El Programa de Educación Sexual Integral en el papel y en su efectiva aplicación. Un informe del Consorcio Nacional sobre Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS) revela los límites y potencialidades de esta política.
Hace algunas semanas, el Consorcio Nacional sobre Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS) publicó un documento que aborda la situación actual sobre la implementación de las políticas públicas en materia de Salud Sexual y Reproductiva. En él salen a la luz los límites concretos que tiene el alcance de una legislación y reglamentación que en la letra es sumamente progresiva en materia de derechos educativos y de salud sexual integral.
El informe -elaborado sobre datos del año 2011- trabaja sobre cuatro ejes que remiten a diferentes estrategias en materias de salud pública: acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción quirúrgica, educación sexual integral y aborto.
El CONDERS está compuesto por distintas organizaciones no gubernamentales y tiene como uno de sus objetivos “realizar y promover actividades de control ciudadano sobre las políticas públicas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional, provincial y local, con la perspectiva de generar conciencia sobre la aplicación efectiva de los programas de salud sexual”.
¿Educación sexual para decidir?
No fue sino en los últimos diez años, y luego de la exigencia por parte del movimiento de mujeres y feminista, que el Estado comenzó un camino de reconocimiento de la necesidad de promover la educación sexual e incorporarla al sistema educativo. En el año 2002 se sancionó la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que estableció la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional. En 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), que tiene a su cargo la implementación de la ley. Tres años después, en 2006, se sancionó la Ley 26.150, que estableció el derecho de todos los y las educandos a recibir educación sexual integral y creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Este programa comenzó a funcionar en agosto de 2008.
Estas leyes, con sus respectivos programas de aplicación, no tardaron en recibir críticas y rechazo por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, por su enfoque progresista y su mirada integral de la salud sexual de las personas. Integral en materia de difusión de los derechos de las personas, y también porque supera la idea de que la heterosexualidad es la única forma válida y aceptable de vivir la sexualidad, apostando a una educación que tenga incorporada la diversidad como núcleo formativo.
En principio, los lineamientos curriculares del ESI comprenden desde la educación inicial hasta la universidad, abarcando (en su texto) al 100% de las instituciones públicas. Actualmente, sólo el 4% de las y los docentes en todo el país han recibido la información y capacitación necesaria para llevar adelante la tarea de integrar la educación sexual a los diálogos en el aula. Hasta el día de hoy, sólo en 7 de las 24 provincias de la Argentina se aplica, con ciertos límites, este programa. El caso más extremo es la provincia de Salta, que no sólo no aplica el ESI, sino que además agregó la educación católica a su currícula obligatoria en todas las escuelas. Esta decisión provincial (que es posible a través del sistema federal de organización estatal) no sólo va en contra de los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Sexual, también es opuesta a la afirmación del “libre culto” declarada en la Constitución Nacional Argentina.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de pensar la aplicación de este programa es la cuestión presupuestaria. Ejemplo de esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en el año 2010 “ejecutó únicamente el 0,1% del presupuesto asignado para educación sexual y ha capacitado sólo a 2000 docentes de los más de 55.000 que se desempeñan en la ciudad”, según afirma el informe antes citado.
Por otro lado, algunas provincias sí adhirieron a la Ley Nacional, ellas son: La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero y Mendoza. Si bien no todas estas provincias elaboraron aún su reglamentación propia al respecto, toman en cuenta los materiales y lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación. Su contracara se visibiliza, por ejemplo, en Santiago del Estero, donde al momento de elaboración del informe existía una sola persona trabajando en el programa provincial de Educación Sexual integral.
Los avances de la última década en este plano no son para nada despreciables, en cuanto a la incorporación a la legislación de la educación sexual, como en su contenido plural e integral. Pero sin duda, su limitado alcance está relacionado con la falta de voluntad política en su aplicación, y con los escollos que implica, en este caso, la feudalización de las políticas públicas.