¿Subsidios que industrializan?

Por Agustín Arakaki. La revisión del régimen de subsidios comenzó por aquellos destinados directamente a las empresas. Es un primer paso en el sentido correcto, pero restan aún cambios de fondo en la lógica de las compensaciones estatales.

Los ministros de Economía y de Planificación fueron los encargados de anunciar el inicio del proceso de la reestructuración del esquema vigente. A tales fines dieron a conocer la resolución número 693, mediante la cual se creó un Grupo de Trabajo que elaborará informes periódicos que serán utilizados para evaluar la continuidad, reducción o eliminación de los distintos subsidios. A su vez, se estableció que la Sindicatura General de la Nación se encargará de auditar la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados. No obstante, los ministros aclararon que inicialmente se revisarán aquellos dirigidos directamente a las empresas. 

Como primer paso en esta dirección, el gobierno decidió retirar el 100 % de los subsidios en energía y agua a los bancos, financieras, compañías de seguro, la telefonía móvil, las actividades extractivas, como los hidrocarburos y la minería. Esto representa un ahorro total de 600 millones de pesos o, lo que es lo mismo, una reducción del orden del 0,83% de las erogaciones realizadas por el Estado en este sentido. Claramente no es mucho, pero es un comienzo.

Ahora bien, para poder analizar el carácter de esta medida es necesario tener en cuenta el rol que han jugado los subsidios dentro del modelo económico de la post Convertibilidad. Básicamente, a través de su otorgamiento, el Estado se hizo cargo de parte del aumento de los costos de las empresas nacionales sin afectar a la demanda. De esta forma, dados los efectos de la inflación sobre el tipo de cambio real, se ha intentado sostener la competitividad de las firmas.

No obstante, sobre lo dicho anteriormente hay que aclarar que no todas las ramas productivas y empresas instaladas en nuestro país presentan niveles de productividad alejados de los estándares internacionales. Por lo tanto, el monto de subsidios requerido varía según las características propias de cada emprendimiento productivo –entre las cuales se destacan, la escala de producción y la característica propia de los bienes producidos-, al punto tal que algunas ni siquiera los necesitan para seguir siendo competitivas. En este marco, queda claro que la medida anunciada va en el sentido correcto, en tanto apunta a distinguir entre quienes realmente los requieren y quienes no.

Sin embargo, consideramos que es un paso que queda a mitad de camino si se pretende desarrollar una verdadera política industrial. Para ello, se debería establecer una serie de objetivos -por ejemplo, niveles de producción, productividad, exportaciones y/o inversión- para quienes necesiten las compensaciones, cuya continuidad dependerá, a su vez, de la consecución de dichos fines. De esta forma, se podría esperar que en un futuro no dependan de la existencia de subsidios para competir en el mercado. Sin la introducción de mayores cambios, las modificaciones anunciadas no parecerían tener un objetivo mayor que la mera reducción del gasto. En este mismo sentido, consideramos que la decisión de dejar de subsidiar a determinadas empresas también debería ser complementada con propuestas respecto al uso que se le dará al dinero ahorrado por la reducción de las erogaciones estatales.