Sonia Brito: “es necesario restaurar el Estado de derecho en Bolivia”

Ante el anuncio que propone postegar las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Sonia Brito, reflexionó a ocho meses del Golpe de Estado que suspendió las garantías constitucionales y secuestró la soberanía política del pueblo hermano.

Por Redacción Revista Maya | Foto: ALP

Desde noviembre del año pasado Bolivia sufre una de sus más profundas crisis política, económica, social, cultural, a la que se sumó otra de tipo sanitaria a raíz de la pandemia del Covid-19. El tablero político está marcado por una polarización extrema, donde los sectores de derecha y empresariales, apoyados de las Fuerzas Armadas y la Policía, no han escatimado en recurrir a todo tipo de artilugios para aferrarse al poder, pasando por la ejecución de dos sendas masacres, hasta la persecución política, inhabilitación de candidatxs opositores, aliento a pandillas paramilitares, entre otras.

Sonia Brito Sandoval es diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se refirió a la situación por la que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos.

¿Cómo evalúa la actual situación de DD.HH. en Bolivia?

Bolivia está viviendo flagrantes violaciones de Derechos Humanos, se han vulnerado casi todos los derechos individuales y también colectivos. A partir del golpe de Estado iniciado en octubre del año pasado, se han sucedido una serie de vulneraciones de Derechos Humanos, por lo que la situación es muy alarmante. Vamos a mencionar solo algunas de estas:

1. Al momento del golpe, en octubre y noviembre de 2019, como parte de una estrategia, la derecha realizó la quema de domicilios particulares de autoridades del MAS: de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros y otros, presionándoles para renunciar, incluso familiares del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera vivieron momentos muy difíciles. Luego de este escenario, donde se obligó a la renuncia de los primeros mandatarios de Estado, Jeanine Áñez asumió de manera inconstitucional la presidencia, ordenado la acción de tropas militares contra sectores sociales movilizados con el trágico resultado de las masacres de Sacaba y Senkata.

2. También se iniciaron detenciones arbitrarias contra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus representaciones departamentales, acusados de delitos electorales sin ninguna prueba ni sustento jurídico; luego continuaron las detenciones de dirigentes y líderes sociales acusados falsamente con cargos de sedición y terrorismo. En el mes de diciembre se reportaron aproximadamente mil detenciones.

3. Varios gobernadores, alcaldes y concejales del MAS fueron forzados a renunciar para ilegalmente suplirles por autoridades del hoy oficialismo, utilizando grupos paramilitares de choque que atentaban contra estas autoridades y sus familias.

4. Los medios de comunicación alternativos fueron silenciados, muchos periodistas despedidos y perseguidos, quitaron la licencia de las radios comunitarias para reabrirlas después bajo el control de los golpistas. Un periodista argentino fue muerto y hasta hoy no se investigó lo sucedido.

5. El órgano judicial trabaja como un brazo operativo de la represión, prestándose para iniciar procesos y detenciones ilegales, por lo que varios jueces y fiscales se resistieron, prefirieron renunciar y/o fueron despedidos.

6. El gobierno de facto ha fomentado y promovido la existencia de grupos irregulares paramilitares en Cochabamba, la denominada “Resistencia Juvenil Kochala”, y otros grupos en el Oriente, que con consignas racistas y recibiendo la protección del Gobierno y la asignación de recursos económicos, han realizado muchas arbitrariedades y abusos contra los sectores populares.

¿Puede referirse en detalle a la historia de Patricia Hermosa y los atropellos padecidos por ella?

Patricia Hermosa fue denunciada, sin mayor prueba, por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo en el mes de diciembre 2019, por lo que ella se presentó voluntariamente a declarar y se le permitió defenderse en libertad; sin embargo, en su calidad de abogada y representante legal de Evo Morales, cuando se encontraba realizando trámites para inscribirlo como candidato a senador por Cochabamba, fue detenida el 30 de enero, sin contar con mandamiento de detención, siendo retenida en una movilidad por más de una hora, secuestrados los documentos y la computadora que portaba, e incluso, como se demostró posteriormente, los personeros del régimen desaparecieron la libreta de servicio militar de Morales.

Desde su detención han transcurrido casi seis meses, todas las acciones de libertad o de medidas sustitutivas han sido negadas. Se ha declarado en los medios que la detuvieron embarazada y que tuvo un sangrado de 10 días, lo que habría generado la pérdida de su embarazo. En los últimos meses se ha deteriorado su salud y se ha desmayado en el penal de Obrajes, sin permitírsele que pueda ser atendida en un centro hospitalario. Han transcurrido más de 10 días aislada en cuarentena por un posible contagio de Covid, restringiéndole hasta el uso de la ducha y la comunicación con sus familiares.

