¿Quieren matar al presidente? Tarifazo, protestas, Corte Suprema y elucubraciones de Pato Bullrich

Por Carina López Monja@Carinalopezm

La semana más difícil de gobierno finalizó con un “timbreo” planificado con un operativo de máxima seguridad. ¿Fue derrota para Macri la decisión de la Corte Suprema? Ya hay ríos de tinta a favor y en contra, pero fue un golpe que Macri no esperaba. Mientras tanto, se profundiza la doctrina de seguridad represiva con Bullrich a la cabeza.

El relato M busca demostrar que la decisión de los Supremos de anular el tarifazo no fue una derrota. Rápidamente se elaboró una estrategia comunicacional y aparecieron Aranguren, Marcos Peña y Garavano a mostrarse “respetuosos” de la decisión judicial. “Ni vencedores ni vencidos”, auguró en las páginas dominicales Joaquín Morales Solá y desestimó que la decisión de la Corte haya sido una derrota. Otros analistas y hasta parte del progresismo y la izquierda plantearon que, en última instancia, la decisión podía ser funcional a los intereses del Ejecutivo.

Lo cierto es que ni los múltiples operadores macristas, ni los poderosos aparatos de inteligencia, ni los más sagaces periodistas previeron la decisión unánime de los cuatro miembros de la Corte. La acordada no es más ni menos que un volver a empezar. No cuestiona que el Ejecutivo es quien fija las tarifas (nadie lo iba a hacer) y reclama audiencias. Pide razonabilidad y habla de derechos. No es revolucionario, pero es más de lo que muchos esperaban. Hoy, con audiencia fijada para el 12 de septiembre, sin ser vinculante, el gobierno tendrá que escuchar a quienes no escuchó en los ruidazos que se multiplicaron en todo el territorio nacional.

Hablando de protestas

Tal como se consignó en la semana que pasó en Marcha, ante el crecimiento de políticas que perjudican a los sectores populares, aumentan las protestas y se intensifican las medidas represivas para disciplinar la protesta social.

Las imágenes de la policía golpeando a los jubilados y jubiladas que reclamaban en el Puente Pueyrredón se expandieron rápidamente e indignó a millones. Sin embargo, días antes habían reprimido a cientos de quinteros en la zona de Parque Pereyra y detenido a menores de edad luego de dispararle balas de goma. La represión selectiva, la aplicación del Protocolo Antipiquete en algunas protestas muestra que la decisión del Ministerio de Seguridad sobre las manifestaciones no ha cambiado, sino que aguarda su oportunidad para ejecutarse.

La novedad, acaso, sea la doctrina de seguridad represiva que encabeza Patricia Bullrich y que entra en contradicción con otros sectores dentro del gobierno. Los llamados “incidentes” de Mar del Plata, con versiones gubernamentales cruzadas no deben pasar desapercibidos. Mientras el grupo Clarín y la ministra Bullrich hablan de atentado al presidente Macri y preparan el blindaje total del presidente (auto blindado, medios de comunicación y posibilidad de manifestaciones ciudadanas blindadas), el propio Jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi (acusado además de violencia de género) desmiente la versión de Macri y Bullrich y asegura que no se arrojaron piedras al auto presidencial.

Lo cierto es que “incidentes, amenazas y violencia hacia el presidente” garpan. A posteriori, siempre se puede ejecutar un plan de seguridad hermético, cerrar toda la ciudad cuando Macri se dirige a ella y preparar una escena limpia (sin protestas, sin carteles de denuncia, sin cánticos).

Nadie parece recordar hoy el papelón de la Ministra Bullrich, titulado de esa forma en el diario Ámbito Financiero, cuando, en ocasión del festejo del 25 de mayo, valló, blindó e impidió la entrada –hasta de los periodistas a la Plaza de Mayo–, en pos de “garantizar la seguridad presidencial”. El miedo de la Ministra es que unos hombres en Belgrano con bombas molotov, presuntamente vinculados al acampe que se realizaba a metros de la Catedral por parte de miles de trabajadores y trabajadoras cooperativistas, atentaran contra el presidente. Los hombres con molotov eran quemacoches, nada tenían que ver con el reclamo por aumento salarial que hacían miles de personas, pero la conclusión de la jornada fueron las sospechas al reclamo y el blindaje de la Plaza, una plaza “militarizada” tal como consignó La Nación al día siguiente. El mismo diario dijo que Macri estaba preocupado porque “existía información de que Quebracho y grupos de izquierda podían generar disturbios”.

