Territorios Saludables: Cuando la comunidad es la respuesta

Entrevista a Jesica Venturi abogada en la Causa del Triple Crimen en Rosario e integrante del espacio Territorios Saludables en el marco del Especial: ¿Quién defiende a lxs defensorxs?


Por Redacción Marcha

El Triple Crimen que se llevo la vida de Jere, Momo y Patón en Rosario, logró visibilizar en el país la situación que cientos de pibes y pibas viven día a día en los barrios rosarinos. Ocho años después de este suceso, ¿ves algún cambio en esa cotidianeidad? ¿Qué implicancia tuvo ese crimen en la historia de Rosario y la lucha contra la violencia institucional?

Para situar un poco, en el 2012, cuando asesinaron a nuestros compañeros, las cifras de asesinatos crecía en Rosario (llegó a su punto más alto en el 2013), la violencia de las bandas (ligada a la venta de drogas) ganaba las calles de las barriadas, siempre con participación o complicidad policial. La circulación ilegal de las armas de fuego, también alarmaba. La justicia no investigaba, las causas se archivaban bajo el rótulo “ajustes de cuentas”, por falta de pruebas, etc. En los medios masivos de comunicación solo aparecían estos hechos en la sección de policiales y casi siempre el relato se construía en base a la versión policial.

Hoy, tras 8 años del inicio de aquella lucha por justicia, podemos decir que:

●Logramos visibilizar la situación que se vivía en los barrios y poner esta problemática en la agenda política y mediática

● Logramos que los trabajadores y trabajadoras de prensa desnaturalizaran esa dinámica o lógica de trabajo y empezaran a escuchar a las familias, a las organizaciones sociales.
● También logramos individualizar a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros (y de la violencia que sufrieron otros vecinos y vecinas y el barrio entero), pudimos llevarlos a juicio donde fueron condenados.

Sostuvimos una lucha ininterrumpida de 35 meses. Esto fue un punto de inflexión, las y los familiares vieron que con lucha y organización podían exigir justicia. En ese punto la lucha por justicia del triple crimen demostró que había que hacerse escuchar, rechazando la posibilidad de hacer justicia por mano propia (porque eso solo nos hubiese llevado a un espiral de violencia), exigiéndole a los poderes del estado (en especial al poder judicial) que hagan su trabajo. Y con el tiempo también los familiares se fueron encontrando, organizando, y pariendo espacios de lucha colectiva como es la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

Al pensar la actualidad, tenemos que arrancar diciendo que hace poco mas de un mes, nuevamente nos golpea la violencia con el asesinato de Eduardo Trasante, un compañero de lucha de tantos años, una figura muy relevante que acompañó a centenares de familiares de victimas, un ex concejal. El hecho está en investigación, desde el barrio no conocemos la causa, por lo que preferimos, al menos por el momento, no profundizar en este hecho. Sin embargo, si analizamos la realidad de los últimos años en los barrios rosarinos debemos señalar que notamos un mayor desarrollo de las estructuras delictivas, con dinámicas distintas a las del 2012 y nuevos actores que van apareciendo. La policía sigue metida en todas: drogas, armas, juego clandestino. Estamos convencidas/os que en estos años, en todos estos años, no se atacaron esas estructuras, sino al contrario, se permitió que se desarrollaran, que construyeran más poder y eso solo se logra con complicidades políticas y judiciales.

La crisis económica, social, que viene pegando desde hace algún tiempo, profundizada por la pandemia, empuja a la pibada hacia las “posibilidades” o “trabajos” que ofrecen las economías delictivas. El producto, las ganancias reales del negocio, de los negocios de estas estructuras, jamás queda en las barriadas, se lavan en otro lado, otros son los beneficiarios.
Lo que deja en el barrio es más violencia, mas roces, broncas, disputas, pibes que mientras más comprometidos están con esas estructuras se sienten protegidos, bancados y pretenden instalar el miedo. La mayor parte de los muertos, de los tira tiros y sicarios siguen siendo de las barriadas populares. Entonces, si bien logramos muchas cosas con la lucha por justicia, el fondo no cambió, en términos generales la realidad de la pibada en los barrios rosarinos sigue siendo la misma, a pesar del enorme trabajo que seguimos haciendo las organizaciones populares para transformarla.

¿Qué implica el trabajo territorial que desarrollan? ¿Cómo intervienen en territorios a veces dominados por las lógicas del narcotráfico y la violencia policial?

Nuestro trabajo como movimiento arrancó en Moreno en el 2010, y sin dudas a partir del asesinato de los pibes, nuestro trabajo se profundizó. La lucha por Justicia emprendida aquel 1ro de enero de 2012, comprendía el objetivo de individualizar y condenar a los responsables del asesinato de nuestros compañeros, pero también lo excedía. Desde el barrio motorizamos la lucha poniendo al descubierto la soledad en la que trabajamos y construimos desde los barrios populares.

Por eso lo primero que planteamos fue la necesidad que el Estado llegue al territorio, que el Estado empodere esta organización popular que trabajaba todos los días acompañando a las familias, a las víctimas y testigos del triple crimen. Así logramos acordar con el Gobierno Nacional que se abriera el Centro de Acceso a la Justicia, CAJ, en febrero de 2012. El carácter militante de quienes constituimos el equipo de trabajo, hizo que rápidamente el CAJ construyera una gran referencia, no sólo en Moreno, sino en muchos barrios más, pero cuando asume Macri decide cerrar el CAJ (y despedirnos a quienes trabajábamos ahí) en marzo de 2016.