¿Se puede afirmar que en Bolivia se coarta la libertad de expresión y acción de los opositores al gobierno de Áñez? 

Fueron cerradas las radios comunitarias, tomaron el control de medios estatales, dejaron de dar publicidad a medios imparciales como el caso de Abya Yala, PAT y Gigavisión, entre otros.

Existe una denuncia internacional por la muerte del periodista argentino Tomás Moro y la detención de Facundo Molares. Hay un silenciamiento de periodistas imparciales. Se cortó la señal de medios televisivos como Telesur.

¿Hay una política de persecución contra el MAS y por qué?

Entre los objetivos más importante del golpe fue acabar con la estructura del MAS, con sus líderes principales, sus candidatos, los dirigentes de las organizaciones sociales, porque buscaban revertir las conquistas sociales y populares alcanzadas durante el Proceso de Cambio. El gobierno de Áñez actúa bajo el mandato y órdenes de Estados Unidos, tiene intereses económicos y políticos; procura volver al modelo neoliberal y privatizar la economía, permitiendo que el capital transnacional retome el control de las empresas estratégicas hoy a cargo del Estado. Uno de sus intereses mayores es el litio.

¿Cuáles son las posiciones y declaraciones de organismos internacionales respecto a Bolivia en cuanto a vulneraciones a los DD.HH.?

Tanto el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado en diversas oportunidades. En el mes de diciembre llegaron las misiones de la Comisión Interamericana a de Derechos Humanos (CIDH), como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de procesos investigativos han emitido un informe sobre las graves vulneraciones de Derechos Humanos vividas en el país. Igualmente se han pronunciado los Relatores Especiales Sobre Libertad de Expresión, Sobre Independencia de Poderes, Sobre Racismo, ONU Mujeres, en relación a distintos atropellos.

En los últimos días, en la ciudad de Cochabamba fueron detenidos jóvenes opositores al régimen, entre ellos dos menores de edad, ¿cuál es el estatus de la causa?

Hay sectores sociales que tienen demandas propias y uno de esos son los pobladores de la zona de K’ara K’ara, en Cochabamba, donde se encuentra el botadero municipal, saturado desde hace varios años atrás y expuestos sus pobladores a la contaminación, ya que la Alcaldía no ha tenido una propuesta seria de un tratamiento sanitario de la basura ni de su industrialización. Esta preocupación, sumada a la falta de agua, ha movilizado a la gente, lo que ha generado una represión con la acción conjunta de la policía, los militares y grupos de paramilitares.

La detención ilegal primero de tres jóvenes y posteriormente de otros cinco (entre ellos menores de edad), ha generado indignación de los jóvenes de K’ara K’ara. Los primeros detenidos se encuentran con detención preventiva, siendo llevados al penal de Chanchocoro a dos varones y a Obrajes a la compañera Lucy Escobar; claramente se ve que son detenidos políticos.

¿Hay alguna investigación en curso respecto a las masacres de Sacaba y Senkata?

La Asamblea Legislativa ha conformado una Comisión de Investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos desde octubre 2019, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata. Esta concluirá su trabajo en breve. Por tratarse de delitos de lesa humanidad tendría en sus conclusiones que determinar procesos penales por los asesinados en las masacres y otros probables procesos por violaciones de derechos.

Asimismo, el Ministerio Público se encuentra investigando lo sucedido, pero después de meses no se conoce ningún resultado a la fecha, suponemos que por la falta de imparcialidad.

¿Qué otros derechos han sido vulnerados?

Además de todos los explicados, está la violación de los derechos colectivos como el derecho humano a la salud en medio de la pandemia, ya que no obstante ingentes cantidades de créditos y recursos aprobados desde la Asamblea, estos no se reflejan en la salud del pueblo, los hospitales públicos han colapsado y se está dejando morir a las personas en las calles, sin estrategias en salud que articulen el sistema público, privado y de pensiones de salud que puedan atender a toda la población boliviana.

Otros derechos colectivos vulnerados son los económicos, ya que por falta de estrategias y políticas estatales los sectores populares están sufriendo la grave crisis económica generada por la pandemia.

¿A dónde deben dirigirse los familiares de una víctima de violación de DD.HH.? ¿Dónde se presentan las denuncias y qué instituciones la amparan?

Los denunciantes deben acudir al Defensor del Pueblo. Igual pueden hacer denuncias internacionales ante la CIDH, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realiza la fiscalización a los otros órganos del Estado, los cuales se han negando a responder, ya que se vive en un Estado de no derecho. Por eso, es necesario restaurar el Estado de derecho, el respeto de la Constitución Política del Estado (CPE) y a los Derechos Humanos.

*original en Revista Maya