Morón: ser un vigilante de la municipalidad

Por Florencia Maffeo 

Al intento de criminalización del derecho al aborto en el municipio de Morón le siguieron las críticas y un análisis sobre los retrocesos en la gestión de Ramiro Tagliaferro. Como consecuencia, separaron de sus cargos a los coordinadores administrativo y médico, del Centro de Salud “Dr. Springolo”.

El sábado 20 de agosto por la mañana, los/as profesionales de la salud del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Springolo”, ubicado en la ciudad de El Palomar, partido de Morón, se encontraron con un cartel en el que se les exigía realizar “la denuncia policial obligatoria” en los casos: de sospecha de aborto, sospecha de violación, sospecha de abuso sexual, herida de bala/arma blanca/elementos varios, golpiza, y sospecha de maltrato.

Esta orden, comunicada con membrete oficial del CAPS y del municipio, seguida de la dirección y teléfono de la comisaría, fue repudiada enérgicamente por organizaciones sociales y visibilizó la cantidad de políticas públicas en lo que tiene que ver a salud sexual que no se implementan en el municipio bajo la gestión de Ramiro Tagliaferro.

Y es por esto que, ante las críticas por la decisión de intentar criminalizar el derecho al aborto, Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y médico, del CAPS “Dr. Springolo”, respectivamente, fueron separados de sus cargos.

“Las leyes vigentes”, ¿cuáles leyes?

La nota colgada en las paredes del CAPS “Dr. Springolo”, único centro de atención primaria de este distrito que cuenta con guardia, sostenía que de acuerdo a las “leyes vigentes” el personal médico debía hacer la “denuncia policial obligatoria”, y luego llevar copia de la denuncia al CAPS para su archivo y seguimiento.

Esto carece de fundamentos por todos lados. En primer lugar, no existen leyes que obliguen a hacer tales denuncias. Pero lo más grave es obligar a las y los efectores de salud a hacer estas denuncias que instigan a romper con el secreto profesional, en contra de su ética y deber, y que vulnera el derecho de lxs pacientes, garantizado por ley, a la confidencialidad y privacidad.

Segundo punto: las y los profesionales de la salud NO son fiscales del sistema judicial. Su deber es garantizar la salud y la calidad de la atención, y no estar vigilando a las personas que se van a atender al CAPS, mucho menos juzgar la “sospecha de”.

En tercer lugar, hay ciertos delitos que no son posibles de denunciar por las y los profesionales de la salud, porque según el sistema judicial (nos guste o no nos guste, este es otro debate en el que no entraremos) los delitos de violación y abuso sexual son de instancia privada. ¿Qué quiere decir? Que la denuncia solamente la puede hacer la víctima. Otro punto que muestra la ignorancia de quien escribió tal comunicado.

Las sospechosas de siempre

Somos las mujeres. Ni las organizaciones, ni profesionales del municipio, y casi cualquiera que lee este cartel ha dudado de que “la primera intención de los funcionarios/as públicos/as de este distrito es criminalizar a las mujeres, puesto que la mera sospecha de un aborto es puesta como primera causa de denuncia”, como manifestaron organizaciones feministas del oeste en una gacetilla que circularon el sábado, la cual tiene múltiples adhesiones. Una búsqueda de criminalización evidente, a pocos días de que “Belén”, la joven tucumana presa por un aborto espontáneo, fuera puesta en libertad.

Morón se ha caracterizado, hasta diciembre, en ser un municipio con políticas en favor de los derechos de las mujeres, políticas nacidas en manos de las y los trabajadores y las organizaciones, y luego institucionalizadas. Como las consejerías pre y post aborto, que surgieron de la iniciativa de las trabajadoras de la salud de algunos CAPS, sensibilizadas y conscientes con este tema. Con el tiempo, el municipio le dio su apoyo, luego en el 2014 se sancionó una ordenanza municipal que avala su funcionamiento, y más tarde, durante la gestión de Lucas Ghi (Nuevo Encuentro) el municipio empezó a comprar misoprostol (medicamento recomendado por la OMS y el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación) para garantizar las interrupciones legales del embarazo tanto en el hospital, como en los CAPS que tenían consejería, lo que aseguraba abortos seguros y sin demoras.

Esta política llevó a que Morón bajara la tasa de mortalidad de mujeres gestantes (conocida como tasa de mortalidad materna) a cero en los casos de abortos, que es la principal causa muerte de mujeres gestantes en el país.

Evidentemente, Tagliaferro y compañía no querían dejar de ser punta en el retroceso de las políticas públicas municipales. En materia de salud sexual, por nombrar sólo un ejemplo, el municipio dejó de pagar al médico/a para atender el consultorio diverso, cargo que se sostiene ahora por el aporte de Conurbanos por la Diversidad, organización que sostiene con su trabajo voluntario este espacio. Además, hay escasez de métodos anticonceptivos en los CAPS, y se interrumpió la compra de misoprostol, aunque no por eso la atención de las consejerías, que se mantienen por convicción de sus trabajadoras.

Por estos motivos, desde marzo las organizaciones feministas del distrito vienen solicitando reuniones con la secretaria de salud, pero no han tenido respuesta alguna.

Sos botón, ¡sos botón!

Lo mejor que sabe hacer el PRO es vigilar y controlar. Ahora también pretenden que lxs profesionales de la salud se transformen “en los agentes persecutorios de un Estado policial (…) haciendo de la violencia institucional el leit motiv de la gestión” y hace que “se rompa la confianza entre profesionales y usuarixs, en detrimento de la calidad de la atención y de los niveles de salud de la población, en particular de las mujeres”, sostuvieron las organizaciones feministas del oeste.

Existe una persecución concreta en los servicios de salud, nada escapa de la vista del “gran hermano” en términos orwellianos, con una clara estructura jerárquica municipal. No hay cartel invitando a reunión del gremio que pueda permanecer en la sala por horas, porque en poco tiempo llega la orden desde la secretaría de salud para que se retire, algo que demuestra también el poco respeto por los derechos laborales.

Los coordinadores de sala, designados por la secretaría de salud, a cargo de Mario Russo, y la Dirección de Atención Primaria de la salud, en manos de Viviana Bertolini, son los “botones”. Y también los chivos expiatorios. Sorprende que en la estructura vertical que sostiene la gestión, se les haya “escapado” este cartel, y que, ante la llamada del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la provincia de Buenos Aires, que pidió explicaciones ante la orden que dan de romper el secreto profesional, Russo haya desconocido su origen y pasado la pelota a Alberto Daniel Araujo y el Dr. Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico, del CAPS “Dr. Springolo”, respectivamente, a quienes al parecer, se les habría iniciado un sumario administrativo y fueron separados de sus cargos.

El actual secretario de salud de Morón viene de ejercer el mismo puesto en el municipio de San Miguel, tierra milica y del opus dei, donde desde hace años se incentiva a las y los profesionales de la salud, en particular del Hospital Arcade, a denunciar a las mujeres que llegan con procesos de aborto.

Las organizaciones han exigido la renuncia de todos ellos, desde los coordinadores del CAPS hasta Bertolini y Russo, a quienes consideran “como los funcionarios públicos responsables administrativa, legal y políticamente de violar los derechos humanos de los/as usuarios/as del sistema de salud de Morón”.

Mientras esperan la respuesta, siguen preparando el Encuentro Regional de Mujeres, que se hará el 10 de septiembre, instancia en la que se hará aún más visible la lucha y la organización de las mujeres.