Desde el barrio emprendimos una lucha por la reapertura del CAJ, que pudimos sostener 6 meses (marzo/septiembre de 2016). No nos escuchó ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Si bien el cierre de este espacio fue un golpe tremendo, definimos resistir al avance neoliberal y sostenerlo desde el trabajo militante y la autogestión, así nació
la Oficina de Empoderamiento Comunitario:

● Un lugar de acceso a derechos, donde el protagonismo de quienes viven en el barrio es imprescindible, y se trabaja desde una perspectiva feminista.
● La Oficina funciona dentro de la Central de Cuidados Colectivos en barrio Moreno, pero está en movimiento permanente y es una gran referencia para otros barrios también.
● Es un espacio que aporta conocimientos, socializa herramientas, que acompaña a las vecinas, vecinos y a la comunidad en general en el arduo camino de acceder a los derechos.

Desde la Oficina de Empoderamiento Comunitario ejercemos una especie de mediación, entre el Estado – con sus políticas públicas pero absolutamente alejado de la realidad- y el territorio. Se posibilita el acceso a derechos colectivos e individuales. A grandes rasgos podemos decir que trabajamos ante problemáticas barriales (de acceso a servicios, infraestructura, etc), con dificultades en el acceso a la justicia (alimentos, detenciones, cuestiones laborales), aportando en todos los trámites administrativos necesarios (Anses, DNI, cv), en situaciones de violencias (de todo tipo), en el acceso a derechos de personas con discapacidad, en aspectos de salud integral (dificultades en conseguir turnos con profesionales, ILE/ salud sexual y reproductiva, consumos problemáticos, salud mental), entre otras cuestiones.

Para nosotrxs esta nueva etapa que se abre con la pandemia/pos pandemia, deben pensarse nuevas institucionalidades, y este es un ejemplo, por eso estamos retomando conversaciones con funcionarios/as para avanzar en este sentido; para que el Estado reconozca que cuando se fue del territorio, otras/otros estuvimos. Ya no queremos aplausos, queremos que se
reconozca el trabajo, que el trabajo popular es esencial (lo sabíamos desde antes pero la pandemia lo dejó más claro aún) necesitamos el reconocimiento institucional y laboral de lo que venimos desarrollando. Como decía, la lucha por justicia nos transformó y pudimos seguir transformando la realidad, construyendo comunidad. En territorios dominados por las lógicas del narcotráfico, es fundamental el trabajo con las infancias y juventudes. Por eso en la Central de Cuidados Colectivos (donde funciona la oficina) también funcionan sus propios espacios.

En el espacio, las juventudes se juntan, se encuentran, buscan otras salidas, salidas colectivas. Buscan caminos que tengan que ver con la proyección de vida, con referencias dentro del territorio (referencias que son esencialmente opuestas a las referencias violentas de las bandas), juventudes que aportan en la construcción de la comunidad teniéndolos también a ellos y ellas como protagonistas. Entendemos que un un pibx vinculada a estos espacios es un pibx que encuentra y se encuentra con otrxs mas allá y mas acá de la violencia cotidiana que lo atraviesa.

El espacio de infancias arrancó en el 2012, cuando nos encontramos con niñas y niños que jugaban a levantar vainas y pintaban caras de jóvenes asesinados, cuando desde el barrio entendimos que era una prioridad abrir espacios donde lxs “niñxs puedan ser niñxs, donde puedan jugar, soñar, y vincularse de modos mas amorosos. Hoy la colonia de vacaciones reúne 200 niñas y niños durante las vacaciones, este espacio permitió con los años ir
rompiendo límites territoriales que existian y un espacio que se proyecta mucho mas allá de las vacaciones.

¿Cuál es el horizonte de Territorios Saludables?
Buscamos prefigurar políticas de cuidados, acceso a derechos y salud colectiva e integral, en clave feminista. Se trata de construir comunidad e inaugurar nuevas institucionales. Nuestra apuesta fue, y es, poner el barrio (los barrios) en movimiento, buscando ampliar los protagonismos, analizando las problemáticas de cada territorio y los recursos que existen en cada lugar, definiendo colectivamente como abordarlas, y tejiendo las redes necesarias; adoptando diversas estrategias pero siempre desde una mirada integral, territorial, feminista y popular. Sabemos que en el país hay muchísimas experiencias en ese sentido; que ya no pueden ser invisibilizadas, y la Pandemia lo dejó más claro aún, evidenciando las
desigualdades pero también las respuestas rápidas desde la organización territorial y la proximidad. Lo que salva es la comunidad, pero no debemos caer en romantizar las tareas. Es urgente que estos trabajos de la economía popular, sean reconocidos, retribuidos y deben fortalecerse con nuevas políticas públicas; deben incorporarse a la agenda política.

Ya han pasado 6 meses del comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y día a día han aparecido más casos de gatillo fácil en varias provincias, ¿han visto un aumento de la violencia policial en los barrios donde intervienen?

Definitivamente durante el aislamiento, y especialmente los primeros meses, vivimos un incremento de la violencia policial. No tenemos datos duros sobre esto (no hemos hecho ese trabajo de registro) seguramente lxs compañerxs de la Multisectorial contra la violencia institucional puedan dar precisión pero sí podemos afirmar que se repiten los hechos relatados de maltratos, golpes, y detenciones violentas.