En la ‘cumbre informal’ de la Unión Europea del miércoles, los presidentes de los 27 países decidieron dejar a un costado sus caretas protocolares para discutir posiciones y dejar en claro las relaciones de fuerza internas ante la crisis.
El calificativo ‘informal’ de la cumbre que los presidentes de los 27 países de la Unión Europea llevaron adelante el miércoles pasado en Bruselas, no responde sólo a la falta de protocolos oficiales. Parece que la informalidad incitó a los mandatarios a aclarar sus reales posiciones tras la reconfiguración política que ocasionó la llegada de Francoise Hollande al poder en Francia, y la posibilidad de una salida de Grecia de la Zona Euro. Algo que, evidentemente, era esperado y necesario para aclarar el panorama y sentar las bases para el trabajo mancomunado. Aunque fuera ‘informal’ y, por ende, no resolutiva, los mandatarios dieron instrucciones al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, de preparar un borrador de los frágiles consensos establecidos -dedicado a la “profundización de la unión monetaria” según la canciller alemana Angela Merkel- que será presentado en la cumbre -formal- del próximo 28 de junio.
El encuentro se llevó adelante en un momento de incertidumbre, con el sistema bancario español al borde del colapso, Grecia virtualmente acéfala, la tasa de desempleo más alta de la historia de la UE y la aparición de dos grandes ‘bandos’ políticos en disputa: los partidarios del ‘crecimiento’, con Hollande a la cabeza, y los del ajuste al mando de Angela Merkel. Allí se aclaró que nada está claro.
Las principales controversias pasaron por la implementación de los ‘Eurobonos’, es decir una forma de deuda mutualizada entre los países miembros que les permitiría emitir papeles respaldados por el Banco Europeo de Inversiones. En su emisión, no parece haber demasiados problemas. Los conflictos surgen a la hora de establecer los objetivos de su creación.
El temor de Alemania pasa por la posibilidad de que esto representaría para los países financieramente más débiles de acceder a créditos más accesibles, y relajen esfuerzos para reducir sus deudas. Por el otro lado, el bloque representado por Francia y sus aliados -entre los cuales se destacó el premier italiano Mario Monti- que temen que la falta de liquidez de los países endeudados a causa de los intereses usureros de los organismos internacionales (como la Troika para Grecia) le impidan invertir, no sólo para el crecimiento nacional sino para aportar al crecimiento comunitario. Lo más sorprendente, es que todos los países acuerdan en que, de necesitarse, el dinero está o se puede generar. El problema es cómo se invierte.
Una disputa que no conoce fronteras políticas. Conservadores, socialdemócratas, técnicos y liberales se posicionaron de un lado o del otro sin una diferenciación clara. Y el otro dato relevante es que, ahora, Francia tiene la banca de la mayoría. Esto, más allá de no volcarse a tratados o resoluciones concretas, representa un verdadero cambio en las relaciones de fuerza dentro de la cúpula dirigencial europea, algo que en las calles de Atenas y Madrid podría sonar como la premonición de un futuro -un poco- menos brutal. Si bien la izquierda y los movimientos sociales y sindicales no parecen tener ninguna esperanza de resolución de la situación en los países más afectados por la debacle, el protagonismo francés abriría una posibilidad para frenar el desguace social promovido por el partido del ajuste. Si para el Banco Federal Alemán, una quiebra griega representaría una forma de “acabar con esta historia”, Hollande apunta a fortalecer su nuevo liderazgo continental aún a través de algún guiño de progresismo que aliviane los sufrimientos en Atenas. Esto se deja entrever en las conclusiones del encuentro del miércoles, donde los mandatarios acordaron actuar “de modo que se movilicen los fondos europeos y todos los medios para situar a Grecia en la senda del crecimiento y de la creación de empleo”.
Mientras tanto, el mismo miércoles el parlamento europeo aprobó el proyecto para la creación de la Tasa Tobin, por 487 votos a favor, 152 en contra y 46 abstenciones. A través de esta nueva ley, se podrán recaudar impuestos sobre las transacciones financieras, del orden del 0,1% para las acciones y las obligaciones y una del 0,01% para el resto de los productos financieros. De aplicarse en los 27 países -cada parlamento debe ratificarla- la Comisión Europea calcula que se podrían recaudar unos 57.000 millones de euros anuales para fondos de inversión comunitarios. Sin embargo, se trata de un proyecto muy diferente al que proponía en los ’90 Ignacio Ramonet, que preveía saldar las deudas de los países del sur del mundo a través de esta tasa. El mundo financiero europeo, verdadero motor de su economía y sus crisis, no permitiría tal desperdicio de fondos.