Por María Paula García. El Congreso aprobó las reformas de la ley de trata de personas en una votación unánime de la que participaron 224 diputados de la mayoría de los bloques.
Luego de cuatro años de mirar para otro lado, finalmente el Congreso de la Nación aprobó en sesiones extraordinarias las modificaciones a la Ley de Trata de Personas. El proyecto había perdido estado parlamentario, ya que no llegó a tratarse porque en el bloque oficialista no había acuerdo en las modificaciones que debían introducirse. Pero el vergonzoso fallo en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón, la ola de indignación que se suscitó, y fundamentalmente la orden de la presidenta Cristina Fernández, cambiaron todo. En tiempo record parece haberse creado consenso y finalmente las modificaciones se realizaron, y casi sin debate. La misma Carmen Storani (UCR) afirmó que a pesar de las observaciones de la oposición, “no vamos a debatir ahora porque no queremos obstruir la votación”. Lo cual demuestra que cuando desde arriba hay decisión política las leyes se votan.
Los elementos más importantes introducidos son esencialmente tres: en primer lugar se elimina la necesidad de que las víctimas mayores de 18 años tengan que probar que no prestaron consentimiento para estar en condición de esclavitud; en segundo lugar, se refuerza la protección de los derechos de las víctimas; y en tercer lugar se endurecen las penas para los responsables del delito. En este sentido, se amplían figuras como la del rufianismo, se incorporan agravantes y se convierte el delito de trata en un delito no excarcelable.
Más allá de todo lo que ha tenido que pasar para que los legisladores y legisladoras se dignen a modificar una ley, tiempo en el cual han desoído a familiares de desaparecidas, a las propias víctimas que han podido escapar del horror y a diversos movimientos sociales y de mujeres que han aportado pruebas e investigaciones acerca del accionar de las redes de trata, oportunismos e hipocresías mediante, la reforma es auspiciosa y era necesaria.
Pero sabemos que las leyes son herramientas, y que en sí mismas no son suficientes. Deben ser acompañadas de otras decisiones políticas y al mismo tiempo de políticas públicas. Y si de lo que hablamos es de la trata de personas, de la cual alrededor del 90% es trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, nos surge inmediatamente el interrogante de si realmente existirán las decisiones necesarias para desmantelar las redes.
Desmantelar las redes requiere ir contra la industria de la explotación sexual
Desde que el tema de las desaparecidas por las redes de explotación sexual comenzó a salir a la luz han sido denodados los esfuerzos de infinidad de personas para separar la trata de la prostitución. Y si bien es cierto que no son lo mismo, es necesario afirmar una vez más que tienen un origen común: la concepción según la cual una mujer es un objeto al servicio del varón, un cuerpo que puede ser ocupado, invadido, comprado, alquilado, dado en consignación y finalmente descartado.
De esta manera no es posible separar trata y prostitución por sus raíces, pero mucho menos es posible hacerlo en la actualidad, donde el capitalismo ha hecho de la conjunción de estos elementos un fenómeno muy complejo. Hoy asistimos a una verdadera industria de la explotación sexual, con herramientas tan poderosas como para estimular el consumo de mujeres y niñas cual mercancías y alimentar un círculo vicioso donde la demanda de los clientes incide en la “mercadería” que debe conseguirse.
La trata de mujeres y la prostitución son muy antiguas. Pero la dinámica que ha cobrado el negocio de la trata de mujeres y niñas en las últimas décadas, en segundo lugar luego del tráfico de drogas, ha modificado la estructura prostibularia existente en nuestro país.
Si bien los prostíbulos siguen existiendo y continúan siendo regenteados por sus dueños, las mujeres han pasado a ser regenteadas por las mafias que operan para las redes. Hoy se abre un prostíbulo, previo acuerdo con la intendencia y la comisaría, y a las mujeres las bajan de los camiones. Lisa y llanamente. Sin pagar comisiones a ningún chulo o marido. Y encima las van rotando o desplazando según la demanda de la zona.
Y la demanda es tanta y sobre determinadas características que es necesario recurrir al engaño o directamente al secuestro para poder responder. Hoy es la trata de mujeres y niñas la que frente a la gran demanda del mercado del sexo abastece todas las formas de la industria: los prostíbulos, la prostitución callejera y de acompañantes, los clubes de strippers, la pornografía, la prostitución para las bases militares y el turismo sexual, entre otras cosas.
Lo que para algunas personas es un delito y una grave violación a los derechos humanos, para otras es una oportunidad de negocios cuyas ganancias pueden llegar a cotizar en bolsa. En Argentina hace rato que operan redes con ramificaciones internacionales, que han hecho cambiar al territorio de un lugar de tránsito a lugar de origen y destino. Y también hace rato que la industria de la explotación sexual no deja de crecer ante la vista de todos. Tal es así que son muchas las denuncias e investigaciones ofrecidas acerca de en qué medida la ruta de la trata es la ruta del petróleo, de la soja, del turismo carretera, de los eventos deportivos internacionales, y de todo acontecimiento donde hay movimiento económico.
Para prevenir la trata se necesitan políticas públicas de fondo
Es necesario tocar de raíz la industria de la explotación sexual en serio y también, tal como venimos afirmando en artículos anteriores, terminar con la complicidad tanto de los clientes como de los funcionarios, jueces, fuerzas de seguridad, con sus prejuicios misóginos y machistas. Pero también es imperiosa al mismo tiempo la prevención.
La mutación del negocio de la trata ha provocado que los tratantes salgan a secuestrar muchas veces a cierto tipo de mujeres y niñas. Pero la modalidad más común continúa siendo el engaño, en el cual caen mayoritariamente mujeres provenientes de los sectores más empobrecidos y excluidos, aquellas que deben desplazarse de sus lugares por falta de trabajo y se encuentran en una alta situación de vulnerabilidad.
¿Están los funcionarios de turno dispuestos a ir contra de las grandes corporaciones financieras de la industria de la explotación sexual? ¿Está todo el arco político que se aprestó a votar las modificaciones de la ley a diseñar e implementar políticas públicas que erosionen el terreno donde operan las redes? Que se nos permita el beneficio de la duda. Ahora todos juntos se rasgan las vestiduras ante los hechos consumados y las abrumadoras estadísticas. Quizá lo más hipócrita que hemos tenido que ver junto con la votación velocísima de diputados y senadores, han sido a María Eugenia Vidal y Diego Santilli del PRO arrancando papelitos de oferta de prostitución de los teléfonos públicos del centro de la Ciudad. Si esa es la política que nos espera para luchar contra la trata, y solo para hablar de la Ciudad de Buenos Aires, estamos verdaderamente en problemas.
Lo cierto es que mientras los que gobiernan se nieguen a poner en discusión el funcionamiento real de la explotación de mujeres y niñas en todas sus variantes, el número de esclavas seguirá aumentando.
Y sin políticas que apunten a mejorar económica y socialmente la vida de las mujeres, para que todas tengan acceso a trabajo digno, a vivienda y a educación, se seguirá permitiendo que sean presa fácil de tratantes y proxenetas.