefa Juncos, quien fuera parte del ejecutivo provincial del ex gobernador Juan Schiaretti.

El tema del narcotráfico se terminó de instalar en la agenda mediática cuando decidió terciar en el mismo la Iglesia Católica. En la palabra del presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lozano, la institución eclesiástica sostuvo que la existencia del narcotráfico no es posible,  “sin el visto bueno, sea por coima o por extorsión, de algunos funcionarios de algunos poderes ejecutivos locales”, y que “existe connivencia del Estado con el narcotráfico”.

 Aviones y derribos

A raíz de todas estas cuestiones que venimos comentando, desde ciertos sectores de la oposición como el Frente Renovador, que lidera el intendente de Tigre, Sergio Massa, se sostuvo que una posible solución para evitar la entrada de droga a la Argentina es establecer la ley de derribo de aviones ilegales. “Todo avión que detectás lo derribás; hay un procedimiento que prevé la ley: le damos cinco minutos para que baje, tres minutos, dos minutos; la ley de derribo establece un procedimiento para identificar y hacer bajar aviones que de otra manera ignoran los controles”, afirmo el electo diputado nacional en las elecciones de octubre.

Desde el ejecutivo nacional salieron a responder con vehemencia a las declaradas efectuadas por  Massa. El senador Aníbal Fernández sostuvo que el derribo de aviones “un verso que le venden al hombre común que no conoce el tema”, y que la solución estriba en hacer inteligencia que permita decomisar el avión. Por su parte el ministro de Defensa, Agustín Rossi, indico que es necesario generar” un clima en donde el debate alrededor del tema se haga de forma más madura y alejada del consignismo”. Más ambiguo fue el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al afirmar que “no se trata de andar derribando aviones, sino que se desplieguen distintas acciones que lleven a que los que tengan miedo sean los narcos, que sepan que no pueden penetrar en el territorio”.

Desde la cartera de Defensa también sostuvieron que en la actualidad la cuestión del narcotráfico “no es un problema exclusivo de fronteras”, y que “hay responsabilidades concurrentes” que involucran también al poder judicial. Algo similar sostuvo la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien destacó que una de las dificultades en avanzar contra el narcotráfico es “definir un sistema procesal moderno como el que existe en el resto de América latina”. Por otro lado, la titular del ministerio Fiscal cargo contra aquellos que  buscan “poner en las cárceles a gente que siembra para el consumo o a personas en situación de extrema pobreza, captados como soldados y esclavos” ya que de esta manera “no se va a dar golpe relevante al narcotráfico”.

El narcotráfico ha ganado en la última semana la agenda mediática nacional. Un tema que arrastra un historial en la Argentina reciente, pero que no surgió ayer. Ya nadie pone en duda que Argentina paso a ser un país de consumo, ni los crecientes niveles de violencia ganados por el accionar de las bandas de narcotraficantes en las periferias de las grandes ciudades, donde muchas veces actúan con la complicidad de las autoridades policiales locales. Sin embargo es necesario desechar cualquier versión apocalíptica sobre estos temas. De nada sirve la constante comparación con Colombia o México o la “preocupante” llegada de colombianos y colombianas al país.