El intento de criminalizar las protestas y movilizaciones con reclamos justos y legítimos asociándolos a grupos que quieran atacar al presidente es un elemento grave que recuerda a otras etapas de nuestro país. En palabras de Pato, “Queremos siempre el diálogo y la paz. Ahora, cada vez que hacemos un acto donde esté el Presidente aparece un grupo que pretende imponerse y provocar, y no lo vamos a permitir”.

A la represión de la protesta, hay que sumarle la judicialización y criminalización de distintos sectores. Por dar sólo algunos ejemplos, la última semana Héctor Cáceres, uno de los delegados de la línea 60, tuvo que declarar en una causa acusado por “amenazas” en el marco de una medida de no cobro de boletos; la justicia le ordenó pagar al Sindicato azucarero de Ledesma una multa millonaria en aplicación del Código Contravencional que prohíbe el derecho a la protesta y han imputado a referentes del Frente Popular Darío Santillán de Alto Valle por movilizarse a la municipalidad.

Cambiemos ferozmente todo lo que se nos permita

Mientras se discuten los tarifazos y avanza la política represiva, el gobierno avanza sobre luchas y conquistas en las que la población argentina dijo Nunca Más. La Justicia federal de La Plata le concedió arresto domiciliario en dos causas a quien fue la mano derecha de Ramón Camps, el jefe de la Bonaerense durante el terrorismo de Estado. El hecho de que Miguel Etchecolatz pueda cumplir prisión en su casa, es sumamente grave porque sienta precedente para el resto de los acusados de delitos de lesa humanidad que tengan más de 70 años y se complementa con las declaraciones presidenciales de desconocer la cantidad de desaparecidos que hubo en Argentina durante la última dictadura cívico militar y referirse al terrorismo de Estado como “guerra sucia”.

Envalentonado por las palabras del propio Macri, uno de los 42 imputados en el Megajuicio La Perla Campo de la Rivera, Héctor Pedro Vergez alias “Vargas” o “Gastón”, quien en estos últimos años aparecía como extraviado psíquico, dijo en la última audiencia “No somos terroristas de Estado ni somos genocidas, sino que los terroristas de estado son los que asolaron al país desde el 73 al 76. Nosotros peleamos legalmente en una guerra”.

El fallo se conocerá el jueves en Córdoba en donde por primera vez la sentencia se va a pronunciar sobre el terrorismo de Estado con anterioridad al golpe de 1976 y se referirá al robo de niños en Córdoba. Ese día, al igual que el décimo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López serán cita importante de todo el movimiento popular para volver a decir Nunca Más.

Desde abajo…

La falta de acciones callejeras unitarias que pongan en jaque a Macri y las innumerables movilizaciones sectoriales son un hecho que hoy sigue favoreciendo al gobierno. Las multitudinaria movilizaciones del agosto, que incluyeron una marcha de Puente Pueyrredón al Obelisco, la caravana por la Dignidad de San Cayetano a Plaza de Mayo, la movilización del sindicalismo combativo y el paro y marcha de los trabajadores estatales, sumado a los dos ruidazos contra la suba de tarifas, son antecedente importante para marcar el rechazo popular a las políticas que viene impulsando Cambiemos.

Está por verse si la unificación de las CGTs hoy, los diálogos entre las CTA y la necesidad de unidad en la acción tienen consecuencias concretas, si hay capacidad de aunar fuerzas para resistir las medidas regresivas del PRO o si parte de la dirigencia política, social y sindical sigue jugando su propio juego y prioriza dirimir sus debates en la arena institucional. En el ínterin millones darán pelea por sus derechos.

El blindaje macrista tiene grietas, los errores son frecuentes y las posibilidades existen. La protesta, equiparada a “desestabilización y amenaza” no son gratuitas. La correlación de fuerzas no es un juego de ajedrez ni se define con una bola de cristal. Es una pelea por nuestro futuro. Por el de todos y todas.