Audiencia por desalojo de Tiempo Argentino: “Los dueños son inflexibles”

Por Irupé López / Fotos por Rolando Andrade Stracuzzi

A pesar de la audiencia en tribunales, los dueños del inmueble donde funcionan Radio América y Tiempo Argentino solicitaron a la Justicia el “desalojo anticipado” de las instalaciones.

Ubicadas en Amenábar 23, en la Ciudad de Buenos Aires, las instalaciones de la cooperativa Por más Tiempo, que edita a puro esfuerzo el diario cada domingo pretenden ser desalojadas por sus dueños. La medida fue requerida tras cuatro horas de audiencia en los tribunales porteños, en la que participaron representantes de las y los trabajadores junto con los respectivos abogados. La resolución depende del Juzgado Nacional Civil N°3, a cargo de Eduardo Cecinini. “Nosotros mostramos voluntad de diálogo y la intención de llegar a un acuerdo”, manifestó Javier Borelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, a las y los compañeros que aguardaron -banderas y mates en mano- durante toda la fría mañana en las escalinatas del Palacio Judicial.

El aviso de desalojo llegó hace unas semanas al edificio donde trabajadores y trabajadoras mantienen una permanencia pacífica en custodia de las herramientas de trabajo desde febrero de este año, luego de haber sufrido el vaciamiento y abandono de las respectivas empresas por parte de Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y asociados.

Las delegadas, delegados, representantes de la cooperativa y los abogados se presentaron a la cita, en Talcahuano 550, las 9.30 de la mañana del lunes en compañía del resto de los trabajadores que esperaron los resultados del encuentro con los dueños del inmueble, el grupo inversor SFP SA, de origen suizo, cuyos titulares son Hans Peter Albert Bauer y William Joseph Bateman. Mientras, quienes se quedaron afuera, sortearon con mates la fría mañana que el sol se animó a calentar durante algunos minutos, y desde las banderas que desplegaron reclamaron “No al desalojo” de la redacción y del estudio de radio.

En la reunión, las y los trabajadores ofrecieron hacerse cargo de inmueble por un plazo de seis meses abonando un alquiler “razonable” hasta tanto pudieran encontrar otro espacio donde seguir funcionando y, sobre todo, mantener sus fuentes laborales. Sin embargo, desde SFP3 SA propusieron otorgarles un plazo de 45 días y, luego, comenzar a facturarles un alquiler mensual de 150 mil pesos con la posibilidad de prorrogar el acuerdo por tres meses como máximo.

Según consta en el contrato de alquiler firmado con Szpolski, Balbruk SA –anterior editora del diario Tiempo Argentino- pagaba 16 mil dólares por mes por las instalaciones. “Son tasaciones que están por fuera de lo que determina el mercado inmobiliario”, marcó Pablo Godoy, abogado de la cooperativa ante Marcha. De hecho, ante la consulta de los trabajadores, tres martilleros diferentes verificaron que el monto no debe superar los 100 mil pesos.

Eran pasadas las 13, la reunión había terminado. El sol se había escondido detrás de los edificios y soplaba un poco de viento frío. “Los dueños son inflexibles”, dijo con gesto de resignación Daniela Gisbert, delegada de América. “Ante la imposibilidad de negociar decidieron pedir el desalojo anticipado”, completó Alfonso Villalobos, representante sindical de Tiempo, para dar cuenta de la postura inamovible de los empresarios.

“Hay que dejar en claro que estos dueños no quisieron otorgar ningún plazo a los trabajadores, mientras que no tuvieron ningún problema con la deuda de un año que les dejó Szpolski”, señaló Godoy.

“El juez comprendió que son los trabajadores quienes están pidiendo que no les saquen su espacio de trabajo, pero mantuvo su lugar de mediador”, comentó Luciana Martín, también abogada de la cooperativa. Además, especificó que aunque no hay plazos para que la Justicia se expida, es posible que en una semana haya novedades al respecto.

Por su parte, las y los trabajadores pidieron convocar al Ministerio de Trabajo nacional para que interceda de algún modo: para colaborar con el dinero necesario para mantener el espacio o para evaluar alguna otra alternativa para seguir funcionando. En el mismo sentido, reclamaron la presencia del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), aunque esto último no quedó asentado en las actas.

Cabe recordar que el conflicto comenzó a fines de 2015, cuando la patronal del Grupo 23 dejó de pagar los salarios de unas 800 personas que se desempeñaban en los distintos medios de comunicación que manejaban. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa y de la cartera laboral, las y los trabajadores de Tiempo decidieron conformar la cooperativa Por Más Tiempo, ahora editora del semanario dominical.

Entre tanto, mientras diseñan el Tiempo Argentino del próximo domingo y producen los programas a emitir desde la web de Radio América, realizarán asambleas para resolver los pasos a seguir de cara al conflicto que hace ya seis meses los congeló en un limbo, sin salarios, sin haber sido despedidos, sin ser oídos, pero que los mantiene unidos para defender su derecho al trabajo.

Un intruso en Radio América

Durante el fin de semana el empresario Mariano Martínez Rojas -quien desde enero se adjudica la titularidad de la radio y de Tiempo- decidió tomar la planta transmisora de la radio ubicada en Villa Soldati y cortar la señal desde donde las y los trabajadores emitían sus programas producidos de manera autogestiva. Se trata de un “delito federal y que fue llevado adelante con matones armados por el ilegítimo dueño de la AM 1190”, denunciaron las y los trabajadores.

Aunque fue el mismo Sergio Szpolski quien en su momento informó sobre el pase de las dos empresas a manos de Martínez Rojas, el empresario correntino aún no ha podido demostrar solvencia para gestionar la licencia radiofónica AM. “El Enacom dio 72 horas para que presente los papeles que corresponden, sino lo hace interviene con los trabajadores a dentro. Eso último es la buena noticia”, informó Daniela Gisbert, delegada de la radio.

La denuncia realizada, que ahora sólo están saliendo al aire vía streaming por internet, recayó en el juzgado N° 10 a cargo del juez Julián Ercolini y es por “intrusión, daño y corte de transmisión”.